Entidades sociales consideran un avance con limitaciones el reglamento de Extranjería

Entidades sociales consideran un avance con limitaciones el reglamento de Extranjería
Cinco importantes organizaciones de atención a personas migrantes consideran el nuevo reglamento de Extranjería “un avance”, aunque limitado que deja fuera a personas en vulnerabilidad especial

En un comunicado conjunto que firman Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, CONVIVE Fundación Cepaim y Red Acoge recuerdan que vienen pidiendo desde hace dos años cambios en el reglamento para facilitar vías legales y seguras, evitando la irregularidad sobrevenida, a las miles de personas extranjeras que viven en nuestro país.

En el capítulo de los avances, estas organizaciones señalan las posibilidades abiertas para que los estudiantes extranjeros puedan trabajar, la autorización de residencia y trabajado por cuatro años, la flexibilización de los requisitos para la reagrupación familiar, la concesión de permisos a  personas extranjeras que lleven dos años en España y que se comprometen a realizar una formación y a las que llevan tres años en España y consiguen un contrato de trabajo; además de a las personas de terceros países que quieren acceder al mercado de trabajo desde país de origen a través del catálogo de puestos de difícil cobertura.

Las modificaciones, señalan, están diseñadas para facilitar el acceso de estas personas al mercado laboral, pero “continúan sin abordarse cambios normativos que garanticen la plena integración social y laboral de las personas migrantes que ya viven en España en igualdad de condiciones”, advierten.

Cuestiones sin resolver

No obstante, las entidades que acompañan y asesoran a personas migrantes en nuestro país señalan otras cuestiones que han quedado fuera como la regularización de los hijos no nacidos en España, cuyos padres tengan autorización de residencia y una regulación de la reagrupación que garantice el pleno derecho a la vida familiar.

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Tampoco se ha aprovechado el cambio normativa para mejorar la respuestas a las personas solicitantes de protección internacional o apatridia, el desarrollo reglamentario del derecho de acceso a prestaciones sociales básicas y la adopción de medidas para que las personas más vulnerables no queden excluidas de la administración electrónica.

De ahí que las organizaciones firmantes consideren necesario “seguir avanzando en la modificación del Reglamento de Extranjería de forma dialogada y participada” con miras a flexibilizar la reagrupación familiar y el acceso a los visados de búsqueda de empleo

También proponen favorecer la coordinación entre la legislación de extranjería y la legislación de asilo o el acceso a la protección social de las personas extranjeras.

En este sentido, es necesario, resaltan, que la política migratoria “no solo ponga el foco en las necesidades del mercado laboral español”, como también han señalado los sindicatos, sino que se aborden todos los obstáculos normativos que impiden a la población migrante su integración e incorporación a la sociedad española “en igualdad de derechos”.

 

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