El campo espera su convenio colectivo
Además de las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos, el campo español afronta la negociación de su convenio colectivo. El próximo 29 de febrero, vuelve a reunirse la mesa que negocia el I Convenio Estatal del sector.
Desde CCOO y UGT han mostrado sus reticencias por los modos utilizados por agricultores y ganadores, con tractoradas y cortes de carreteras, al tiempo que han pedido a los convocantes de las protestas que concreten sus reivindicaciones sin caer en proclamas genéricas.
Ecologistas en acción no tuvo reparos en afear las declaraciones de ciertas entidades agrarias que achacan los males del campo a “la transición ecológica, la Agenda 2030, la reducción de los plaguicidas o el mantenimiento del barbecho”. “No son aceptables ni razonables. Lejos de ser el problema, son en realidad parte de la solución y del futuro de una agricultura sostenible, saludable y justa”, decía la organización ambientalista.
Para Ecologistas en acción, “mantener un sector agrario potente pasa por adaptarse al cambio climático y por colaborar en la conservación de la biodiversidad. Pasa por ayudar realmente al sector ecológico y regenerativo a ser viable; por potenciar el mercado de proximidad y las prácticas agrarias que generan vida y no la matan”.
Desde esta organización, las causas del malestar en el campo tienen más que ver con “el sistema de producción imperante, intensivo y orientado a la exportación” que “ha provocado una pérdida de fertilidad de los suelos”; la cadena de distribución y los acuerdos de comercio e inversiones.
Los sindicatos de trabajadores se han mostrado a favor de “un diálogo social fuerte y el desarrollo de la ley de la cadena alimentaria para garantizar su efectiva aplicación”, en medio de la movilización que están llevando a cabo diferentes organizaciones de agricultores.
Consideran que la ley de la cadena alimentaria es una buena herramienta para garantizar la sostenibilidad del sector y la justicia social, porque podría evitar prácticas abusivas y desleales de determinadas empresas comercializadoras y distribuidoras.
Ante las escasas sanciones y actuaciones, apuestan por más recursos para que esta ley que prohíbe vender a pérdidas pueda tener la capacidad de control y sanción. Algo que a lo que parece dispuesto el ministro de Agricultura, Luis Planas, quién anuncio la creación de una agencia con rango estatal para vigilar el cumplimiento de esta ley.
También ha propuesto a las organizaciones agrarias proponer a la Unión Europea que eleve los controles en las exportaciones, prohíba la entrada de productos con sustancias fitosanitarias prohibidas y flexibilice la Política Agraria Común (PAC).
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, por ejemplo, defendió la necesidad de trasladar las reivindicaciones de los agricultores y llevarlas a la Unión Europea, consciente de que las elecciones europeas “son un buen momento para poder hablar de las políticas agrarias”. Además, instaba a reforzar los controles sobre la cadena alimentaria. “Hacemos muchas leyes y luego es muy difícil que se pueda comprobar que se cumplan”, denunciaba el dirigente sindical.
Por su parte, Unai Sordo, de CCOO, se mostró a favor de condiciones más equilibradas en los acuerdos exteriores de la Unión Europea con otras áreas del mundo, como África, América Latina, Asia o Estados Unidos. En su opinión, los problemas del campo “trascienden clarísimamente de un Estado”.
Así comentó que todo aquel acuerdo de libre comercio entre Europa y cualquier otra parte del mundo, en este caso de productos agrarios, debe tener unos niveles mínimos de cumplimiento de una serie de normas, de carácter laboral o de carácter sanitario.
Pero los sindicatos de trabajadores y trabajadoras insisten en que, para mejorar la situación del campo, “no se puede obviar al eslabón más débil, las personas asalariadas del sector”. Son más de 700.000 las personas que trabajan en el campo español.
En concreto, la agricultura ocupa a 752.200 personas según la última Encuesta de Población Activa (EPA), que indica que en 2022 este sector registró un descenso de 86.900 trabajadores y una bajada del paro del 9,6 %.
Sin embargo, los avances en leyes y convenios colectivos no terminan de concretarse. Según denuncian las organizaciones de trabajadores, se mantiene “el incumplimiento sistemático de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional”.
De hecho, los sindicatos CCOO de Industria y UGT FICA llevan ya varios meses reuniéndose con la CEOE, que representa a las organizaciones patronales de Asaja, FEPEX y el Comité de Gestión de Cítricos, para negociar el I Convenio Estatal del Campo.
De conseguirse sería el primer acuerdo sectorial para todo el país para regular materias laborales nuevas no negociadas en convenios de ámbito inferior y extender la negociación colectiva a aquellos ámbitos territoriales donde no existe convenio agropecuario
Para la representación de los trabajadores y las trabajadoras, las dificultades a las que se enfrentan los empresarios agrícolas no pueden achacarse a la subida del salario mínimo, sino a cómo se configuran los precios y al impacto que tienen en el salario de las personas trabajadoras.
Desde el 11 de enero no se ha producido ningún avance, por las discrepancias que surgieron en torno a la inminente subida del salario mínimo interprofesional, que afecta a la mayoría de las categorías de casi todos los convenios del campo. Los sindicatos aspiran a aglutinar en un convenio nacional las relaciones laborales agrícolas, que hasta la fecha están “sectorizadas”.
Por su parte, los sindicatos han mostrado su disposición a debatir y a regular determinadas figuras contractuales para mejorar la adaptabilidad del sector agrario y a pactar con el empresariado fórmulas que mejoren los salarios, las condiciones laborales, la empleabilidad y la falta puntual de personas trabajadoras.
Sin embargo, la organización profesional agraria ASAJA se ha opuesto en público a trasladar la subida del salario mínimo debido a que, en su opinión, supondría un coste más que sumar a los ya de por sí precios desorbitados de los insumos, que no dejaría margen de maniobra a las explotaciones agrarias.
Con todo, la organización agraria estaría dispuesta a debatir las subidas salariales si el empresariado recibiera algún tipo de compensación o ayuda para afrontar sus costes, en forma de reducción de las cotizaciones o los impuestos.
Redactor jefe de Noticias Obreras
