Paro, precariedad y desprotección intensifica la vulnerabilidad de la población en exclusión social

Paro, precariedad y desprotección intensifica la vulnerabilidad de la población en exclusión social
Las consecuencia de la pandemia “han sido especialmente graves para quienes ya se encontraban en situación de vulnerabilidad y que se ha traducido en un incremento de la brecha social”, según indica Raúl Flores, coordinador de Estudios de Cáritas.

El paro, la precariedad laboral y la desprotección social están haciendo estragos en quienes ya padecían una situación de extrema precariedad, antes de la pandemia. Más de medio millón de personas han acudido a Cáritas por primera vez o después de tiempo sin hacerlo.

Más de la mitad de la población atendida por Cáritas está en situación de desempleo. Cuatro de cada diez trabajadores se han visto conducidos al empleo parcial. Siete de cada diez afirman que cumplir con la cuarentena sanitaria podría significar el despido o la pérdida de ingresos.

“En un sistema social donde gran parte de las opciones de integración pasan por un buen empleo, es un derecho del que se está privando a estas personas”, ha afirmado Raúl Flores. Las dificultades en el ámbito laboral han supuesto que más de 825.000 personas acompañadas por Cáritas estén en situación de pobreza severa, es decir, con ingresos inferiores a 370 euros al mes para un hogar unipersonal o a 776 euros para familias compuestas por dos adultos y dos niños.

El 46 % de los los hogares en pobreza severa está formado por familias donde uno de sus miembros tiene empleo, porcentaje que llega a casi el 60% si se trata de un empleo en la economía informal.

En medio de este drama, solo el 3,6% de las familias atendidas por Cáritas está cobrando en la actualidad el ingreso mínimo vital, al tiempo que el 39% de las familias que percibían la renta autonómica de inserción han dejado de hacerlo.

Antes de la irrupción de la COVID-19, “nos encontrábamos con un mercado laboral frágil y precarizado, con un acceso a la vivienda complicado para personas con rentas bajas y con un modelo de sociedad donde la vulnerabilidad se extendía a un elevado porcentaje de los ciudadanos”, ha afirmado la secretaria general de Cáritas Española Natalia Peiro.

Son datos del último Informe del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Española, presentado junto con la memoria de actividades de Cáritas Española. En este contexto, Raúl Flores, ha afirmado que las consecuencia de la pandemia “han sido especialmente graves para quienes ya se encontraban en situación de vulnerabilidad y que se ha traducido en un incremento de la brecha social”. Según el informe, 258.000 personas acompañadas por Cáritas viven en hogares que no cuentan con ningún ingreso económico; es decir, son 75.000 personas más que antes del comienzo de esta crisis.

De las población que ha tenido que recurrir a la organización humanitaria de la Iglesia de España, alrededor de 700.000 personas viven en hogares que no pueden hacer frente a los gastos de suministros de su vivienda. De ella, el 16% de las familias (cerca de 77.000) se han visto obligadas a cambiar de residencia para disminuir los gastos. Para casi el 45% de los hogares atendidos afrontar los gastos derivados de la vivienda suponen una grave dificultad.

A pesar de que el “escudo social” diseñado para afrontar el parón y la ralentización de la actividad económica,  ha amortiguado algo el golpe entre quienes cumplen los requisitos para acceder a la protección social, la escasa capacidad redistributiva de las políticas públicas de España, junto con la debilidad de una administración pública exhausta, explicaría el abismo en el que se encuentra la población más vulnerable.

La respuesta de emergencia, a veces en condiciones de distanciamiento social que ha obligado al personal y voluntarios a cambiar sus modos de actuación, está siendo posible también gracias a una corriente de solidaridad protagonizada por 70.666 donantes, de los que 3.572 son empresas e instituciones, que han aportado en conjunto unos 65 millones de euros (6,5 millones en especie). 41 millones de euros se han destinado a ayudas de emergencia, 3,3 millones a infancia vulnerable y cerca de 1 millón a material sanitario y de protección.

En 2019, antes de la pandemia, el 18,4% de la población en España (8,5 millones de personas) se encontraba en situación de exclusión social, de los que más de 4 millones de personas estaban en situación de exclusión social severa” (VIII Informe FOESSA). En ese mismo año, Cáritas acompañaba ya a más de 1,4 millones de personas dentro de toda España y a 1 millón más en los países empobrecidos. Unas 500.000 personas han tenido que recurrir por primera vez a la organización, o lo han vuelto a hacer tras tiempo sin hacerlo, a raíz de la COVID-19.