El Congreso insta al Gobierno a reducir la jornada laboral, en el marco del diálogo social

El Congreso insta al Gobierno a reducir la jornada laboral, en el marco del diálogo social
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado por mayoría instar al Gobierno a abrir con carácter urgente un proceso de diálogo social que culmine en una reducción de la jornada laboral de aplicación progresiva, empezando por la fijación, para este año 2024, de una jornada máxima ordinaria de trabajo efectivo de 38 horas y media

La proposición no de ley presentada por SUMAR, incluida en el acuerdo de Gobierno con el PSOE, fue aprobada, el jueves 22 de febrero, por la mayoría de la Cámara Baja (49%), con el único voto en contra de Vox (10%) y la abstención de PP y Junts (41%). El Congreso pide al Gobierno que abra “con carácter urgente un proceso de diálogo social” que incorpore en la Ley del Estatuto de los Trabajadores “una reducción de la jornada laboral de aplicación progresiva, empezando por la fijación, para este año 2024, de una jornada máxima ordinaria de trabajo efectivo de 38 horas y media”, según puede leerse en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

El texto de la iniciativa destaca que el punto de partida de la propuesta es el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho al descanso y a “una lectura contextual de la norma: el derecho a no trabajar en exceso”. En este sentido, se resalta la importancia de adaptar las normativas laborales a los cambios socioeconómicos y tecnológicos que han ocurrido desde hace más de un siglo, cuando se estableció la jornada máxima actual.

La proposición recoge la trayectoria histórica del movimiento obrero en España cuando “la intensa huelga llevada a cabo entre el 5 de febrero y el 19 de marzo [de 1919] en la empresa eléctrica Riegos y Fuerza del Ebro, perteneciente a la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, popularmente conocida como La Canadiense”, tuvo como consecuencia que el país se posicionara “a la vanguardia europea” pasando de una jornada laboral de doce horas al día durante seis días a la semana, a una jornada de ocho horas al día, o cuarenta y ocho semanales, la jornada máxima legal en todos los trabajos.

Desde 1931 hasta 1983, diversas leyes establecieron jornadas laborales máximas en España, que oscilaban entre 44 y 48 horas semanales. Sin embargo, desde 1983, hace más de 40 años, la jornada máxima se ha mantenido en 40 horas semanales, sin ajustes significativos, a pesar de los cambios socioeconómicos y laborales. Esta falta de modificaciones en más de un siglo “nos sitúa muy lejos de una aplicación correcta del artículo 24 de Declaración Universal de los Derechos Humanos”, apunta la proposición de ley aprobada que también reconoce que la acción sindical ha permitido recoger en algunos convenios colectivos la reducción de la jornada laboral, todavía la mayoría –el 88%– de las trabajadoras y los trabajadores tienen jornadas superiores a las 37 horas y media semanales.

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Argumentos favorables

Los argumentos a favor de la reducción de la jornada laboral están estrechamente vinculados a cómo las mejoras en las condiciones laborales, especialmente a lo largo del siglo XX, han contribuido a forjar sociedades más equitativas, estables, saludables y prósperas económicamente.

En este sentido, se señala que la evolución de la productividad global, en un contexto de modernización de las técnicas de trabajo y el surgimiento de nuevas tecnologías como la robotización y la inteligencia artificial, ha alterado la relación tradicional entre la cantidad de horas trabajadas y la generación de valor. Este cambio hace cada vez más difícil sostener la idea de que una jornada laboral extensa sea necesaria para mantener altos niveles de productividad y desarrollo económico.

Además, la disparidad entre el crecimiento de la productividad del trabajo y el incremento en la remuneración real por persona trabajadora, evidencia una distribución desigual de los beneficios entre capital y trabajo. A lo largo del periodo 1995-2022, mientras que la productividad aparente del trabajo experimentó un aumento significativo del 15,3%, la remuneración real por persona trabajadora apenas creció un 1,2%. Este enorme desequilibrio se traduce en una disminución en el peso de la remuneración en relación con el valor añadido generado por trabajador, que “proporciona un margen considerable para reducir la jornada sin recortar salarios”.

Finalmente la proposición destaca que la reducción de la jornada laboral es una medida clave para mejorar la igualdad de género, “dispongan de tiempo para cuidar”, promover la conciliación entre la vida laboral y personal, fomentar la protección de la salud y el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras, “salvaguardando el derecho a vivir” dignamente y a contribuir a la construcción de una sociedad más sostenible y equitativa.

 

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