Organizaciones sociales reclaman al Gobierno reformar el Reglamento de Extranjería para proteger a las personas migrantes

Organizaciones sociales reclaman al Gobierno reformar el Reglamento de Extranjería para proteger a las personas migrantes
FOTO | FG Guerrero, EFE
ACCEM, Acoge Andalucía, Cáritas, CEAR, CEPAIM y Red Acoge estiman que medio millón de personas no pueden ejercer sus derechos por no cumplir un requisito administrativo.

Las seis entidades sociales que reclaman al Gobierno la reforma del Reglamento de Extranjería, lo han hecho en la reunión mantenida hoy con Santiago Yerga, director general de Migraciones, dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones. Esta propuesta conjunta de reforma “urgente” es debido “a la creciente situación de desprotección de miles de personas extranjeras que viven en nuestro país y que se ha visto agudizada a causa de la Covid-19”.

Ausencia de derechos y aumento de la exclusión

La ley de extranjería y su reglamento establecen un sistema progresivo de acceso a los derechos y libertades, que reconoce el derecho de todas las personas extranjeras que viven en España a la libre circulación por territorio nacional, la salud, la educación y la protección social… Las estimaciones más optimistas señalan que alrededor de medio millón de personas no pueden ejercer sus derechos por “no cumplir con un requisito administrativo, como no tener más de tres años de residencia en España o no contar con un contrato de trabajo de más de un año de duración a jornada completa”.

Para estas organizaciones sociales, los principales obstáculos detectados están en el desarrollo del reglamento que ha quedado obsoleto por los cambios en la realidad socioeconómica y laboral pero que “condiciona la regularidad administrativa al cumplimiento” de viejos criterios y que tiene como consecuencia un alto porcentaje de exclusión de la población migrante” y una clara carencia de integración y acogida.

Flexibilizar y simplificar varios supuestos del Reglamento

En este sentido, han señalado a la dirección general de Migraciones “la urgencia de simplificar y flexibilizar determinados supuestos del Reglamento” y evitar la ausencia de derechos y el aumento de la exclusión. Concretamente en la adecuación de la normativa interna a los estándares internaciones de derechos humanos; el establecimiento de vías legales y seguras; las autorizaciones de residencia y trabajo; y el problema de la irregularidad sobrevenida.

“Ninguna sociedad puede desarrollar su verdadero potencial cuando hay obstáculos jurídicos o políticos que impiden a sectores enteros de la población contribuir a esa sociedad, como es el caso de la población migrante”, subrayan.

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