1717 trabajadores migrantes perdieron la vida intentando llegar a España en 2020

1717 trabajadores migrantes perdieron la vida intentando llegar a España en 2020
El informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2021, presentado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) señala que 1717 personas trabajadoras migrantes murieron intentado llegar a España en 2020, la cifra más alta desde que existen registros.

“Es el tributo debido a políticas migratorias criminales de la que son responsables tanto la Unión Europea como el Gobierno de España”, asegura la organización. Esta dramática realidad pone en cuestión las políticas migratorias desarrolladas por el Gobierno de España y la Unión Europea, cuyo único norte, denuncian, es el control y rechazo de migrantes en la frontera sur, con un “tremendo coste de vidas humanas”.

Políticas represivas condenadas al fracaso

Todos los recursos destinados a estás políticas pretenden “evitar que lleguen” o ha expulsar a quienes llegan “jugándose la vida”. Los “ingentes recursos” se concretan en la implantación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), con un coste superior a los 300 millones de euros;  los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE); los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE); Los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) o las vallas en Ceuta y Melilla. También el despliegue de patrulleras o de Frontex (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) y “la compra millonaria mediante cooperación indecentemente condicionada de países terceros (Marruecos, Mauritania, Malí, Sudán, Chad, Guinea Conakri, Gambia, Costa de Marfil o Senegal…) para que ejerzan de países tapón y gendarmes de las fronteras de la Unión Europea”. Todo ello, critican, “a costa de incontables violaciones de derechos humanos en las que el Gobierno de España resulta ser cómplice”.

La pandemia aviva huir de la pobreza y la falta de trabajo

El informe de APDHA analiza el impacto de la pandemia que, en un primer momento, “ralentizó los flujos migratorios” pero que, finalmente “ha espoleado el efecto huida” de miles de jóvenes del Sahel, Sáhara, Marruecos o Argelia. “Se está comprobando –dicen desde la asociación– cómo trabajadores del sector turístico, pescadores y trabajadores precarios” se han quedado sin trabajo y sin recursos, optando por cruzar el Atlántico.

En Canarias, de manual antihumanitario

En este sentido, señalan que el incremento de llegadas a Canarias en 2020 ha sido de un 756%, “y la respuesta del Gobierno ha sido de manual represivo y antihumanitario: miles de personas encerradas en condiciones inhumanas, con falta absoluta de garantías de respeto de los derechos humanos. Miles de personas durmiendo al aire libre y a ras del suelo en los puertos, insuficiente asistencia legal, madres separadas de sus hijos, cuarentenas eternas, condiciones insalubres, hacinamiento…” evidencian la absoluta falta de recursos destinados a la acogida por parte de este Gobierno, como en 2018 en las costas de Cádiz, recuerdan. Lamentan que “el Gobierno ha decidido abandonar cualquier proyecto de vías legales y seguras, que se encontraba en el acuerdo del gobierno de coalición, y ha optado por la represión, la violación de los derechos humanos y la criminalización de las personas migrantes, como han hecho anteriores gobiernos del Partido Popular”.