El movimiento por el derecho a la vivienda critica al PSOE por presentar una “ley de paja”
La plataforma Iniciativa Ley Vivienda ha levantado hoy “un barrio de cartón” frente al Congreso para exigir una legislación que realmente garantice el derecho a techo, en el día en que se reactiva la tramitación de la ley llamada a garantizar el derecho constitucional a disponer de un hogar digno.
El Congreso ha abierto la Ponencia de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para retomar la Ley de vivienda que según los planes del Gobierno será aprobada en el mes de marzo. A pesar de que se encuentra ya en su fase final, el texto sigue sin incluir las reivindicaciones fundamentales del movimiento por el derecho a una vivienda digna.
Según Miki Carrera, portavoz del Movimiento Nadie Sin Hogar y coportavoz de la Iniciativa por una Ley que garantice el Derecho a la Vivienda, “el PSOE pretende aprobar una ley de vivienda llena de trampas. Los artículos 1.1, 7.1 y 8.1 agujerean cualquier garantía judicial para el derecho a la vivienda. Y como los malos tramposos, Sánchez pretende esconder en la letra pequeña de la disposición final 5° el desalojo sin alternativa habitacional”.
Este activista ha pedido en concreto a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que “se involucren personalmente para cambiar la ley en los puntos señalados y blindar sin fisuras el derecho a la vivienda”.
Para las entidades que forman la Iniciativa Ley de Vivienda, el proyecto actual no pasa de ser una “ley de paja” en cuya elaboración, a pesar de las movilizaciones y negociaciones, no se han tenido en cuenta las opiniones de la sociedad civil. Desde su punto de vista falta mucho para que la Ley por el Derecho a la Vivienda resulte realmente “un instrumento útil que permita el acceso a este bien de primerísima necesidad, con independencia del nivel de renta de cada persona, que acabe con el sinhogarismo y que, tal y como la Constitución mandata, impida o limite seriamente la especulación”.
Derecho frente a especulación
La plataforma entiende que el PSOE rechaza sus propuestas, en línea con los intereses de la banca, los fondos buitre, las constructoras y las derechas. “Ahora debe elegir entre seguir facilitando la avaricia especuladora o proteger a la población de una crisis habitacional que lleva años generando una enorme angustia y sufrimiento a cientos de miles personas”, advierten.
Así, desde la iniciativa Ley de Vivienda insisten en que la ley deber establecer la prohibición de desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional, eliminando los desalojos que implica la reanudacion automática del procedimiento de la disposición final quinta; y aprobar una regulación de alquileres efectiva y aplicable en todos los territorios y para todos los caseros; obligar a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a las personas vulnerables antes de iniciar una demanda que pueda acabar en desahucio.
Además, reclaman impedir la venta de viviendas de la SAREB y modificar su objeto social para transferir sus viviendas y terrenos a los parques públicos; y garantizar la protección del derecho a la vivienda con un blindaje igual al derecho de propiedad, corrigiendo los términos vacíos o ambiguos que desarticulan su protección jurídica, como sucede en los artículos 1.1, 7.1 y 8.1 de la ley.
Recuerdan que solo en los años 2021 y 2022 se han ejecutado más de 80.000 desahucios, mientras los precios de los alquileres continúan subiendo sin ningún límite, por lo que los inquilinos destinan porcentajes que alcanzan el 80% de sus ingresos a pagar las rentas.
España sigue incumpliendo sus compromisos internacionales y el mandato Constitucional en materia de Derechos Humanos al ignorar los dictámenes sobre vivienda del Comité DESC de Naciones Unidas.
Raquítico parque público de vivienda
El parque público de vivienda apenas representa el del 2% de los casas en España, muy por debajo de la media europea (10%), y a distancias siderales de países como Francia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido o Austria.
La vivienda ha quedado relegada a simple objeto de consumo y de inversión. La Ley por el Derecho a la Vivienda debe poner fin a estas políticas de transferencia sistemática de enormes cantidades de dinero público a bolsillos privados, denuncian, al tiempo que hacen al PSOE, “el partido que más años ha gobernado desde la aprobación de la Constitución”, responsable de la situación descrita.
Redactor jefe de Noticias Obreras
