Aprobada la nueva estrategia nacional para reducir la siniestralidad

“Esta es la estrategia que sirve para salvar vidas”, ha explicado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en referencia a la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2023-2027, que se ha presentado este jueves.

Ha hecho falta un año y medio para lograr este acuerdo entre las Administraciones y los interlocutores sociales, por lo que la vicepresidenta Yolanda Díaz no ha tenido más remedio que reconocer que ha sido “la más larga”, “la más difícil y la más intensa” de las 17 mesas de diálogo social amparadas por su departamento. También, “la más importante”, ha recalcado. “Nadie entendía lo que estábamos haciendo, tantos meses, pero esta es la estrategia que sirve para salvar vidas”, ha remarcado.

La vicepresidenta ha aprovechado la ocasión parar recordar la ley riders y la ley del trabajo a distancia, pero, sobre todo, la última reforma laboral que, a su entender, “ha puesto los cimientos” de la nueva política de prevención, “al combatir desde la medula la cultura de la precariedad, la amenaza más clara a la seguridad”.

Nueva mesa del diálogo social

Además del diseño de la prevención, hace falta “modernizar nuestro marco normativo y ajustarlo a la realidad del mundo del trabajo y empresarial”, para lo cual se abrirá inmediatamente una nueva mesa del diálogo social que mejore la integración de la actividad preventiva en las empresas, incorpore la perspectiva de género y refuerce la protección ante los riesgos psicosociales.

“La salud no se puede entender como una obligación, ni un coste. Debe ser una verdadera filosofía, que no solo asegure la vida y la integridad de las personas trabajadoras, sino que también les enseña dignidad y respeto dentro y fuera de la empresa”, ha subrayado la vicepresidenta, que ha agradecido a los agentes sociales y a las administraciones autonómicas el haber tenido “altura de miras” y haber dado “un paso al frente”.

La estrategia de salud y seguridad laboral, según Díaz, tiene como fin “lograr trabajo seguro en empresas sanas, en la que la salud es un concepto integral, un verdadero compromiso que está presente en cada una de sus actuaciones y proyectos”. Es una “estrategia de país, no de un partido”, ha referido la vicepresidenta, que ha apostado por “un sistema de salud y seguridad en el trabajo robusto que cuente con instituciones fuertes y bien coordinadas entre sí, que ejerzan un papel de liderazgo para impulsar las mejoras de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo”.

De hecho, ha dicho, este es “un acuerdo capital para las relaciones laborales de este país”, que se fundamenta en dos pilares: “la prevención y colaboración con un enfoque integral que pone especial énfasis en la salud mental, el gran reto del siglo XXI”.

La nueva hoja de ruta contra la siniestralidad se articula en torno a seis objetivos prioritarios, 38 líneas de actuación y 107 medidas, plasmadas en un documento de casi 100 páginas en las que se recogen las propuestas de las Administraciones, tanto central y autonómica, las patronales y los sindicatos, asesorados por los técnicos del Instituto Nacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

La estrategia, según la vicepresidenta, aspira a revertir la creciente siniestralidad laboral, con “estrategias de intervención eficaces que integren actuaciones coordinadas en materia de investigación, de sensibilización, asesoramiento técnico, vigilancia y control”.

Agenda contra el cáncer

Con el fin de reducir las enfermedades profesionales, se creará una agenda nacional para la prevención del cáncer profesional con la que mejorar “el conocimiento, el diagnostico, la detección precoz, la notificación e información y, sobre todo, la actuación preventiva”

Además, ha insistido la vicepresidenta, “tenemos que anticiparnos a riesgos nuevos y emergentes, que se relacionan con el desarrollo tecnológico, la calidad del tiempo o el derecho a la desconexión”, para lo que se elaborarán “orientaciones prácticas y herramientas electrónicas para gestionar los riegos psicosociales y ergonómicos en sectores de actividad prioritarios”.

La nueva estrategia contempla acciones específicas para “elevar el nivel de protección de colectivos de mayor riesgo”, como es el del sector sanitario y sociosanitario, “en especial quienes prestan servicios a domicilio y personas trabajadoras del hogar” y atenderá “las actividades relacionadas con el cuidado de las personas”. Tampoco falta la perspectiva de género y su integración en el conjunto de las políticas preventivas.

El marco se propone “ayudar a todas las personas y todas las empresas, y funcionar a medida de cada persona y cada empresa, en definitiva, ante cada riesgo, sobre todo en los casos de más vulnerabilidad”.

“La digitalización, la inteligencia artificial, la flexibilidad, los nuevos empleos y formas de organización del trabajo, la sostenibilidad, la diversidad, la inclusión y la igualdad social son temas trascendentes que marcarán las políticas preventivas a corto y medio plazo”, por lo que se abrirá una línea de investigación dentro del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para conocer los efectos en la salud del desarrollo tecnológico, el cambio climático, la evolución demográfica y la transición ecológica.

