Temporeros migrantes de Huelva siguen a la intemperie, después del incendio

Temporeros migrantes de Huelva siguen a la intemperie, después del incendio
Foto | Asociación Multicultural de Mazagón
Más de medio centenar de entidades y colectivos sociales, entre ellos, la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Huelva, han firmado un comunicado en el que reclaman a las Administraciones Públicas y a las empresas del sector agrícola una “respuesta habitacional de emergencia” a los afectados y afectadas, que “se han quedado sin un techo donde resguardarse”, tras el incendio en un asentamiento de chabolas de Palos de la Frontera. Personas a título individual están dando una respuesta de emergencia.

En el comunicado, rubricado por 60 colectivos en su mayoría de Andalucía, aunque están sumándose incluso de fuera de España, exigen tanto a las instituciones públicas como a las empresas que lleven a cabo “una solución definitiva a este grave problema de vulneración de derechos fundamentales”, un problema que consideran “impropio” en un estado social y democrático de derecho y que “nos debe avergonzar a todas como habitantes de esta provincia”. Los firmantes critican al Ayuntamiento de Palos de la Frontera, por su “inacción” ante esta situación. “Hasta la fecha no ha ofrecido auxilio de emergencia a las 400 víctimas del incendio que han tenido que buscar refugio en la solidaridad de otras personas migrantes y colectivos sociales, habiendo quedando muchas de ellas durmiendo al raso”, denuncian.

Mano de obra en uno de los sectores que más aportan al PIB provincial

Incluso ponen el foco en el alcalde de Palos de la Frontera, por haber declarado públicamente que “algunos de los inmigrantes afectados por el incendio han llegado desde Canarias estos meses atrás, poniendo el foco en la anécdota, cuando la realidad pública y manifiesta es que el asentamiento que ha ardido, como todo el mundo sabe en esta provincia, lleva años existiendo, casi tanto como las propias explotaciones freseras de la zona”. Pero también acusan a las diferentes Administraciones que “se esconden detrás de un reparto de mascarillas o de agua por las ONG, cuando se trata de personas trabajadoras extranjeras que son mano de obra en uno de los sectores que más aportan al PIB de la provincia de Huelva”.

De momento, son las asociaciones y las personas a título individual las que están dando una respuesta de emergencia, en ningún caso una solución definitiva, a las personas afectadas, temporeros de la fresa que están viendo como la actual campaña, más floja que otras debido a las condiciones climatológicas, está saliendo adelante fundamentalmente gracias a mujeres marroquíes contratadas en origen.

“Las Administraciones no han prestado ninguna ayuda. Está siendo la sociedad la que se está respondiendo: el sábado llegaron un camión y varias furgonetas desde Sevilla,  hoy llega otro de de SOS Refugiados, que estaba en Barcelona a la espera de que se levantaran las restricciones para ir a Grecia, nos han llamado de Granda, de un barrio de Huelva, de Isla Cristina…”, comenta la portavoz de la entidades, Pepa Suárez, quien explica que “la reconstrucción del asentamiento va muy rápido”.

Suárez denuncia que la situación es desesperada: “Están sin dinero, sin trabajo, teniendo que reconstruir las chabolas para no dormir al raso o en el mejor de los casos acogidos por su compatriotas, a pesar de la COVID-19, después de haberlo perdido todo. No piden una vivienda gratis. Quieres poder vivir en un sitio donde descansar, tener agua corriente, luz…, pero en todo este tiempo no han encontrado otra cosa”.

Ningún plan integral

Por su parte, Cáritas de Huelva ha reclamado medidas que “ayuden a atajar las condiciones de grave exclusión y precariedad que están en la raíz de unos sucesos cada vez más frecuentes”, para evitar  que “los incendios en los asentamientos chabolistas de inmigrantes en torno a los municipios freseros, se convierta en un hecho cotidiano”. Para este entidad de la Iglesia no se comprende bien que después de décadas no exista “ningún plan integral de actuación ni recurso de alojamiento ante una de las campañas agrícolas más importantes del territorio nacional” y señala que “este compromiso con la defensa de la dignidad humana y la seguridad personal de las personas temporeras que vienen a convivir con nosotros es un reto humanitario que nos involucra a todos: fuerzas políticas, agentes económicos y sociales, organizaciones humanitarias, comunidades cristianas y ciudadanía”, concretan desde el ente social”.