Entidades sociales piden frenar la exclusión financiera de familias y pequeñas empresas

Entidades sociales piden frenar la exclusión financiera de familias y pequeñas empresas
Personas, familias, pequeños empresarios y autónomos están siendo excluidos de los servicios bancarios y financieros necesarios para la vida personal y empresarial. El negocio bancario se ha orientado hacia las grandes operaciones especulativas, desatendiendo a la ciudadanía y el tejido productivo de menor tamaño.

Cuatro grupos financieros de nuestro país van camino de controlar el 80% del activo bancario. Antes de la fusión entre Caixabank y Bankia, la concentración bancaria en nuestro país era del 28%, por encima de la media europea.

Con la desaparición de las cajas de ahorro, los bancos de desarrollo local y la retirada del Estado de la intermediación bancaria se ha eliminado una red que sí existe en otros países. En Alemania, se mantienen las Sparkassen. En Francia, hay un un extenso sistema de bancos, cajas de ahorros, cooperativas y mutualidades de créditos. En Finlandia, cuentan con el OP Financial Group que reúne a 180 cooperativas.

En España, en los últimos 10 años se han cerrado un 50% de las más de 45.000 sucursales que había a fines de 2008, a las que se sumarán en breve las 1.300 que Caixabank va a cerrar. Más de 4.000 municipios no tienen oficina bancaria. Más de 100.000 empleados de banca han perdido su trabajo y en breve lo harán otros 6.500 de Caixabank y Bankia.

Cajeros, tarjetas y medios digitales

Los cobros y pagos a través de cajeros, medios digitales y tarjetas se están haciendo obligatorios, mientras que las empresas de telefonía, electricidad y otros han dejado de aceptar los pagos en metálico. Hasta la Administración exige el pago de tributos, impuestos y tasas a través de firmas privadas y en muchos casos exige contar con cuentas corrientes en entidades que cobran al usuario. Las transacciones con billetes y monedas se usan cada vez menos.

El acceso físico a las sucursales que quedan tampoco es fácil, ya que existe un sinfín de requisitos previos para ser atendido de modo presencial. La ciudadanía más vulnerable sin acceso a las tecnologías digitales o los habitantes de la España vaciada donde la conectividad dejar mucho que desear queda desatendida sin remedio.

Las personas con menos recursos, además, tienen que hacer frente al coste de las comisiones bancarias, mientras que los clientes preferentes gozan de exenciones y bonificaciones. La falta de competencia bancaria convierte a los clientes de los servicios bancarios en rehenes de estas compañías.

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Fondos de inversión

En la actualidad la banca se ha centrado en actividades especulativas y desprecia los depósitos y ahorros de las personas, familias y empresas. Acceden a los créditos de los bancos centrales en condiciones muy ventajosas para colocarlos en fondos de inversión especulativos. Las pequeños empresas están obligadas a aceptar tipos de interés más altos que en el resto de Europa, mientras que las grandes empresas se financian a través de la deuda corporativa.

Ante este panorama, una veintena de entidades sociales, entre las que se encuentran los sindicatos CCOO, UGT, USO, asociaciones de vecinos y de consumidores, ATTAC y Economistas sin Fronteras y Economistas contra la Crisis, además de la plataforma por una banca pública, han creado la Plataforma contra la Exclusión Financiera.

Recomponer la banca minorista y promover entidades éticas y democráticas

En un manifiesto que han hecho público exponen que para “frenar en seco el proceso de exclusión financiera en curso” se debe “recomponer servicios de una banca minorista, de depósitos y de desarrollo local a partir de instituciones y agencias financieras (todavía algunas de titularidad pública) garantizando la presencia de las cajas rurales y otras cooperativas de crédito, o de servicios a los ciudadanos, como Correos o el ICO y otras de menor envergadura como las existentes en algunas autonomías”.

Además, consideran necesario la acción de “la iniciativa pública para recuperar la banca minorista y de servicios para las personas, las familias, los profesionales, los pequeños empresarios y los autónomos”, así como la regulación bancaria con criterios éticos y de interés social y el apoyo a “la construcción por parte de la ciudadanía autoorganizada de un sector bancario social, ético, alternativo y democrático” y “la formulación inmediata de un plan integrado de reconstrucción de un polo de Banca Pública”.

 

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