El Congreso, ante una decisión histórica para las víctimas de amianto

El Congreso, ante una decisión histórica para las víctimas de amianto
Los diputados y diputadas tienen la oportunidad de poner fin al largo calvario por el que pasan las personas trabajadoras que han sido víctimas del amianto, si aprueban la creación de un fondo de compensación para quienes han enfermado a causa de la exposición a este mineral cancerígeno.

“Mi padre tiene un mesotelioma pleural causado por el amianto. Nos dan una esperanza de vida de dos meses y, a falta de una semana para cumplirse esos dos meses, mi padre fallece. Fue un visto y no visto”, explica Verónica, la hija de José Antonio García Quintana, extrabajador de la fábrica de Uralita en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Por su fuera poco asumir la pérdida de un ser querido, “además has de estar pensando que mi padre venía a casa con su ropa del trabajo, mi madre lavaba esa ropa, mi hermana y yo abrazábamos a mi padre y teníamos ese contacto con lo que él traía del trabajo, lo que traía a casa, con lo cual te preguntas: ¿mi madre desarrollará la enfermedad? ¿la desarrollaré yo? ¿nos tocará también a nosotras?”, sigue Verónica.

A lo que añade que “después de toda esta lucha te ves sola, te ves que estás luchando contra gigantes. Y, y no hay nadie que esté ahí para decirte que esto es así, es la verdad y se va a hacer justicia”.

La legislación española reconoce el derecho de las persona trabajadoras que enferman por falta de medidas de prevención y seguridad a ser debidamente indemnizadas, pero no siempre es fácil hacer que se cumplan las normas. Lo saben bien las personas que por haber estado expuestas al amianto, un mineral cancerígeno muy utilizado en la construcción en España, desde mediados del siglo pasado hasta su prohibición definitiva en 2002, contraen enfermedades respiratorias graves.

A veces, nos comíamos el bocadillo encima de los sacos de amianto que venían a granel

José María Martín, fue delegado de CCOO en el Comité de Empresa de Uralita en Alcázar, amigo y compañero del padre de Verónica. Según relata, gastábamos de 3,5 a 4 toneladas de amianto al año para fabricar tuberías de fibrocemento, que básicamente es agua, cemento y amianto. No nos dijeron nada, cuando empezaron a repartir mascarillas no había para todos, las dobles taquillas llegaron mucho después. A veces, nos comíamos el bocadillo encima de los sacos de amianto que venían a granel”.

Pasan años de visitas y reconocimientos médicos, hasta que queda suficientemente demostrado el origen laboral por inhalación del fibrocemento y otro tanto hasta que existe un fallo judicial que establece las indemnizaciones debidas, por no haber tomado las medidas de seguridad oportunas. En demasiados casos, la víctima ha fallecido cuando los tribunales le dan la razón, impidiéndole ver reconocidos sus derechos en vida.

Un calvario administrativo y judicial que se prolonga en el tiempo, debido a los recursos que plantean las empresas, las mutuas e incluso el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social. Pero, llegado a este punto, no siempre las indemnizaciones se hacen efectivas, porque la empresa señalada ha desaparecido, cambia de nombre o se declara insolvente.

En el caso de la fábrica de Uralita en Alcázar llegó a haber unos 150 trabajadores, 90 fijos y el resto eventuales. El último tubo de fibrocemento se fabricó en 2002 pero hasta el 2005 no salió del Registro de Empresas con Riesgo de Amianto. La empresa, asegura Martín, “amasó una fortuna y nosotros perdimos la salud y algunos la vida”.

El fondo de compensación que se debate en el Congreso evitaría el vía crucis de de reclamaciones, juicios, sentencias y recursos. Otros países como Francia o Bélgica ya cuentan con una herramienta similar. En la anterior legislatura se tramitó la iniciativa del Parlamento Vasco de establecer este fondo, pero la anticipación de las elecciones generales dejó la propuesta en el limbo de las buenas intenciones. Ahora vuelve a someterse al criterio de los representantes de la soberanía popular. El 13 de abril vota el Congreso de los Diputados.

Ha llegado el momento para que el actual Gobierno de España afronte de una manera decida la epidemia de amianto

“Ha llegado el momento para que el actual Gobierno de España afronte de una manera decida la epidemia de amianto que también afronta nuestro país”, ha declarado el secretario de Salud Laboral de CCOO, Pedro J. Linares. Así lo han hecho saber tanto su sindicato como UGT, con el apoyo de la Federación Estatal de Víctimas de Amianto, en una carta dirigida a sus señorías.

“Es la única forma de comenzar a saldar una deuda que como sociedad hemos contraído con quienes siguen enfermando y muriendo por unas exposiciones que se podían y se debían haber evitado”, se puede leer en la misiva..

Aunque resulta aventurado precisar el número de personas fallecidas en España por dolencias relacionadas con la exposición al amianto, algunos estudios atribuyen a la exposición laboral 4.000 cánceres de pulmón y pleura, a las que habría que sumar las fallecidas por otros cánceres como el de laringe y por asbestosis.

Teniendo en cuenta la exposición en hogares y fábricas, como las de Uralita, donde se fabricaba este fibrocemento que se degrada con el paso de tiempo, muy presente en todo tipo de instalaciones — viviendas, centros de trabajo, naves industriales y medios de transporte–, algunas estimaciones indican que en nuestro país mueren hasta 5.000 personas por enfermedades provocadas por amianto al año.