Después de subir el salario mínimo, se abre la negociación sobre la reducción del tiempo de trabajo

La escenificación del acuerdo bilateral entre Gobierno y sindicatos para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) ha servido para justificar su impacto positivo en la redistribución y eficiencia económica, pero también como presentación oficial de la agenda laboral de esta incierta legislatura.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la firma de este acuerdo, se ha enorgullecido de impulsar políticas como la subida del salario mínimo que “mejoran la vida de las personas y familias de nuestro país” y ha adelantado que el próximo 25 de enero se abrirá la mesa del diálogo social sobre la reducción de la jornada laboral, recogida en el acuerdo programático entre las dos formaciones políticos que componen el Ejecutivo.

La jornada laboral, ha señalado, lleva “40 años congelada”, por lo que entiende que es el momento para impulsar su reducción, eso sí, “sin reducción salarial”. Una política, afirma, que debe servir para “mejorar la productividad de la economía española”, actualmente seis puntos por debajo de la media europea.

La intención es reducir a las 37,5 las horas semanales de trabajo en 2025 sin merma salarial, empezando ya en 2024 bajando hasta las 38,5 horas. Fuentes del Ministerio de Trabajo han indicado a Europa Press que, como la jornada laboral media efectiva ya es de 38,5 horas a la semana, lo que se va a trabajar en la mesa de negociación es, sobre todo, cómo reforzar y mejorar el funcionamiento del registro horario al que están obligadas las empresas para que se cumplan realmente esas 38,5 horas.

Además, ha reiterado su compromiso y el de la formación que encabeza de seguir removiendo “los obstáculos que impiden alcanzar la igualdad real”, como mandata la Constitución Española, según ha recalcado.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, saludó la apertura de la negociación diciendo que “es el momento de abordar tanto la reducción de la jornada de trabajo como una mejor garantía en la distribución del tiempo de trabajo”.

De paso, ha mostrado su extrañeza por las críticas vertidas por la CEOE. “Aquí lo que estamos planteando es dar carta de normalidad a través de la ley a medidas que en muchos sectores ya se han impulsado a través de los convenios colectivos y que los ha firmado la patronal. Lo que ocurre es que hay muchos sectores donde se siguen teniendo jornadas de trabajo abusivas y es el momento de abordar esta cuestión por ley”, especificó.

La intención sindical, sin embargo, es fijar el tiempo y la distribución de la jornada de trabajo en el ámbito de los convenios colectivos. “Ahora, si la ley nos acompaña en ese terreno, mejor”, ha reconocido. Con todo, Sordo, ante las dudas de la patronal, afirmó que “una economía moderna, que aspira a transformarse, necesita reducir la jornada laboral, necesita abrir más tiempo para la vida personal de los trabajadores”, ha remarcado Sordo.

Una legislatura condicionada por los pactos

La puesta de largo de la estrategia del Ministerio de Trabajo para esta legislatura, acompañada por los representantes sindicales, pero también de algunas de las organizaciones de trabajadores autónomos, coincide con los anuncios del presidente Pedro Sánchez, en medios de comunicación, tras el convulso pleno parlamentario del 10 de enero que se saldó con dos reales decretos aprobados y un tercero rechazado, precisamente, el liderado por el departamento que dirige Díaz.

Ante una legislatura fuertemente condicionada por los apoyos que consiga el Gobierno reunir en torno a cada proyecto, Sánchez ha concedido varias entrevistas a los medios de comunicación, con los que compartió, en especial, su relato sobre los pactos de última hora con los independentistas catalanes de derechas, y de paso anunció las líneas maestras de su segundo mandato. En El País ha explicado que la presente legislatura tendría “tres pilares”: la creación de empleo; los derechos sociales, y la convivencia. Apeló a la misma triada en la radio pública.

Además de por la relación con Junts, que se aventura tortuoso por ya visto, fue preguntado, en concreto, por el futuro de la reforma de la protección a las personas en paro, rechazada en esta ocasión por los diputados y diputadas de Podemos, en lo que se ha interpretado como un aviso, primero, a Sumar y, luego, al PSOE.

A este respecto, solo dijo que esperaba “antes o después poder sacar adelante esta importante reforma del subsidio de desempleo”. En RNE, añadió que “hay tiempo” para hacerlo y que la intención es presentar un proyecto de ley para que pueda ser aprobado “cuanto antes”.

La subida del SMI

El salario mínimo fijado para este 2024, con efecto retroactivo desde el 1 de enero, queda en 1.134 euros al mes por jornada completa, lo que mantiene este indicador, según ha afirmado la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en “el 60% del salario medio neto en España”, aunque el mismo secretario general de UGT, Pepe Álvarez, tiene dudas del acierto en el cálculo

El Gobierno, al que según la legislación vigente compete fijar el salario mínimo previa consulta no vinculante a los agentes sociales, se aseguró el respaldo sindical al cuantificar el incremento para 2024 en el 5%, un 1,5 punto por encima de la inflación media del año pasado, con el fin, como se ha encargado Díaz de señalar, de que las rentas más bajas mantengan o ganen poder adquisitivo.

Pero también los representantes sindicales han aprovechado, no solo para defender el impacto beneficioso de esta medida para las personas peor retribuidas, fundamentalmente, mujeres, jóvenes, temporales, del comercio, hostelería, servicios y agroalimentación, sino también para desacreditar lo que consideran “dogmas” y “falacias” neoliberales que apuntan a las consecuencias negativas para la economía e incluso la productividad de la subida del SMI.

Recurriendo a los datos, como es ya su seña de identidad, Díaz ha argumentado que las subidas del salario mínimo, además de estar resultando muy eficaz para la economía española, que actualmente presente el mayor número de personas ocupadas de su historia, “mejoran la vida” de las personas y familias, en especial, las que peor lo pasan y es “la política feminista de mayor impacto”.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha enfatizado que el alza del salario mínimo se ha demostrado como un “instrumento eficaz” para reducir las “brechas salarias”, pero también desde “el punto de vista del “reparto de la riqueza” y la “eficiencia económica” que ha tenido “efectos extraordinariamente positivos”.

De hecho, ha matizado que, si no se han cumplido los fatídicos pronósticos sobre la marcha de la economía de nuestro país, entre otros elementos, ha sido porque los salarios han permitido el mantenimiento y mejora del consumo en nuestro país.

Eso sí, ha reconocido, aludiendo al informe de Oxfam Intermón, que también en nuestro país la desigualdad está creciendo, dado que mientras que las rentas de capital han aumentado en los últimos años un 10%, el peso de los salarios ha descendido en la misma proporción.

Por eso, ha advertido que ante la “ambición desmedida de beneficios” de las empresas, sigue siendo necesario “trabajar más y más a fondo en relación con el SMI” y ha llegado a plantear “regular por ley” la traslación automática de la subida de la retribución mínima a los convenios colectivos, para no tener que “acabar en los tribunales” exigiendo su inclusión.

También el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha planteado nuevos avances en la regulación del salario mínimo: la indexación automática de los incrementos retributivos en los contratos que las administraciones adjudican a las empresas, como también había pedido la patronal, así como una redacción precisa de los decretos para evitar que los pluses y complementos puedan ser absorbidos en el aumento de las nóminas.

Jose Luis Palacios

Redactor jefe de Noticias Obreras