“Defender lo ganado. Avanzar en derechos”: propuestas sindicales para el #23J
Las dos principales organizaciones sindicales del país reclaman a los partidos políticos que se comprometan a aplicar una serie de propuestas en defensa del interés de los trabajadores, la cohesión social y el cambio de modelo productivo
CCOO y UGT recogen en el documento Defender lo ganado. Avanzar en derechos, dividido en 13 apartados, medidas avaladas por su experiencia en el diálogo social, la negociación colectiva y la evaluación de las políticas puestas en marcha en esta legislatura.
Comienza el texto recordando que las medidas pactadas con los agentes sociales y los acuerdos alcanzados en esta legislatura han supuesto “importantes e irrenunciables avances en derechos sociales y laborales y han contribuido a recuperar en 2023, los niveles del PIB anteriores a la pandemia”.
Estos logros junto con los fondos de recuperación del Next Generation, 140.000 millones de euros hasta 2016, a su juicio, pueden “consolidar nuestra posición como un país con una economía “guiada por la innovación”.
Para UGT y CCOO, el gran reto, pasa por lograr la “creación de valor, fomento de la innovación y aprovechamiento de todas las potencialidades de las personas trabajadoras” lo que, debería servir para “reducir los diferenciales que todavía tenemos con el resto de economías europeas”.
El proyecto de las organizaciones de trabajadores parte de la necesidad de acometer políticas públicas decididas a través de una administración emprendedora con cauces institucionales para el diálogo social y una política fiscal justa y progresiva, comprometida con el desarrollo de una transición justa, verde y digital, que promueva la formación y recualificación de las personas trabajadoras.
Transparencia de los algoritmos
Su apuesta por la industria, la tecnología y la innovación no les impide plantear una cuestión fundamental en la actualidad, como es el acceso de los interlocutores sociales “a la información suficiente que garantice la transparencia digital y algorítmica, en especial de aquellas fórmulas que configuran las aplicaciones vinculadas a las relaciones laborales y a la protección social”.
Como es lógico, proponen seguir desarrollando “la reforma laboral fruto del diálogo social”, además de medidas para reducir el desempleo estructural y el paro juvenil, las desigualdades entre mujeres y hombres y aumentar la eficacia de los servicios públicos de empleo.
Recuperan el estatuto de las prácticas no laborales en los centros de trabajo, que, aunque pactado con el ministerio de Trabajo se ha quedado en el cajón del Consejo de ministros, y plantean la necesidad de elaborar un Estatuto del Trabajo del siglo XXI, al entender, que el actual “no da respuesta a todos los cambios que se están produciendo”.
Reducción del tiempo de trabajo
Precisamente, dentro de la nueva política laboral se contempla la reducción paulatina de la jornada laboral con el objetivo de las 32 horas sin reducción salarial”, además del diseño de las “medidas de flexibilidad interna negociada” y “el fortalecimiento y estructura de la negociación colectiva”. También aquí se apela al refuerzo de la protección frente al despido.
Los cuidados constituyen un aparado propio dentro de las propuestas sindicales que, entre otras cosas, reclama “fijar las obligaciones y garantías del Estado para generar el pilar del sistema de bienestar”, además de “asegurar trabajo decente y salarios dignos para las personas que trabajan en el sector de los cuidados”.
En política fiscal, su apuesta fundamentalmente pasa por la reforma del Impuesto de Sociedades asegurando una tributación mínima del 15% y la equiparación de los tipos de la base general a la del ahorro e incremento de los tipos a las rentas superiores en el IRPF con el ánimo de cerrar la brecha existente entre España y la UE (5 puntos del PIB).
Parque público de viviendas
La vivienda, también tiene su lugar en estas propuestas, que apuntan a incrementar la inversión para la creación de un parque público de vivienda en alquiler asequible (al menos hasta el 1% del PIB), regular los alquileres, respetar el cumplimiento en todo el territorio de la Ley de Vivienda y facilitar la subrogación de las hipotecas de tipo variable a fijo.
Como no puede ser de otra manera, los sindicatos, en cuanto a las pensiones, quieren que se garantice “el cumplimiento y desarrollo de las medidas acordadas en los Acuerdos de Pensiones de 2021 y 2023 como eje para el mantenimiento del sistema público y la suficiencia de sus prestaciones, asegurando la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC”.
Más conocida son sus propuestas salariales, en especial, la de mantener el SMI en el 60% del salario medio neto del país, como mínimo, y el mantenimiento de su poder adquisitivo eliminando la posibilidad de que sus mejoras puedan ser compensadas y absorbidas.
Pero también reclaman la elevación del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que permite decisiones arbitrarias de la administración, para garantizar su revisión de acuerdo con el IPC, así como un Plan Coordinado de erradicación de la Pobreza, junto con la ampliación de la acción protectora de la Seguridad Social y del ingreso Mínimo Vital. Todo ello, sin descartar la reforma integral del sistema de protección por desempleo para hacerlo más inclusivo y extensivo.
Igualdad, diversidad y democracia
Las dos centrales de trabajadores insisten en reclamar del próximo gobierno un compromiso firme con la igualdad entre hombre y mujeres y la diversidad, evidentemente, también dentro de las empresas.
También reclaman “extender a las personas extranjeras en situación administrativa irregular, víctimas de explotación laboral o sexual, delitos de odio o de tráfico de seres humanos, la posibilidad, real y efectiva, de acceder a una autorización para residir en España”.
En relación con la calidad de nuestro sistema democrático, proponen “la adopción de una Ley que desarrolle el diálogo social y la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas” y apostar por cauces de participación en las empresas.
En este sentido, insisten en la necesidad de defender el papel de las organizaciones sindicales que, “de acuerdo con el título preliminar de la constitución, están reconocidas como un órgano básico de las instituciones que conforman nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho”.
El ultimo de los apartados está dedicado a la política internacional, dentro de la que se defiende el avance dentro de la UE del papel de los interlocutores sociales, el diálogo social y la negociación colectiva, el refuerzo del eje con el sur, a través de la relación con América Latina, así como la consagración del 0,7% del presupuesto de los PGE a la cooperación internacional al desarrollo.
Redactor jefe de Noticias Obreras
