Cristianos de Canarias apelan a la solidaridad de España y Europea en la acogida de migrantes

Todas las entidades públicas y privadas, incluyendo colectivos cristianos y el mismo obispo canariense José Mazuelos, han exigido un cambio en la política migratoria del Gobierno de España, que ha de contar con la solidaridad de las autonomías y el resto de los países de la Unión Europea.

Canarias se “revirará” si el Estado pretende que los migrantes que llegan a las islas se queden aquí, aseguró el pasado 9 de febrero el presidente canario socialista, Ángel Víctor Torres. En las islas quedan unas 11.000 de los más de 27.000 personas migrantes africanas que han llegado desde 2009. Y eso sin contar los casi tres mil menores que tutela el Gobierno regional en los centros públicos, con un coste de 80 millones de euros anuales.

Además, el pasado mes de enero arribaron a las costas isleñas más personas que en 2009. Pero lo más grave es que otras 1850 personas murieron el año pasado en la travesía atlántica desde Senegal, Mauritania y Marruecos hacia las islas. La previsión para este año es que puedan llegar más de 20.000 migrantes, debido al cierre de las fronteras por la pandemia y la política restrictiva de la Unión Europea. El diputado del Común, Rafael Yanes, reprueba que en Canarias “se siga improvisando la acogida 20 años después” y que no existan espacios dignos ya habilitados para atender a los migrantes.

Canarias no quiere ser cárcel

“No aceptamos que se convierta Gran Canaria en un muro de contención o una cárcel para los inmigrantes”, señaló días atrás el presidente insular, Antonio Morales. El dirigente nacionalista ha afirmado que lo acontecido en “Lesbos, Lampedusa, Ceuta, Melilla y Canarias no son casualidades, sino una política estratégica para impedir que estas personas lleguen al continente”, una situación frente a lo que considera que esta región ultraperiférica de la UE debe “rebelarse” porque “Canarias no puede convertirse en una cárcel” para quienes huyen de la pobreza en busca de una vida mejor. “Detengan esa intención de reproducir aquí el modelo de Lesbos o Lampedusa”, aseveró Morales, ya que de no cambiarse puede producirse una confrontación social en las islas.

Asimismo, el obispo canariense, José Mazuelos, también ha instado a que se deriven migrantes hacia otras comunidades autónomas. “En materia de inmigración, el gobierno central se lo tiene que tomar en serio. Parece que están mirando a otro lado, ya que a los migrantes se les ha buscado una solución temporal acogiéndolos en campamentos militares. Yo creo que ese acogimiento temporal no es la solución”, manifiesta el prelado.

Contra el odio

También el Secretariado Diocesano de Migraciones, la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y Cáritas han planteado la necesidad de un cambio de la política migratoria, haciéndola más solidaria para facilitar el traslado de muchas personas que lo desean. Además, la ONG católica pide a las instituciones públicas “programas específicos y adecuados para luchar contra la xenofobia, el racismo y los múltiples discursos de odio”.

El Gobierno español acoge en campamentos improvisados de Gran Canaria y de Tenerife a unas 7000 personas, en unas condiciones poco dignas. Muchos isleños temen que el Gobierno central prefiera más que los migrantes se queden lejos en el Archipiélago, aunque eso les cueste más dinero, que derivarles a la Península o facilitar su destino hacia países europeos, porque eso les crearía problemas con otras comunidades autonómicas.

Esa exigencia también la plantean los confederaciones empresariales y sindicatos, así como la Red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes, integrada por una veintena de organizaciones no gubernamentales. En este sentido, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha llamado al Gobierno a realizar cambios en su “desacertada” política migratoria de no traslados a la Península, con el objetivo de evitar un “estallido social irreversible” en Canarias.

Antonio Quintana

Periodista y militante de la HOAC de Canarias