El nuevo pacto fiscal europeo recibe duras críticas de los sindicatos
El Consejo de la UE ha aprobado las nuevas reglas fiscales por las que se regirán los Estado miembros a partir de ahora, una vez finalizadas las excepciones adoptadas durante la pandemia, en medio de fuertes críticas de las organizaciones sindicales europeas, que lo califican de aberrante en términos económicos y “socialmente corrosivo”.
El déficit fiscal de los Estados no podrá superar el 3% mientras que la deuda pública tendrá que situarse en el 60%. Para llegar a estos objetivos, se dispone de cuatro años de ajustes progresivos, con algunas salvaguardias.
La propuesta inicial de la Comisión Europea planteaba una reducción anual del 0,5%, pero finalmente el gobierno alemán ha conseguido elevar el ritmo al 1% si la deuda supera el 90% (del 0,5% cuando la deuda se sitúe entre el 60 y el 90%.
La senda de ajuste abarcará cuatro años, a contar desde 2025, pero podrán prolongarse tres años, en el caso de los países que se comprometan a hacer reformas e inversiones en transiciones digital y ecológica, y Seguridad, sectores estratégicos para la Unión Europea.
La Unión Europea evaluará la eficacia de los planes nacionales e iniciará la negociación con cada país, al igual que ocurre ahora con los de recuperación.
El Ejecutivo de Berlín, siguiendo su característico apego al rigor fiscal, ha logrado también sacar adelante su idea de equilibrio presupuestario, incluso si los déficits de los países son inferiores al 3%, para dejar margen ante posibles nuevas crisis.
En la reunión de los Ministerios de Economía del pasado 8 de diciembre, las autoridades francesas e italianas, cuyas economías presenta un déficit presupuestario, en ambos casos, superior al 4% del PIB este año y el que viene; y una deuda del 110% del PIB y el 140%, respectivamente, habían conseguido relajar los ajustes al 0,5% al año, en caso de las inversiones necesarias para impulsar la transición ecológica, el gasto en Defensa o el pago de altos intereses de la deuda.
La cita de ayer debía cerrar la velocidad de la reducción de déficit hasta el 1,5% (del 0,4% en general, salvo en los casos en los que los gobiernos acrediten haber realizado inversiones que podrá ser de hasta el 0,25%) y los márgenes de desviación permitidos en la regla de gasto (del 0,3% al año y de un máximo del 0,6% en el total agregado del tiempo que dure el plan de ajuste).
El gobierno francés ha logrado la aplicación de un tratamiento especial a los países que tengan un déficit superior al 3% del PIB en los primeros años de vigencia de las nuevas normas (2025, 2026 y 2027), alegando el coste disparado de los intereses de la deuda por la subida de tipos decretada por el Banco Central Europeo.
Los comentaristas que han seguido las negociaciones que ha impulsado la ministra española, Nadia Calviño, durante este semestre de presidencia española de la UE, destacan que el acuerdo resultante ha endurecido las condiciones primeras propuesta de la propia Comisión y del Parlamento Europeo. Sin llegar a satisfacer todas las exigencias de Alemania, el pacto fiscal se acerca más a Berlín que a la postura francoitaliana.
El detalle de las nuevas reglas fiscales todavía se tienen que negociar con el Parlamento Europeo –igual que ha pasado con el Pacto de Migración y Asilo. La mayoría de eurodiputados defienden planes de ajuste que permitan más flexibilidad de los gastos sociales. El acuerdo tendrá que lograrse en un tiempo récord para que los textos legales puedan ser aprobados en el pleno de la Eurocámara antes de las elecciones europeas.
A falta de concretar todos los detalles de las nuevas reglas fiscales, las organizaciones europeas de trabajadores, que la pasada semana sin ir más lejos, convocaron una manifestación en Bruselas contra lo que llaman “austeridad 2.0”, han reaccionado con malestar ante lo que consideran una vuelta a las políticas de austeridad dañinas para las familias y personas trabajadoras, la cohesión y el bienestar social y el propio desarrollo económico.
La secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos, Esther Lynch, ha advertido que “este acuerdo es una mala noticia para millones de trabajadores que luchan con el costo de vida”, entre otras razones, porque “eso significaría que los trabajadores deberán hacer sacrificios que no tendrán ningún efecto positivo en la sostenibilidad de las finanzas públicas”, y además, “dejará a Europa persiguiendo ahorros en un momento en el que necesitamos aumentar la inversión pública para lograr una transición justa hacia una economía verde y digital”.
En un tuit, la secretaria general adjunta de la Federación de Industria de la a Confederación Sindical Europea (CES-ETUC), IsabelleBarthes, ha calificado de “grave error” la decisión adoptaba. “Las personas no pueden afrontar más austeridad. Esto es una total contradicción con el Green deal (pacto Verde). La austeridad no permitirá la tan necesaria inversión verde. En tiempos de crisis permanente, no necesitamos una política de ahorro”, dice en su mensaje. Su compañera de federación sindical, Jude Kirton-Darling, en redes sociales, ha resumido su impresión del nuevo pacto fiscal con estas palabras: “Este es una locura. Económicamente aberrante y socialmente corrosivo”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
