Reclaman ante la OIT reconocimiento y protección para las personas que trabajan a domicilio
Betty Lunkuse, representante de la red global de organizaciones de trabajadores a domicilio HomeNet Internacional (HNI, por sus siglas en inglés), ha pedido protección y reconocimiento a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para unos 260 millones de personas trabajadoras.
“Mientras el mundo avanza y habla de modelos económicos diferentes, nosotros seguimos luchando por recuperarnos”, ha dicho en su intervención en la 111 Conferencia Internacional del Trabajo que se celebra en Ginebra, y cuyos diálogos se centran en la promoción de la justicia social y las transiciones justas.
La trabajadora ha comenzado por detallar que “la Covid-19 también ha dejado su rastro y nuestras cadenas de suministro se han visto alteradas e incluso hoy en día no tenemos la misma cantidad de trabajo que antes”.
Lunkuse trabaja desde su casa de Uganda realizando joyas y cestas con materias naturales, pero su país no la reconoce como trabajadora ni cuenta con ninguna medida de protección. De ahí que haya reclamado, “antes que nada” a los Estados miembros de la OIT que ratifiquen el Convenio 177 de la OIT sobre el trabajo a domicilio, suscrito solo por 13 países.
Necesidad de protección social
Un estudio de la OIT del año 2019 cifraba en 260 millones el número de trabajadores desde casa en todo el mundo, aunque estimaciones más recientes sospechan que esta cantidad casi se ha duplicado.
Aunque los debates suelen centrarse en un tipo de trabajadores a distancia, aquellos empleados desde sus casas por las cadenas de suministro que proveen a las firmas de implantación mundial (unos 49 millones de personas), la activista de HomeNet, que agrupa a 1,2 millones de personas de 33 países, sobre todo del Sur, ha explicado que también hay que contar con vendedores ambulantes y basureros, por ejemplo.
El colectivo de trabajadoras desde sus domicilios, ha recalcado, “tenemos algunas necesidades comunes de protección laboral, como la protección de la maternidad para todas las trabajadoras, un lugar de trabajo libre de violencia, en el que los lugares de trabajo incluyan tanto los hogares como los espacios públicos”.
Entre sus reivindicaciones principales se encuentra el establecimiento de tarifas ajustadas al salario mínimo, y un mecanismo de reclamación al que pueden acceder sin repercusiones adversas, así como lugares de trabajo libre de violencia.
Impacto del cambio climático
Puesto que la discusión general de la Conferencia Internacional del Trabajo gira en torno a la transición justa, Lunkuse ha expuesto que la huella de carbono de su trabajo es menor que la mayoría de los asistentes al evento. “Sin embargo, el cambio climático me afecta más que a muchos de ustedes”, les ha dicho.
“En mi país, la temperatura ha aumentado, hay inundaciones y chubascos repentinos, y los humedales han pasado a manos de grandes empresas”, lo que provoca dificultades para acceder a la materia prima, aumento del precio de las mismas y disminución de los pedidos, junto con problemas de salud.
Así ha reclamado que el cambio hacia economías sostenibles reconozca “estos modelos de trabajo como empleos verdes”, que, además, “son los modelos económicos sociales y solidarios, que necesitan apoyo en forma de políticas, inversiones y formación” y que se ponga en marca “una protección social universal como mecanismo de adaptación, y permitirles hacer frente a las perturbaciones y a la transición en el mercado laboral”.
Estas medidas, desde su punto de vista, deben impulsarse con la inclusión de las organizaciones de trabajadores del empleo informal en las negociaciones colectivas, en los procesos de planificación y en la toma de decisiones sobre las cuestiones que les afectan, a través de la aplicación de la Recomendación 204.
Redactor jefe de Noticias Obreras
