Los trabajadores del sector de medios de comunicación rechazan el anteproyecto de Ley General Audiovisual
Los sindicatos del sector de medios de comunicación rechazan este anteproyecto por poner “en peligro” el modelo público de RTVE y de las radiotelevisiones autonómicas, e ignorar “cualquier referencia a los derechos laborales”
Lo que debía ser una trasposición de la directiva comunitaria que abordara las complejidades del entramado comunicativo español, con esta propuesta de anteproyecto de ley se ahonda “en un modelo mercantilista, que se encuentra al servicio de los operadores privados, en lugar de velar por la defensa de los servicios públicos de RTV y el acceso gratuito y universal de la ciudadanía a unos sistemas de comunicación que sean garantes de los principios constitucionales básicos en materia de información”, denuncian los sindicatos del sector. CCOO, UGT y CGT además alegan que, tanto en la fase de consultas públicas, como en la fase de enmiendas, se han rechazado todas las propuestas sindicales y que, sin embargo “los grandes grupos empresariales sí parecen ver reflejadas sus pretensiones”
Vocación de servicio público
Este anteproyecto de ley “no soluciona los problemas del sector y esta ley contiene un componente aún más liberal en materia de servicio público que aquellas que le precedieron en gobiernos tanto del PP como del PSOE”, según ha manifestado Cristina Bermejo, de CCOO. Todo indica la propuesta del Gobierno saldrá adelante el próximo 26 de mayo.
Para las organizaciones de trabajadores del sector, la propuesta del Gobierno omite la definición de misión de servicio público para todos los prestadores, tanto públicos como privados, que garantice el pluralismo, la responsabilidad editorial y la libertad de expresión y no se evita la privatización y la externalización posible del modelo de RTV. Tampoco se asegura una financiación estable y definida para la Corporación de RTVE ni, por supuesto, para el resto de operadores del servicio público, incluida también la Agencia EFE.
Asimismo, los sindicatos defienden para las televisiones públicas un sistema de financiación estable que garantice su independencia. Así, se pretende suprimir el porcentaje del 13%, que aportaban las operadoras de telecomunicaciones a la ya mermada financiación de RTVE. No asegurar esos recursos viene a incidir en un presupuesto deteriorado de la corporación y lo que se pretende es que las nuevas plataformas digitales, cuyos ingresos son difícilmente fiscalizables, porque muchas de ellas no tributan en España, aporten un 5% (unos 6-7 millones de euros) en sustitución de la aportación de la tasa de las teleco, de 120 millones.
La no cesión a terceros de los servicios informativos ha sido otro caballo de batalla de los sindicatos ante este proyecto de ley, que, de no modificarse, permitirá a las cadenas externalizar total o parcialmente el servicio, con el peligro, alertan, de la pérdida de puestos de trabajo estables y de calidad, como ya ocurriera en el pasado, así como poner en riesgo el acceso de la ciudadanía a una información veraz y objetiva.
Ausencia de derechos laborales
Otras de las cuestiones por las que se rechaza esta propuesta es la ausencia de cuestiones de derechos laborales. No se concretan cuestiones como el fomento del empleo de calidad, una serie de garantían es materias como la conciliación y corresponsabilidad, la igualdad o la salud laboral, por no hablar de la concreción de los mecanismos de gobernanza de las radiotelevisiones públicas o la garantía de los mandatos marco y los contratos programa.
Acusan también la falta de concreción en la regulación de los medios de comunicación. Se deja en manos de la autorregulación lo que deberían ser las funciones de una autoridad audiovisual independiente que no existe y que era una cuestión poco desarrollada en la CNMC, que a día de hoy no tiene capacidad ejecutiva para controlar el mercado audiovisual, lo que pone en riesgo el pluralismo mediático y la independencia.
Redacción de Noticias Obreras.
