Reclaman un fuerte impulso a la prevención de riesgos laborales

Reclaman un fuerte impulso a la prevención de riesgos laborales
La alta siniestralidad laboral y la desatención de las enfermedades profesionales motivan que los sindicatos reclamen cada vez con más insistencia políticas públicas activas contra los riesgos a la salud y seguridad en el trabajo.

La plaga de siniestralidad laboral” se ha cobrado la vida de 826 personas trabajadoras, un número que no se alcanzaba desde 2009 (en torno a 870 cuando se consoliden los datos), y ha originado lesiones y enfermedades a 631.724 en 2022.

Esta “sangría”, agravada en 2021 y 2022 a mayor ritmo que la recuperación económica, demuestra, en opinión de los sindicatos, “la profundidad del deterioro del sistema preventivo español”. “La prevención de riesgos laborales ha dejado de ser una prioridad en las empresas y en las administraciones”, denuncian los autores del informe Análisis de las estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en España en 2022.

Los datos de 2022 se cerrarán definitivamente cuando el próximo otoño, para contabilizar las muertes ocurridas meses después de los siniestros que las provocaron, y no permiten calcular la incidencia por cada 100.000 trabajadores, ni el efecto de la reducción de la temporalidad y el auge del contrato fijo discontinuo provocado por la última reforma laboral.

Fatiga de la prevención

La investigación de la secretaría de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO ha detectado una especia de fatiga de la prevención, por un lado, con lo que la positiva influencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1996 se ha agotado, y por otro, la persistencia de en las relaciones laborales precarias favorecidas fundamentalmente desde 2012, con la reforma del PP, que no se han corregido del todo, además de la existencia de normativas que favorecen el oligopolio de la externalización de servicios preventivos.

En cambio, sí parece haberse notado en las estadísticas el hecho de que los proyectos financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia puestos en marcha en 2022 se han centrado en sectores tradicionalmente de alta siniestralidad, sin haber estado acompañados de las políticas preventivas adecuadas.

Al inicio del siglo XXI, con la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1996 y el impulso de las políticas activas de seguridad y salud en el trabajo, se logró la reducción del número de accidentes de trabajo durante una década, en la que la siniestralidad laboral descendió de manera profunda y en todos los sectores de la producción, en la época de crecimiento como desde la recesión de 2008.

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Sin embargo, la tendencia se invirtió después de 2012. Desde entonces el número de accidentes de trabajo fue en aumento hasta 2018. El índice de incidencia de los accidentes con baja en jornada aumentaron un 15,6% y los mortales un 12,5% entre 2012 y 2018.

Al llegar 2019, una modificación de la estadística maquilló las cifras. La incorporación de 2,5 millones de trabajadores autónomos a la población de referencia (antes solo se contaban aquellas personas autónomas que cotizaban voluntariamente a las coberturas de salud laboral). Ese año, los índices de incidencia de los accidentes con baja descendieron un 11,4% en jornada y  un 12,8% in itinere, aunque la bajada solo entre la población asalariada fue de apenas del 1,2% en los dos tipos de accidentes.

Precariedad y oligopolio

La reforma laboral del Partido Popular de 2012, que fomentó “un modelo de relaciones laborales basado en la precariedad en el empleo, en la desarticulación de la negociación colectiva y en dificultar a amplias capas de la población trabajadora el ejercicio efectivo de derechos, incluidos el de la salud y la seguridad en el trabajo”, tuvo mucho que ver en el aumento de la siniestralidad, señala el estudio.

También influyeron otros cambios normativos, en particular la posibilidad concedida al empresariado para que pudiera pueda asumir directamente la prevención en empresas con hasta 25 trabajadores o las modificaciones en los criterios para la acreditación de los Servicios de Prevención Ajenos.

Los sindicatos vienen reclamando la puesta en marcha de políticas activas de prevención y un mayor impulso de la administración contra los accidentes y enfermedades laborales, así como cambios normativos para reforzar la  vigilancia de la salud e integridad de las personas trabajadoras.

 

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