La Santa Sede defiende en la cumbre de la OIT la paz que se nutre de la justicia social
El secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, en su intervención en la Cumbre sobre el Mundo del Trabajo 2023, que se celebra dentro de la 111 Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, estos días, ha mostrado el apoyo del Vaticano a la propuesta de forjar una Coalición Mundial por la Justicia Social.
Todavía hoy, ha denunciado, hay “ingente cantidad de personas a merced de intereses económicos y explotación indiscriminada”, al tiempo que ha alertado de una “situación geopolítica actual caracterizada por muchos conflictos e inestabilidades”.
También ha subrayado que la pandemia de la COVID-19, al poner de manifiesto los riesgos y consecuencias inherentes a una manera de vivir dominada por el egoísmo y la cultura del despilfarro, nos planteó la disyuntiva de seguir por esa vía o iniciar un nuevo camino.
Igualmente ha planteado que, aunque la Iglesia no tiene solución para todos los problemas, “sigue comprometida en proclamar el evangelio de la paz y coopera con todas las autoridades nacionales e internacionales para salvar un bien universal inmenso, el don de la paz nutrida de la verdadera justicia social”.
Así, tras compartir el saludo enviado por el papa Francisco a los conferenciantes, ha insistido en que la Santa Sede desea que la coalición por la Justicia Social, propuesta por el director general de la OIT, “pueda contribuir a fomentar la causa de la paz”. No en vano, ha recordado que precisamente el concepto Justicia Social fue acuñado por teólogos y filósofos católicos del siglo XIX ante las míseras condiciones de vida de la población trabajadora.
“El hilo conductor que vincula a las enseñanzas de la Iglesia confirma que el compromiso con la justicia está estrechamente vinculada al compromiso de la paz” ha destacado, aprovechando su 60 aniversario, la encíclica Pacem in Terris de Juan XIII, en la que apostaba por “una paz fundada en la verdad, construida sobre los cimientos de la justicia, nutrida y animada por la caridad y llevada a efecto bajos los auspicios de la libertad”, ha sintetizado.
Así, ha proclamado que “es capital que aquellos que viven en los márgenes del mercado laboral se mantengan en el centro de nuestras mentes y corazones durante cualquier discurso o discusión política sobre justicia social”.
Para el secretario de Estado de la Santa Sede, las personas que pasan hambre, las que no tienen trabajo o lo tienen en precario, migrantes, vulnerables y marginados han de ser incluidas “como participantes activos y plenos en cualquier decisión que tomemos para garantizar una paz más segura dentro de nuestras sociedades”.
“La búsqueda de la Justicia Social nos exige que luchemos contra las causas de la pobreza, la desigualdad y la falta de trabajo y tierra, y contra aquello que niega los derechos laborales y sociales, contra la cultura que nos lleva a retirar y a arrebatar la dignidad a los otros”.
Dignidad, solidaridad y subsidiariedad
Para ello, ha pedido no sucumbir “a concepciones reduccionistas de la cuestión social”, que solo tengan en cuenta “los índices económicos y sociales” y ha ofrecido los tres pilares de la doctrina social de la Iglesia como fundamento de toda política orientada al bien común: el respeto a la dignidad humana, la solidaridad y la subsidiariedad.
La dignidad humana, de la que derivan derechos más allá de los que generados por el trabajo, implica proteger “los derechos fundamentales y el bien estar de los individuos, incluyendo sus necesidades físicas, emocionales y espirituales”, ha relatado.
La solidaridad, entendida como “la urdimbre de una verdadera relación auténtica que requiere, el sentido de la responsabilidad, y el cuidado de unos por otros, sobre todo, de aquellos marginalizados, vulnerables y que sufren injusticia”, ha de orientar la vida social, ha puntualizado.
Finalmente, ha explicado, la subsidiariedad supone una “distribución adecuada del poder” por lo que “las personas y comunidades deben tener la libertad de tomar decisiones que afectan a sus vidas” y las instituciones y autoridades “han de brindarles apoyo y asistencia cuando sea necesario”. De este modo se evita, “la concentración del poder” promoviendo “el empoderamiento y participación de las persona y comunidades a la hora de conformar y determinar su propio destino”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