Los agentes sociales

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha reconocido que se trata de “una estrategia ambiciosa que aborda las diferentes realidades y el impacto del trabajo en la salud de las personas trabajadoras”.

Entre otros elementos, ha valorado la incorporación de la agenda para la prevención del cáncer de origen profesional, así como la atención a los riesgos derivados de las nuevas formas de organización del trabajo, la evolución demográfica y el cambio climático, la inclusión de la salud mental y la incorporación de acciones dirigidas a la mejora de la protección de las personas trabajadoras del sector de los cuidados, sobre todo en los servicios de asistencia a domicilio y del hogar, sectores considerados en la estrategia como de especial vulnerabilidad.

Para Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO, el reto a abordar es “su puesta en práctica de forma rápida y con un plan de acción que marque las prioridades para los próximos dos años”.

“Hay que recuperar el impulso que permitió a España reducir la incidencia de los accidentes de trabajo en todos los sectores y secciones de actividad en el periodo 2000-2012, aspecto que próximamente abordaremos en la mesa de diálogo social anunciada por la vicepresidenta segunda del Gobierno y que esperemos se ponga en marcha de forma urgente, tal y como ha comprometido este jueves el Gobierno”, ha apuntado Sanz.

En marcha, cuanto antes

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha resaltado el valor de la estrategia consensuada y ha pedido ponerla en marcha cuanto antes. “Este país necesita una estrategia definida y clara que nos ayude a poner remedio a una situación que causa centenares de muertos cada año y poder así asegurar un trabajo saludable y seguro”.

Eso sí, ha explicado que en la actualidad la acción preventiva en las empresas se sostienes sobre los recursos propios de las organizaciones sindicales que son las que apoyan a los delegados de prevención en las empresas. Por ello, ha pedido “más medios”.

“El Estado debe poner los recursos necesarios para que se pueda abordar una estrategia que en un periodo corto de tiempo dé sus frutos y nos permita cambiar esta senda de siniestralidad laboral que lleva lastrándonos años”.

“En España, los gobiernos plasman normas y muchas veces lo hacen sin dotarlas de los medios necesarios para desarrollarlas”, ha considerado. “Hay que acabar con esta situación. Dar medios a los delegados y delegadas de prevención de riesgos en las empresas. Tienen muchas responsabilidades y pocos medios”, ha señalado Álvarez.

La apertura de una nueva mesa del diálogo social sobre los cambios de la legislación sobre la salud y seguridad laboral, responde, señala el sindicato, a “una reivindicación histórica por parte de UGT”.

Plan de choque

Para la organización de Pepe Álvarez, bajo el paraguas del consenso y el acuerdo, se debería articular en la mesa “un plan de choque contra la siniestralidad” que reduzca la incidencia de los riesgos psicosociales entre la población trabajadora, aumente los recursos de la Inspección de Trabajo para vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos por parte de las empresas y dote de mayores medios a la Fiscalía especializada en siniestralidad laboral, con el fin de que investigue y depure responsabilidades, entre otras cuestiones.

El presidente de la CEOCE, Antonio Garamendi, ha recordado la ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 por haber introducido la “cultura preventiva en las empresas” y se ha remitido a la pandemia de la Covid-19, para explicar que, en este tiempo, “la salud y seguridad de los trabajadores se han convertido en algo prioritario que está por encima de cualquier otro elemento de decisión empresarial”.

Además de lamentarse por las cifras crecientes de siniestralidad y enfermedades profesionales, Garamendi ha reconocido la labor de las mutuas y servicios de prevención ajeno, aunque de mirando al futuro, ha resaltado que la estrategia aprobada constituye “un hito que, sin dejar de lado la seguridad y salud en el trabajo como elemento imprescindible para reducir la siniestralidad laboral, pasa al plano de la responsabilidad social corporativa el fomento de la salud en el trabajo, ante el reto demográfico y la longevidad de las plantillas”.

Entornos seguros y saludables

“Con esta firma nos comprometemos a trabajar conjuntamente para lograr entornos seguros y saludables que contribuyan positivamente a la reducción de la siniestralidad laboral y la mejora de la salud de los trabajadores y el progreso de las empresas y, por tanto, de la sociedad”, ha concluido.

Por su parte, el presidente de CEPYME, Gustavo Cuerva, ha agradecido el trabajo de los equipos negociaciones por la elaboración de esta estrategia que incorpora “la potenciación de la cultura de prevención en la PYME” y que será una “guía para el futuro”.

Además, ha destacado, “se pone en valor una infraestructura como es el diálogo social, herramienta que ha ampliado su espectro no solo a las relaciones sociales y ha contribuido al progreso de este país”.

De paso, ha aprovechado para pedir “el máximo respeto y consideración por los empresarios, por ese grupo de personas, de hombres y mujeres que han decidido vivir su vida en la empresa, para generar recursos y poder mantener, estamos de acuerdo, vicepresidenta de todos los españoles, tú y yo, el magnífico Estado del Bienestar de este país”.

Jose Luis Palacios

Redactor jefe de Noticias Obreras