Gobierno y agentes sociales abordan los flecos de la reforma de pensiones y protección social
Gobierno y agentes sociales han retomado la negociación sobre las reformas pendientes del sistema público de pensiones que no se abordaron en la anterior legislatura, como la regulación de la jubilación parcial y el contrato de relevo, el retiro anticipado, y la protección a los fijos discontinuos.
Después de que el pasado 18 de diciembre, la titular del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, recibiera a los máximos responsables de las organizaciones sindicales y empresariales mayoritarias, para presentarles sus priroidades, ayer le tocó a los equipos negociadores verse las caras para definir las materias a abordar.
El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez pudo intercambiar puntos de vista, sin documentos por escrito, de momento, con la directora de Relaciones Laborales de CEOE, Rosa Santos; la directora del departamento Sociolaboral de Cepyme, Teresa Díaz de Terán; el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, y el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, entro otros.
La idea del ministerio es mantener cada dos o tres semanas reuniones de este tipo, a ser posible, los lunes, en torno a las propuestas del Gobierno y las modificaciones que los agentes sociales le trasladen, con vistas a llevar al Consejo de Ministro de los martes los posibles acuerdos. De hecho, el siguiente encuentro se prevé en torno al 29 de enero.
Entre los asuntos que se pusieron ayer sobre la mesa destaca el acceso a la jubilación anticipada de las personas con ocupaciones penosas o peligrosasa, como las camareras de piso, las kellys, pero también las auxiliares de clínica y de residencias, la determinación de los coeficientes reductores correspondientes, así como una nueva reglamentación de la jubilación parcial asociada al contrato de relevo, en la que todavía pesan los recortes introducidos en 2013, con la reforma del PP.
Los sindicatos, además, han planteado la necesidad de una mayor protección social para los fijos discontinuos, así como la mejora de la gestión del Ingreso Mínimo Vital y la creación de un observatorio de la prestación por cese de actividad de los autónomos y el desarrollo de su sistema de cotización por ingresos reales.
Además, reclaman reconocer el derecho a cotizar a la Seguridad Social en el caso de las prácticas no laborables extracurriculares, no obligatorias para obtener la titulación pueden completar la formación del alumado, que no se contemplaron en el llamado estatuto del becario.
Por su parte, el empresariado insiste en aumentar la capacidad de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social para gestinoar la incapacidad temporal, como figura en el último Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).
La pretensión de la patronal viene de lejos, su objetivo es que las muturas puedan supervisar las bajas por enfermedad común, para agilizar las altas. Pero la representación de los trabajadores se remiten a la literalidad del acuerdo, que habla de de “analizar” y “estudiar” la situación, así como a reforzar las acutaciones para “proteger la salud de las personas trabajadoras y así reducir el número de procesos y su duración, incluido el seguimiento y evaluación de dichas actuaciones”.
A lo más que se llega es a “a instar a las administraciones con competencias en la materia a desarrollar convenios con dichas Mutuas, encaminados a realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de Incapaciadad Temporal por contingencias comunes de origen traumatológico”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
