Presentada una queja a la Comisión Europea por las deficiencias del sistema de asilo
Más de 20 organizaciones especializadas en migraciones y protección internacional han registrado una queja conjunta a la Comisión Europa por las graves deficiencias para acceder al procedimiento de protección internacional en España, por entender que se está infringiendo la normativa europea de asilo.
El actual sistema para solicitar protección internacional no está dando respuesta al incremento en nuestro país de personas migrantes con derecho a acogerse al sistema de protección internacional, por lo que han de enfrentarse a grandes deficiencias y dificultades en sus proyectos vitales.
“Consideramos que se infringe la normativa europea que establece un plazo máximo de tres a seis días para que toda solicitud asilo sea registrada”, ha explicado Elena Muñoz, abogada de CEAR, quien ha detallado que “en la actualidad, depende mucho de cada provincia, pero se puedes estar meses o incluso más de un año en tener una cita de entrevista de solicitud de protección internacional”.
Después de innumerables esfuerzos para encontrar una una solución con el Ministerio del Interior, estas veintena de entidades, entre las que se encuentra Adoratrices, Andalucía Acoge, CEAR, Coordinadora de Barrios o SJIM, han decidido registrar una queja formal a la Comisión Europea.
A la falta generalizada de citas, que comenzó en 2018 y se ha agravado en los últimos años, se unen las deficiencias del sistema, sin procesos homogeneizados y sistematizados, y con una acuciante falta de recursos que afectan a todos los trámites, desde la propia manifestación del deseo de solicitar asilo a la renovación de su documentación, las notificaciones de concesión o denegación, o incluso el acceso al sistema de acogida de protección internacional.
Un limbo jurídico de derechos no reconocidos
Particularmente, se vulnera el derecho a solicitar asilo y la aplicación del principio de no devolución (Artículo 18 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE).
Suponen además la infracción del Artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre el derecho a la buena administración y del Artículo 6 de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, que estipula un plazo máximo de tres días hábiles para registrar la solicitud desde la formulación realizada por la persona solicitante.
Las organizaciones estiman que son decenas de miles de personas las que encuentran en un “limbo jurídico” que les impide acceder a los derechos reconocidos a las personas solicitantes de asilo, como el derecho a trabajar, derecho a la sanidad, derecho a la educación, derecho a prestaciones sociales, derecho a la acogida (especialmente en los casos de personas en situación de especial vulnerabilidad), entre otros.
Entidades firmantes de la queja: Adoratrices, Andalucía Acoge, Asociación Atalaya Intercultural, Asociación Claver, Asociación Loiola Etxea, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Centro Padre Lasa, CESAL, Coordinadora de Barrios, Creando Huellas, Fundación Ellacuría, Fundació Migra Studium, Fundación Red Íncola, Fundación San Juan del Castillo – Centro Pueblos Unidos, MPDL, Progestión, Provivienda, Red Acoge, SJM, SJM Almería, SJM Valencia, Sercade.
Redacción de Noticias Obreras.
