Las Asociaciones Vecinales reclaman la intervención del Gobierno ante la subida del precio de la luz y el gas

Las Asociaciones Vecinales reclaman la intervención del Gobierno ante la subida del precio de la luz y el gas
La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) exige la intervención directa del Gobierno para modificar “de forma profunda y cuanto antes este sistema perverso”.

La CEAV vuelve a denunciar el sistema de subastas al ser “un espacio perfecto para la especulación en el precio de la energía eléctrica. Así se demuestra con los incrementos establecidos recientemente: 27% con la tarifa regulada PVPC”.  Crece, además, el precio del gas un 22% que no se ajusta a ninguna “justificación”. Para las asociaciones vecinales, el sistema de energía se aleja de la consideración de ser “un derecho ciudadano” para plegarse “a las maniobras de las grandes empresas que se reparten el mercado eléctrico español”.

Reforma profunda y participada

La gravedad de la situación social debería hacer actuar al Gobierno de España que, en opinión de la CEAV, “debe modificar, con la participación de la ciudadanía, de forma profunda y cuanto antes este sistema perverso para ajustar los precios a la demanda real, al margen de todo negocio inmoral con las condiciones de vida de las personas, creando un mercado eléctrico cuyos precios estén más regulados, sean más previsibles y más justos, estando todo ello en el marco de un cambio radical en el modelo de producción energética y del control de su distribución”.

Los sindicatos piden una reforma del mercado energético

También UGT ha emitido un comunicado en el que insta a estar preparados antes estas situaciones y reclama la cobertura de los suministros esenciales, con carácter indefinido, para los consumidores vulnerables y en riesgo de exclusión social. Es más, demanda al Gobierno que acometa una reforma para regular los precios de estos suministros esenciales, ahora mismo, inasumibles para millones de hogares que apenas pueden llegar a fin de mes. El Real Decreto Ley 37/2020, por el que se prohíbe el corte de los suministros (electricidad, gas y agua), mientras está vigente el estado de alarma (previsiblemente mayo 2021), e interrumpe los plazos de requerimiento de pago en situaciones límites, es un avance aunque limitado al estar supeditado a la duración del estado de alarma.

En opinión de UGT, se debe prohibir los cortes de suministros de electricidad, agua y gas en el ámbito doméstico, hasta que se recoja legalmente el principio de precaución en materia de pobreza energética, que imponga a las compañías la imposibilidad de cortar cualquier suministro básico hasta que consulte la situación económica del hogar afectado con los servicios sociales competentes, y tenga la certeza de que no se trata de un hogar vulnerable. Según el sindicato, es necesario el refuerzo de los servicios sociales públicos, dotándolos con más recursos humanos y económicos, y convertirlos así en el mediador oportuno para estas personas vulnerables, debido a la proximidad y conocimiento de la situación general y real en la que se encuentran, pudiéndoles prestar un servicio integral, informándoles y ayudándoles a tramitar otras ayudas.