La temporalidad laboral se traduce en vidas inestables y aplazadas

La temporalidad laboral se traduce en vidas inestables y aplazadas
La inestabilidad laboral, lejos de conseguir el pleno empleo, ha supuesto más precariedad para las personas trabajadoras, mas desigualdad para la sociedad y menos productividad para las empresas.

Son las principales conclusiones del estudio “Los costes económicos y sociales de la inestabilidad en el empleo y las reformas laborales de 2010 y 2012”.

La temporalidad se “ha metabolizado por parte de los trabajadores y las trabajadoras en vidas inestables y aplazadas”, ha denunciado Carlos Martín, responsable del informe sobre temporalidad presentado por CCOO.

Las consecuencias de la inestabilidad en el empleo, descritas en el estudio, son bajos salarios, dificultad de acceso a la vivienda, emancipación tardía y aplazamiento de eventos importantes en la vida como tener descendencia, mayor incidencia de los accidentes de trabajo, efecto negativo en el bienestar, y una distribución de la renta y la riqueza muy desigual.

Según el estudio, 4,4 millones de trabajadores en España se reparten 20,3 millones de contratos temporales, lo que elevaba la tasa de temporalidad en el empleo al 26,6%, nada menos que 11 puntos por encima de la media europea.

Martín ha explicado que se han utilizado los datos del año 2019 para evitar el efecto de la pandemia, pero también para no contar con el efecto amortiguador de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, a los que se ha recurrido para gestionar la crisis actual.

Lo más grave es que la temporalidad no responde a ninguno de los tópicos utilizados para justificarla, como el tamaño de las empresas, la naturaleza de la actividad económica o el peso de algunos sectores productivos. Hasta el sector público de España registra una temporalidad significativamente mayor que el de los países de nuestro entorno.

Tampoco el contrato temporal sirve de puerta de entrada al mercado de trabajo, ya que, si bien es cierto que afecta mucho más a jóvenes y mujeres, también los grupos de trabajadores de 40 a 49 años de edad y los de más de 50 padecen mayor inestabilidad que sus compañeros europeos, con una tasa de temporalidad del 21% y 15% respectivamente.

La temporalidad como anomalía

De hecho, para Martín, la alta temporalidad “es una de las principales anomalías de nuestro mercado laboral y nuestra economía, junto con la baja contribución fiscal, con respecto a Europa, que explican muchas de las cosas malas que nos pasan”.

En su opinión, el uso más intensivo de la contratación temporal en España “se debe a un elevado fraude en la contratación que requiere de mayores sanciones y un recorte de las causas que justifican los dos contratos que implican el 91% de la temporalidad: el eventual por circunstancias de la producción y el de obra y servicio”.

Es más, ha señalado, “incluso si eliminásemos el fraude en la contratación se seguirían pudiendo hacer muchísimos contratos temporales dentro de la legalidad y tener una alta temporalidad mucho más alta que la de Europa”.

Pero si los costes sociales de este modelo ultraflexible de relaciones laborales son altísimos también lo son para la economía y las empresas, al fomentar la externalización de las actividades productivas y el menor tamaño de las empresas, la ruptura de los procesos formativos de los trabajadores y la promoción de actividades menos productivas.

Menos riesgos y menos productividad

En opinión del experto sindicalista, la facilidad de la contratación temporal actúa como “un incentivo a que se generen actividades menos productivas, donde el beneficio se obtiene, no invirtiendo, arriesgando y generando cada vez más valor, sino recortando las condiciones de trabajo”.

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El esfuerzo inversor ha ido cayendo en todos los países europeos, pero más en España, por lo que los incrementos de productividad cada vez son menores y se estancan. Lo que sí ha aumentado han sido los márgenes de beneficio, los excedentes empresariales obtenidos después de pagar salarios, insumos, dividendos e impuestos, principalmente a costa de la devaluación salarial promovida por las reformas laborales de 2010 y 2012.

Los salarios once años después de la crisis de la burbuja inmobiliaria no han recuperado su poder de compra. El índice de precios del trabajo, que se elabora a partir de una “cesta fija” de puestos de trabajo, en el año 2019 era un 6,2% inferior en términos de poder de compra al del 2008.

Según los cálculos del sindicato, solo en el año 2020, unos 261.000 millones de euros “se han sacado de la economía real y se han dedicado a autocartera (compra de acciones de la propia empresa para mantener y aumentar su valor) y activos financieros”.

Otra vuelta de tuerca más

Las últimas reformas laborales, en opinión, de Martín ha sido “otra vuelta de tuerca más para generar dinamismo económico a través de la precarización de las condiciones de trabajo”, de tal forma que nuestro país está muy lejos de la “flexiseguridad” de la que tanto se habla en Europa.

Nuestro modelo de relaciones laborales se ha ido configurando, desde la década de los años 80 del siglo XX, cuando se empezó a introducir la flexibilidad en la contratación, bajo la premisa de que “trasladar el riesgo de generar un puesto de trabajo del empresario al trabajador iba a generar más puestos de trabajo y acercarnos al pleno empleo”.

Pues bien, ha concluido, “36 años después de este mecanismo, ni siquiera hemos llegado al pleno empleo precario”. “Es igual que bajar los impuestos a los ricos, no conduce a una economía más distributiva, no hay ese goteo hacia los de abajo”, ha añadido. “Lo que sí provoca en los trabajadores la asimilación de ese riesgo son vidas inestables y aplazadas y una economía menos productiva”.

Buenos datos de empleo que no ocultan la temporalidad

En la presentación de este estudio también ha participado la secretaría de Acción Sindical y Empleo de CCOO, Mari Cruz Vicente, que ha aprovechado para comentar los datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de noviembre, el mejor de la serie histórica desestacionalizada.

Estos datos “incuestionablemente buenos” demuestran, para la sindicalista, que las medidas acordadas en el ámbito del diálogo social para afrontar la crisis de la COVID-19 eran “las medidas necesarias y adecuadas” y que la subida del salario mínimo interprofesional ha resultado ser “una medida que fomenta la creación de empleo”.

Sin embargo, ha advertido, “seguimos teniendo un problema muy importante en relación a la calidad del empleo que se crea”, por lo que ha apostado por “buscar el mayor acuerdo posible” para consensuar el nuevo marco de relaciones laborales. “Sería un mensaje positivo para la sociedad, que gobiernos, empresarios y sindicatos apostáramos por la calidad del empleo”, ha defendido.

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