La crisis de la COVID-19 se ceba con los trabajadores migrantes
La COVID-19 ha golpeado con dureza a los trabajadores migrantes, quienes primero han sufrido las consecuencias económicas de la crisis. Además, han sido objeto de discriminación xenofobia.
Muchos de ellos fueron despedidos a las primeras de cambio o suspendidos sin sueldo, vieron reducidas las horas de trabajo y los salarios. Y a otros se les dejó de pagar por el trabajo realizado.
A menudo, quedaron atrapados por el cierre de las fronteras o fueron repatriados repentinamente, sin cumplir las garantías legales o al amparo de las leyes de salud público. Por si fuera poco, las personas repatriadas tuvieron que soportar largos periodos de cuarentena y resultaron estigmatizados.
En infinidad de situaciones quedaron fuera de la asistencia sanitaria básica y las medidas de seguridad de los ingresos contra las pérdidas repentinas de empleo y salario, quedando todavía más más expuestos a la pandemia.
Desempleados, sin poder salir y sin ningún tipo de ayuda, algunos vieron sus ahorros desaparecer y recurrieron al endeudamiento para cubrir los gastos básicos o regresar a sus países, teniéndose que enfrentar a las consecuencias de migración “fallida”: amenazas, abusos o violencia por parte de prestamistas
Así lo atestigua el informe de la OIT Encerrados y en el limbo: El impacto global de la COVID-19 en los derechos de los trabajadores migrantes y su contratación.
Exclusión y abandono también en España
España no ha sido una excepción. Según el estudio de Foessa, “Análisis y Perspectivas 2021” donde se analiza cuál está siendo el alcance de la pandemia en la cohesión social en España, “la pandemia ha intensificado situaciones de exclusión críticas para la población de origen inmigrante y ha convertido en crónica su obvia posición de desventaja”. Este grupo presenta tasa de exclusión moderada (38%), y severa (65%) muy por encima de la del resto de la población.
El aumento del desempleo en España ha sido más pronunciado para los inmigrantes que para los autóctonos. En el 2020, la brecha entre mujeres inmigrantes y autóctonas alcanzó un nivel tan alto como en los peores años de la Gran Recesión del 2008. Esto se debe, en parte, a que durante la recuperación económica nunca se retornó a los bajos niveles de la brecha registrados en el 2007.
Las peores condiciones de vida de la población migrante en España se explican, en parte, por su acceso al mercado de trabajo, donde copan los trabajos temporales, de baja cualificación y en sectores ligados a la evolución del ciclo económico.
Son quienes se ven afectado en mayor proporción por la exclusión política (77%), dado que gran parte de la población extracomunitaria no tiene derecho a voto. También presentan un alto porcentaje de exclusión (77%) en el acceso a la vivienda, al empleo (47,6%) y consumo (40,9%).
Redactor jefe de Noticias Obreras
