Entidades por el derecho a la vivienda exigen ampliar y mejorar la moratoria antidesahucios

Entidades por el derecho a la vivienda exigen ampliar y mejorar la moratoria antidesahucios
Las entidades que forman parte de Plataforma Iniciativa por una Ley que Garantice el Derecho a la Vivienda han pedido hoy, en el Congreso, la ampliación de la moratoria antidesahucios, que finaliza el próximo 9 de agosto.

En concreto, la Iniciativa por una Ley que Garantice el Derecho a la Vivienda, apoyada por, además de la PAH, sindicatos de inquilinos o Nadie si hogar, casi un centenar de colectivos entre los que se encuentran los sindicatos y la Juventud Obrera Cristiana (JOC), piden la extensión de la paralización de los desahucios y de la interrupción de los suministros básicos, hasta entrada en vigor de la prometida ley estatal de Vivienda.

“Los juzgados acumulan miles de procedimientos ya concluidos, pendientes de que se levante esa protección para ejecutar sus desahucios, y los decretos caducan el próximo 9 de agosto, lo que, si no se remedia, provocará un tsunami de desahucios”, advierte la PAH. Algunos cálculos cifra en 26.000 los desahucios que se avecinan.

Aunque el paquete de medidas excepcionales para prevenir la COVID-19, no ha evitado que se produzcan 11.000 desahucios en el primer trimestre de 2021, según datos del CGPJ, los desalojos podrían aumentar trágicamente en los próximos meses, si no se prorroga la moratoria actual.

No hay que olvidar que por este motivo se han suicidado dos personas recientemente y que hoy mismo, uno de los denominados fondos “buitre”, Cerberus, ha conseguido la orden de un juez para proceder al desahucio de una familia con cuatro menores en uno de los barrios más empobrecidos de Madrid.

En opinión de la plataforma contra los desahucios, falla la legislación, por lo que es imprescindible ampliar la prohibición de desahucio más allá de los supuestos actuales, pero también falla la justicia, por lo que hay que conseguir que los jueces, cumpliendo el espíritu protector de ley, unifiquen sus prácticas y, en caso de duda, se abstenga de desahuciar, solicitando, si llega el caso, a las personas amenazadas la documentación que pueda faltar.