Paro patronal a meses de la prohibición del trabajo a pérdidas en el transporte
La plataforma de transportistas que agrupa a autónomos y pequeños empresarios ha convocado un paro patronal desde el 14 de noviembre, que no cuenta con el respaldo de las principales organizaciones empresariales.
Las organizaciones mayoritarias de transportistas representadas, en virtud de sus resultados en las correspondientes elecciones, en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), como CETM o Fenadismer, se han descolgado de este paro.
Los sindicatos de trabajadores, además, han salido al paso para denunciar la tergiversación del lenguaje, ya que no se trata de una “huelga” sino de “cese de actividad” o “paro patronal”. CCOO y UGT han recordado que el paro patronal indefinido carece de cobertura legal para organizar piquetes informativo, y no habilita a los camioneros asalariados a faltar a sus puestos de trabajo.
El sindicato CCOO considera que “no es razonable convertir un problema de incumplimiento de la legalidad por parte de los cargadores en un paro general contra la sociedad española”. En su opinión, los paros convocados son “legítimos pero desproporcionados”, puesto que la ley que prohíbe trabajar a pérdidas contó con el visto bueno de la plataforma convocante y solo tiene dos meses de recorrido.
Por su parte, UGT califica de “irresponsable” someter al resto de transportistas y trabajadores del transporte a un paro patronal, así como condicionar aún más a una sociedad que sufre una crisis económica por la inflación de precios, tensionar las cadenas de suministro y abastecimiento y, en definitiva, “matar moscas a cañonazos”, como pretenden estos pequeños empresarios del transporte.
La Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte ha organizado una protesta ante los incumplimientos de los cargadores para los que trabajan y la pasividad del Ministerio de Transportes.
Los sindicatos, al igual que las principales organizaciones empresariales de transportistas, han pedido que el Ministerio del Interior, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, evite las agresiones y las actuaciones violentas que se vieron en el paro del pasado mes de marzo contra los camioneros empleados.
Para las organizaciones de trabajadores, existen otros muchos problemas en el sector que se deben abordar a través de una mesa social como la atomización, la competencia desleal, los falsos autónomos, la carga y la descarga, el futuro de la profesión, la jubilación anticipada, las enfermedades profesionales, la seguridad vial, el ‘dumping’ social, el fraude salarial o la transición energética.
Acción legislativa y mejora de la inspección
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha afirmado que “el Ministerio ha cumplido todos sus compromisos”, por lo que la situación del sector ha mejorado “muchísimo” en los últimos meses.
No solo se aprobó el real decreto ley en agosto que regula que no puedan trabajar por debajo de costes, sino que se aprobó un nuevo paquete de 450 millones de ayudas directas, que se suman a las ya aprobadas en 2021 y en abril de 2022 como el descuento de 20 céntimos en cada litro de carburante; la prohibición de que los conductores hagan la carga y descarga; la limitación a una hora de los tiempos de espera en las zonas de carga y descarga, el refuerzo de la inspección de transporte o las ayudas al abandono de la profesión.
También ha señalado que “es absolutamente imprescindible que se denuncie para que la Inspección pueda realizar su trabajo e imponer sanciones que pueden llegar hasta los 4.000 euros”, al tiempo que ha añadido que su ministerio prepara un nuevo plan de Inspección para reforzar los existentes.
Redactor jefe de Noticias Obreras
