La falta de trabajo digno y protección social eleva hasta los 11 millones las personas en exclusión

La falta de trabajo digno y protección social eleva hasta los 11 millones las personas en exclusión
“La pandemia está golpeando con más fuerza a los que ya eran los perdedores, a los más frágiles”, alerta Thomas Ubrich, técnico del Equipo de Estudios, durante la presentación, esta mañana, del informe Análisis y Perspectivas 2021 elaborado por Cáritas y la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada).

“Los que ya tenían dificultades para mantenerse a flote, a los que no ha llegado el escudo social, ni tenían ya el soporte de los mecanismos de protección propios, desgastados en la crisis anterior de 2008”, están siendo castigados por la crisis sanitaria, social, y hasta de salud mental, que ha traído consigo la pandemia de la COVID-19, según el experto de Cáritas.

Son ya 11 millones, 2,5 millones más que en 2018, las personas que se encuentran en situación de exclusión social en España, según el avance de resultados de la encuesta FOESSA 2021 año y medio después del estallido de la pandemia. Además, por primera vez desde 2007 las personas en exclusión severa superan los 6 millones de personas,  casi 2 millones personas respecto del año 2018.

Degradación del empleo

El empleo, que como fuente principal de ingresos es un factor clave de integración, explica la situación de desigualdad y el enquistamiento de la pobreza en la sociedad española, que se agrava en tiempos de crisis y no se reduce lo suficiente cuando llegan las recuperaciones económicas.

Uno de cada cuatro hogares en España ha quedado excluido del trabajo digno, tras más de año y medio de pandemia. Esto es, carecen de empleo o el que tienen no les sirve para disponer de una vivienda adecuada y asumir los gastos de los suministros básicos.

Con respecto a 2018, en el primer trimestre de este año, se ha duplicado el número de hogares con todas las personas activas desempleadas (pasando de 5,9% a 10,3%) y de hogares cuya persona sustentadora principal está activa pero padece la inestabilidad laboral grave, pasando del 4,8% al 10,3%.

Cuando la persona de la que depende la economía de una  familia se encuentra en paro desde hace un año supone casi con seguridad (en el 98,6% de los casos) que su hogar acabará engrosando las filas de la exclusión social y con bastantes probabilidades (58%), en la pobreza severa.

Trabajo digno

Pero es que acceder a un empleo no asegura de por sí la integración social. En uno de cada cinco hogares en situación de pobreza severa (20,5%), la persona sustentadora principal está activa, pero en inestabilidad laboral grave, es decir, en el último año ha tenido más de 3 contratos, ha trabajado en más de 3 empresas o ha estado más de tres meses desempleada.

La precariedad laboral grave que interfiere en la vida cotidiana de las personas que la viven, como demuestra el hecho de que en el 19,0% de estos hogares han tenido que dejar de seguir un tratamiento médico o comprar medicamentos por no poder permitírselo.

El notable incremento de la exclusión en el empleo está provocando el crecimiento de la exclusión del nivel de consumo básico para el conjunto de la población, que ha pasado del 14,5% en 2018 al 17,6% en 2021, lo que significa un incremento del 21%.

Se registra, asimismo, un empeoramiento generalizado de los niveles de integración para el conjunto de la población: la integración plena en 2021 —es decir, hogares que disfrutan de una situación en la que no sufren ningún rasgo indicativo de la exclusión— es disfrutada por solo 4 de cada 10 hogares de España (el 42%). Esto marca un descenso de más de 7 puntos respecto del año 2018 (donde el porcentaje era del 49%).

La secretaria general de Cáritas ha denunciado durante la presentación de este informe, que “cuando miramos los datos que nos ofrece la realidad social y de la acción social de Caritas, observamos que sí se está quedando mucha gente atrás”.

Aunque los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, según el informe, han servido como colchón de seguridad y  la creación como derecho de la prestación asociada al ingreso mínimo vital ha supuesto un gran avance, el impacto del mismo no ha tenido los efectos deseado. “Su configuración y normativa actual ofrece una cobertura insuficiente y presenta lagunas importantes”, han advertido los autores del estudio, quienes señalan como primer obstáculos “los trámites”.

De ahí la urgencia, en su opinión de “seguir avanzando y ampliar el alcance de estas medidas iniciales para que el objetivo de construir ese ´escudo social´ se logre y que proteja realmente a la ciudadanía y las familias más desprotegidas”. “No podemos permitir que esta nueva crisis ahonde aún más la desvinculación de un porcentaje importante de la población y la expulse de la sociedad”, ha subrayado.