Justicia social, una realidad de vida o muerte
Por qué la Organización Internacional del Trabajo formó una Coalición Mundial
La comunidad organizada de trabajadores, empleadores y gobiernos que es la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, constituida como unidad en la diferencia a partir de la realidad de sufrimiento que genera el desempleo estructural, la explotación y el tráfico de personas, no concibe la justicia social a modo de distribución como se cree, sino a modo de participación, como se teme. La justicia social, tanto para el mundo de las relaciones del trabajo, como para el magisterio social de la Iglesia católica, no es una idea política, ni una fórmula económica. Es una realidad jurídica de vida o muerte. Se trata de quién decide y no de quién recibe. Por eso el Consejo de Administración de la OIT aprobó la Coalición Mundial por la Justicia Social.
Como dice el papa Francisco en la encíclica Laudato si’, el clamor que grita por justicia social ya no es solo de los pobres, sino también de la tierra. Es por eso que, en respuesta a la crisis socioambiental que amenaza las condiciones de vida en el planeta, durante la 349a reunión del Consejo de Administración de la OIT se aprueba la Coalición Mundial por la Justicia Social. Cuesta pensar que una vez más se deba salir a promocionar que todos los seres humanos “tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades”. Sin embargo, así lo dice y así lo hará la OIT con su experiencia centenaria, reafirmando en el siglo XXI la Declaración de Filadelfia, sumando los desafíos de la Agenda 2030.
Conformada para defender los pilares fundamentales del Programa de Trabajo Decente y los principios de la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo, la Coalición no puede ser considerada ideológica.
Promover el empleo productivo, digno y decente con medidas de protección social, así como promover el diálogo social tripartito, no puede ser considerado un atentado a la libertad individual.
Fortalecer las capacidades de todas las personas para beneficiarse de las oportunidades de un mundo del trabajo en transición, al tiempo que fortalecer la dimensión social del desarrollo sostenible, el comercio y la inversión, no puede ser considerado un atentado a la seguridad pública.
Promocionar las instituciones del trabajo, el derecho a elegir donde vivir, aumentar la resiliencia de las periferias, ocuparse de los derechos sociales de los más vulnerables, luchar contra el desempleo juvenil, la desigualdad de género y la economía informal, no puede ser considerado ideología.
Por el contrario, despreciar la justicia social es un atentado a la democracia participativa.
El desafío
El desafío de la Coalición Mundial por la Justicia Social consiste en contrarrestar esa propaganda negativa libertaria logrando un “impacto significativo” a escala global de valorización positiva de la justicia social, visibilizando sus aspectos constitutivos y promocionándolos como universales.
Nunca está de más aclarar que la justicia social, lejos de ser una idea, está realizada como bien común a modo de instituciones que garanticen: trabajo digno y decente; oportunidades equitativas de acceso al empleo y a la riqueza; respeto de los derechos laborales como derechos humanos; integración de la protección social; salud, nutrición y educación de calidad; capacitación permanente; desarrollo de competencias; políticas públicas y financieras que responden a demandas reales de la sociedad; empoderamiento de jóvenes y mujeres; solidaridad entre las diferentes regiones; acuerdos de comercio y financiación para una transición justa; y derecho a la migración. Sus elementos constitutivos se van agregando como resultado de un proceso histórico de discernimiento social comunitario. Porque el cambio o viene desde abajo, o no viene. Los derechos no son otra cosa que necesidades reconocidas por el Estado bajo la forma de ley, como instituciones.
El desafío de la Coalición de la OIT no pasa por determinar qué es la justicia social, sino por “mejorar las actividades de promoción y el establecimiento de un programa para elevar el debate político sobre la justicia social; promover la coherencia de las políticas y las acciones conjuntas, y generar y difundir conocimientos”. Para eso “los asociados pueden adherirse a la Coalición y apoyar la causa de la justicia social de formas diferentes y complementarias, que van desde contribuir a los esfuerzos de promoción (por ejemplo, a través de eventos o talleres, y de la movilización inter pares) hasta proporcionar apoyo en especie (por ejemplo, conocimientos especializados, herramientas y datos) o realizar contribuciones financieras”(cf. nº 12).
La modalidad
La modalidad para cumplir el propósito ético de la Coalición Mundial por la Justicia Social, consiste en conformar una plataforma de cooperación y alianzas multilaterales para impulsar la justicia social a escala mundial, regional y nacional. Lo hará mediante políticas coordinadas, en apoyo de las prioridades nacionales, fomentando los esfuerzos colectivos para aumentar “la escala y el impacto de sus respectivas acciones” (cf. nº 9).
Para eso, se aprovecharán las estructuras y alianzas existentes, y se crearán nuevas. Se tratará de influir en la agenda mundial generando inversiones para medir: el nivel de compromiso con la justicia social y de apoyo a la misma; la visibilidad de las acciones de promoción; el seguimiento de los avances y la contribución a crear un repositorio de buenas prácticas; y la contribución al foro político de alto nivel de las Naciones Unidas.
Mediante esta plataforma de alto impacto, la Coalición tratará de activar los “apoyos necesarios para el reconocimiento de la justicia social en la agenda multilateral, en particular en la Cumbre del Futuro de las Naciones Unidas de 2024, y en la Cumbre Social Mundial de las Naciones Unidas de 2025” (Cf. nº 7).
La conformación
La conformación de la Coalición Mundial por la Justicia Social sigue la estructura tripartita del diálogo social –gobiernos, organizaciones de trabajadores y organizaciones de empleadores–, sumando ahora: organizaciones internacionales y regionales; instituciones financieras internacionales; empresas; instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales. Esta ampliación responde al desafío que representa el cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030, tanto sociales como ambientales. Por eso, a las prioridades iniciales de trabajo digno y decente, se suman la de empresas sostenibles y la de planificación para una transición justa en favor de la mitigación de los efectos del cambio climático y la adaptación a estos.
El director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo, declaró: “Ahora contamos con los esfuerzos de todos para movilizar a los principales interlocutores y hacer avanzar la justicia social. La necesidad de que la Coalición empiece a trabajar es cada vez más urgente”.
Los fundamentos
Los fundamentos de la Coalición están definidos por varios documentos: la Constitución de la OIT, incluida la Declaración de Filadelfia; la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento (1998), en su versión enmendada en 2022; la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa (2008), en su versión enmendada en 2022; la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo (2019); el Llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en las personas de la crisis causada por la COVID-19 que sea inclusiva, sostenible y resiliente (2021); y la Resolución sobre las desigualdades y el mundo del trabajo (2021).
Lejos de ser una improvisación demagógica de gobiernos corruptos o pastores populistas, las bases de la Coalición siguen los principios, los valores, el programa normativo y la estructura de gobernanza de la OIT.
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Artículo publicado originalmente en Página|12
Teóloga. Secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina del Vaticano.
Profesora investigadora en la Universidad Católica Argentina (UCA), en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ). Consultora del CELAM (Conferencia Episcopal Latinoamericana) para el área de política y trabajo. Miembro del equipo de especialistas internacionales del Programa de la OIT: El futuro del Trabajo, y desarrolla su actividad en el CERAS de París.
