La Iglesia de Orihuela-Alicante critica la falta de decisión política para corregir las injusticias en el mundo laboral

La Iglesia de Orihuela-Alicante critica la falta de decisión política para corregir las injusticias en el mundo laboral
El Secretariado Diocesano de Pastoral del Trabajo de la Diócesis de Orihuela-Alicante ha hecho público un comunicado en el que muestra su preocupación por la falta de decisiones políticas eficaces que alivien la grave situación de las persona y familias trabajadoras. Expresa su “dolor y preocupación” por las dificultades existentes para aumentar el salario mínimo interprofesional, la dilación para derogar las reformas laborales de 2010 y 2013 y el deterioro de la protección social.

El secretariado diocesano es consciente del grave impacto que está teniendo la “devastadora crisis sanitaria, económico y social”, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19″, lo que se suma al sufrimiento infringido desde la crisis financiera de 2008.

“El resultado de ambas crisis está descartando a cerca de 4 millones de desempleados, más de 700.000 en ERTE y 6,3 millones de personas con trabajo, pero con salarios por debajo del salario mínimo interprofesional (950 € mensuales)”, denuncian los integrantes de la Pastoral del Trabajo de la diócesis, sin olvidarse de los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de la economía sumergida. También llaman la atención sobre los 5 millones de pensionistas que perciben entre 350 y 800 € al mes, 2 millones con pensiones de 1000 €.

Como han señalado estudios recientes, “en nuestro país, hay cerca de 13 millones de personas viven en el umbral de la pobreza, muchas familias que no tienen suficiente para vivir con dignidad y en muchos casos , con la imposibilidad de desarrollar un proyecto de vida”, recuerdan

Revertir las injusticias y practicar la solidaridad

El Secretariado de Pastoral del Trabajo ha querido sumar su voz para revertir esta injusta situación, unidos a todas las personas y entidades y consideran que “es de justicia pedir” a las Administraciones que afronten la pobreza y exclusión, además de recuperar y avanzar en derechos laborales, por lo que exigen “la derogación de las distintas reformas laborales, para que la persona trabajadora sea el centro de la vida económica y social”, subir el salario mínimo interprofesional, “para que todas las personas trabajadoras puedan vivir con dignidad”, y “acordar un nuevo modelo de pensiones para que pensionistas y jubilados puedan tener sus necesidades cubiertas”. Igualmente, pide que se revisen a fondo las trabas administrativas, así como otras causas que impiden que casi el 80% de solicitantes del ingreso mínimo vital, no lo están cobrando.

Por último, hacen un llamamiento a la comunidad cristiana y a la sociedad en general a “practicar la solidaridad” y “ejercer una fraternidad abierta, prestando especial atención a los más empobrecidos de nuestra sociedad, los hombres y mujeres del mundo del trabajo”.