El Parlamento Europeo aprueba la ley de diligencia debida de las empresas
Con 366 votos a favor, 225 en contra –incluidos los votos de PP y Vox– y 38 abstenciones, el Parlamento Europeo ha dado luz verde a la propuesta de directiva sobre diligencia debida de las empresas, como venían reclamando infinidad de organizaciones de la sociedad civil.
Precisamente, la presidenta de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), Maru Megina, en cumplimiento de los compromisos con el Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa (MTCE), al que pertenece este movimiento de trabajadores y de trabajadoras de la Acción Católica de España, se había dirigido por carta a cada uno de los 59 europarlamentarios españoles para que votaran a favor,
LA HOAC ha venido reclamando un comportamiento empresarial sostenible y responsable en todas las cadenas de suministro, en línea con el esfuerzo del MTCE, que reclama “reconstruir un tejido productivo e industrial de proximidad” y reclamar a las grandes empresas “un compromiso económico y ético y una distribución más equitativa del excedente”, por lo que ha defiende que los Estados garanticen “la máxima ocupación en condiciones dignas y, para aquellos que no pueda conseguirse un empleo, proporcionar rentas vitales suficientes”.
La secretaria general de la organización que reúne a agencias católicas de desarrollo, como Manos Unidas, de Europa y América del Norte, Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad (CISDE), Josianne Gauthier, ha expresado que la votación de ayer “representa otro hito en el camino hacia la responsabilidad y la justicia empresarial”.
Aunque ha matizado que “el texto del Parlamento no es perfecto”, celebra que se haya incluido “un sólido deber de diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente, así como disposiciones cruciales sobre el acceso a la justicia y la responsabilidad civil que resultarán esenciales para las mujeres, los pueblos indígenas, los campesinos y los trabajadores de todo el mundo que sufren las consecuencias devastadoras de las actividades empresariales irresponsables”
También para CCOO la propuesta de directiva significa “un importante paso adelante para anteponer a las personas y el planeta a los beneficios a toda costa, y hacer que las empresas rindan cuentas”.
El sindicato, junto con la Confederación Europea de Sindicatos (CES) a la que pertenece, pide que en las negociaciones que deben abrir ahora los Estados miembros se garantice adecuadamente la participación de las organizaciones de trabajadores en todo el proceso de debida diligencia y el acceso efectivo a la justicia para víctimas y sindicatos; además de establecer sanciones y recursos disuasorios para las empresas que incumplan con las responsabilidades establecidas.
Para la asesora de Amnistía Internacional, Hannah Storey, el paso dado en el parlamento europeo “es algo que celebrar”, si bien matiza que el texto contiene “algunas excepciones inquietantes” sobre la responsabilidad de las entidades financieras y los abusos derivados del uso indebido de los productos de las empresas, por lo que ha pedido a “las entidades responsables de las políticas de la UE deben abordar con urgencia estas omisiones durante las negociaciones.”
Ahora, la Comisión Europea y el Consejo Europeo abrirán las negociaciones para la conversión definitiva de la propuesta en una directiva vinculante para los Estados miembros. La versión final de la directiva deberá estar lista a finales de 2023.
Redactor jefe de Noticias Obreras
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