Entidades sociales católicas critican duramente el freno a la directiva europea de diligencia debida
Organizaciones de la sociedad civil europea han expresado su “decepción” ante la decisión del Consejo de la UE de retirar su apoyo a la directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial
El Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros (COREPER), órgano interno del Consejo de la Unión Europea, ha bloqueado la tramitación de la directiva de diligencia debida que ya había sido aprobada por el Parlamento Europeo, la otra instancia europea de decisión y fuente de derecho eurpeos.
Por ello, 140 organizaciones europeas, incluidas entidades católicas, han criticado la decisión, calificada como “un revés deplorable para la responsabilidad corporativa y la protección de los derechos humanos y el medio ambiente en todo el mundo, después de años de debate y negociación”.
Tanto la red de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad (CISDE), que reúne a entidades católicas de desarrollo, como la Plataforma por Empresas Responsables (PER) de España, en la que participa Enlázate por la Justicia, han señalado a Alemania y Francia como los principales estados que han bloqueado la iniciativa.
El socio minoritario de la coalición alemana, el FDP, había adelantado su negativa a convalidar la directiva, sin que el Canciller Scholz mostrase gran preocupación por ello, mientras que el Gobierno francés intentó a última hora rebajar el nivel de exigencia a las empresas. Ambas maniobras habrían precipitado la decisión del resto de representantes de los Estados miembros de frenar la aprobación definitiva de la norma.
Las organizaciones de la sociedad civil no han dudado en afirmar que “estos juegos políticos desafían claramente el apoyo rotundo a la directiva por parte de los gobiernos, los sindicatos, la sociedad civil, las grandes, medianas y pequeñas empresas y los ciudadanos individuales”. También la HOAC había dado su apoyo a la propuesta de directiva, como integrante del Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa (MTCE), que había pedido a las organizaciones nacionales que la componen dirigirse a sus europarlamentarios conminándoles a votor a su favor.
La presidenta de la HOAC, Maru Megina, consideró entonces, que hacía falta insturmentos para obligar a las empresas a que cumplan los derechos humanos y se responsabilicen de las consecuencias de sus acciones, ante las “condiciones inhumanas” de millones de trabajadores, los “incumplimientos de los derechos laborales fundamentales”, y “el negativo impacto” en el medio ambiente y las comunidades de la actividad de las empresas multinacionales.
Para las organizaciones de las sociedad civil, la postura finalmente adoptada por los Estados miembros es “un desgarrador fracaso por parte de los gobiernos de la UE a la hora de cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, y una señal de luz verde a las empresas imprudentes de que pueden seguir alimentando las crisis climática y ecológica para obtener beneficios empresariales”.
La frustración es más que comprensible, no solo por los años de diálogo y negociación en el que han participado las ONG y otros actores sociales, sino porque la directiva queda aparcada a la espera de la composición del Parlamento Europeo tras las elecciones de junio. Aunque el pasado 14 de diciembre el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo habían llegado a un acuerdo en esta materia, el reciente bloqueo alemán a dar el siguiente paso deja la directiva en el aire.
“Esta falta de apoyo amenaza una pieza vital de la legislación de sostenibilidad de la UE, necesaria y retrasada para desencadenar el cambio en la conducta empresarial”, han argumentado las entidades sociales que recuerdan que la norma era fruto de “un proceso democrático en el Parlamento Europeo y de amplias negociaciones con los Estados miembros”.
La propia Comisión de Conferencias Episcopales de la UE (COMECE) al conocerse la postura alemana reclamó, junto con la red CIDSE (que incluye a numerosas ONG de desarrollo católicas, el respaldo a la directiva sobre la diligencia debida en la sostenibilidad corporativa “para garantizar el acceso a la Justicia para las personas afectadas por los abusos de las empresas”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
