Ley del Clima: poca ambición y demasiadas concesiones

Ley del Clima: poca ambición y demasiadas concesiones
La Comisión de Transición Ecológica ha aprobado la Ley de Cambio Climático de España que pasa ahora al Senado. Las organizaciones de trabajadores, así como ecologistas, critican la falta de ambición y concreción de una legislación, por otra parte, más que necesaria.

Tras 700 enmiendas, la ley ha recibido el voto a favor de ERC, Bildu, PNV y Teruel Existe, además de los partidos que forman el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos. Más País-Equo se ha abstenido al entender que el proyecto era “poco ambicioso”, mientras que Vox, que niega calentamiento alguno del planeta, ha votado en contra.

Aunque el objetivo es permitir a nuestro país reducir la emisión de gases de efecto invernadero hasta los niveles comprometidos en los acuerdos internacionales, estos se reducirán en, al menos, un 23% respecto a 1990, cuando, como indica Greenpeace, debería haberse establecido una reducción del 55%, de acuerdo con la capacidad y responsabilidad de nuestro país y el compromiso adquirido por la Unión Europea. Por el mismo motivo, la organización considera que el objetivo de cero emisiones netas debería haberse adelantado a 2040 en vez de 2050.

Empleo e igualdad

Para UGT, ahora es de esperar que aspectos como la Transición Justa, la creación de un Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética o el desarrollo de energías renovables sean potenciados teniendo en cuenta la perspectiva social, el empleo y la igualdad. Solo así, la transición ecológica será “una transformación sin precedentes a nivel global que cree un sistema productivo y una sociedad más justa gracias al diálogo social”.

El sindicato critica abiertamente que las medidas de descarbonización y de adaptación al cambio climático, por el momento, no cuenten con los recursos, la planificación y la anticipación necesarias para evitar que nadie se quede en el camino y pide tener en cuenta a los sectores y colectivos más vulnerables, en los territorios afectados y en los trabajadores y las trabajadoras.

Mariano Sanz, secretario de Medio Ambiente de CCOO, también esperaba que la ley apuntara más alto, aunque considera que marca valores mínimos que pueden ser revisados para acometer reducciones mayores. En su opinión, “lo importante es que esta ley da cobertura jurídica y supone un impulso a procesos abiertos, como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima o la Estrategia de Transición Justa”.

Evitar que paguen los trabajadores

Ahora hay que afinar en el diseño y planificación de cambios, en la adopción de medidas sociales, de apoyo, formación y recapacitación de los sectores y trabajadores afectados y en el control de las inversiones y proyectos, según su punto de vista. “Hay que evitar que sean los trabajadores los que paguen por segunda vez una crisis más, alcanzando el consenso entre las empresas, las instituciones y los agentes sociales. Sin justicia social, no puede haber transición justa”, defiende Sanz, quien no obstante espera que de aquí a la aprobación definitiva de la ley se mejore con nuevas enmiendas.

Las organizaciones ecologistas también han denunciado la poca ambición de una ley que juzgan “necesaria pero insuficiente” para impulsar un verdadero cambio. Ecologistas en Acción estima “inadmisible” que se le dé el mismo tratamiento a los combustibles utilizado por el transporte aéreo que a los del terrestre, ya que este último “se debe descarbonizar bajo los principios de reducción de la demanda”. La ley, en su opinión, “sigue sin abordar con profundidad la necesidad de una mayor reducción del consumo energético y una correcta planificación de las medidas necesarias especialmente en el cambio del mercado laboral”.

Además critica la falta de un calendario de cierre de sectores incompatibles con la transición energética y de mecanismo para la planificación ordenada, coherente y con el menor impacto posible de las medidas incluidas en la ley. También UGT, reitera “la importancia de una planificación adecuada, incidiendo especialmente en los potenciales impactos negativos en la biodiversidad y en la sociedad (especialmente en entornos rurales)”.

“Estamos en un momento crucial para que la recuperación del país pueda avanzar con una transición compatible con el 1,5º. La lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad tienen que estar en el centro de todas las políticas. Descarbonizar la economía española exige radicalidad política y ambición legislativa”, ha declarado Cecilia Carballo, directora de Programas de Greenpeace.

 

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