El curso escolar arranca con falta de personal y excesiva temporalidad

El curso escolar arranca con falta de personal y excesiva temporalidad
El curso escolar ha comenzado sin suficientes garantías para afrontar la etapa pospandémica, ni recursos para el desarrollo adecuado de la LOMLOE o la nueva Ley de Formación Profesional, según denuncian los sindicatos.

Los cálculos apuntan a que faltarían algo más de 58.800 docentes para asegurar una presencialidad total con garantías de atención educativa de calidad y equidad para todo el alumnado. Para el secretario general de CCOO, Unai Sordo, volver a los ratios de alumnado previos a la pandemia es una mala decisión. “Aunque el balance de la presencialidad segura es bueno, los recursos no terminaron de garantizar los ratios de alumnos que planteábamos desde el sindicato”, ha añadido, en la presentación del Informe de Inicio de Curso 2021-2022, junto al secretario general de la Federación de Enseñanza, Francisco García.

Tampoco parecer resuelto el problema de temporalidad en la educación, donde roza el 30% de las plantillas, sin tener en cuenta las contrataciones docentes extra durante la pandemia, muy lejos del 8% contemplado para 2024 en el Acuerdo de plan de choque para reducir la temporalidad en las administraciones públicas.

En la actualidad, hay 145.412 interinos entre el profesorado de la Enseñanza Pública y para reducir la temporalidad hasta el 8%, sumando las jubilaciones que va a haber, se tendrían que convocar 125.685 plazas de profesores y profesoras.

CCOO critica también que el “el Gobierno dota de fondos a las comunidades autónomas, pero a la vez se acuerda rebajar los requisitos, lo que provoca una situación de difícil explicación”, incide el documento. Además, censura que los 13.500 millones de euros de los fondos de emergencia para Educación no están acompañados de “criterios y requisitos mínimos obligatorios”, por lo que augura “un importante desequilibrio en el sistema educativo, ya que habrá autonomías con distintas velocidades a la hora de invertir e implementar medidas”.

García ha explicado que las medidas barajadas suponen incrementarán la inversión en educación en torno al 5% del PIB, lejos de lo que destinan otros países de nuestro entorno.

Para este sindicato, “las mejoras educativas son urgentes y deben convertirse en estructurales” , más aún si se aspira a reducir el impacto educativo de la pandemia en el alumnado, sobre todo, más vulnerable. “No es el momento de recortar esos recursos, ni materiales ni personales –manifiestan desde el sindicato–, sino de incrementarlos y de mejorar las condiciones del profesorado y del Personal de Administración y Servicios (PAS) educativo para gestionar la complicada situación de este curso y los venideros con todas las garantías de seguridad, equidad, inclusividad y calidad educativa”.

Unai Sordo ha aprovechado para indicar que “España no debe permitirse un sistema público de educación que acabe siendo una especie de gueto en el que cada vez más parte de la población pretenda huir porque se destinen recursos a una red concentrada que oferte una educación de mayor calidad”.

Además ha destacado la situación de la formación profesional. De hecho, ha instado a incrementar de forma decisiva la oferta pública en formación profesional. “No habrá Ley de FP óptima que pueda suplir las deficiencias de financiación de una red suficiente de centros públicos de FP integrada. Queremos hacer ese llamamiento al Gobierno”, ha remarcado,

Al tiempo, ha denunciado que se ha incrementado en más de un 25% el alumnado de formación profesional de grado medio en centros privados y solo un 4,7% el de los centros públicos. Por su parte, la formación profesional de grado superior ha registrado un incremento de la matriculación del 67% en los centros privados, frente al 18,7% de los públicos.