El nuevo convenio especial de cotizaciones para antiguas personas becarias no convence a los sindicatos

La letra pequeña de la regulación del acceso a la pensión por jubilación de personas que han realizado prácticas en algún momento de su vida no satisface a los sindicatos, porque ni facilita su firma ni mejora sustancialmente la prestación.

La Orden Ministerial de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 386/2024, emitida con mucho retraso, forma parte de los compromisos contraídos en materia de cotización de prácticas no laborales, dentro de los Acuerdos de Seguridad Social de julio de 2021 y marzo de 2023.

Las organizaciones sindicales se quejan de que la reglamentación final se ha determinado sin su concurso. De hecho, CCOO critica que las condiciones para suscribir el convenio especial, “se apartan de las reguladas en el RD 1493/2011 que reguló el primer periodo acordado hace 13 años y las endurecen de manera significativa”.

UGT denuncia que la medida ha sido “tramitada sin tener en cuenta a las organizaciones sindicales” además de “sin escuchar las reivindicaciones de los colectivos afectados”. Así, denuncia que “el resultado es una medida impopular, que incumple los principios básicos del Estado del bienestar de justicia social y equidad contributiva”.

En 2011, ya se había abierto la posibilidad de recuperar hasta dos años cotizados por prácticas previas a la que se han acogido millares de personas. El periodo adicional se ha ampliado a cinco, entre otras cosas, por la demora en poner en marcha esta medida, que entra en vigor finalmente el 1 de junio de 2024.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) calculará el importe de la cotización a ingresar en cada caso, pudiéndose abonar en un pago único o fraccionado según tantas mensualidades como años de prácticas, que está bonificado al 23% y es deducible en la declaración del IRPF de la persona que la soporta.

En concreto, la base de cotización será la mínima de 2024 y no la del período en que se realizaron las prácticas, que era lo previsto, de modo que la cuota se incrementa notablemente y se permiten incoherencias como que la base mínima de cotización de 2024 supere la máxima establecida durante los años de la década de 1980 y 1990.

Las personas que realizaron periodos de formación práctica antes del 1 de enero de 2024 deberán abonar unos 290 euros por cada mes de formación, si quieren que esos periodos de cotización se tengan en cuenta para su jubilación. Un elemento polémico, puesto que actualmente existe una bonificación del 95% de las cotizaciones de las personas en prácticas, mientras que quienes se encontraron en esta situación en el pasado se les exige abonar el 100%, incluyendo la parte empresarial.

Al menos, para firmar estos convenios se ha ampliado el plazo de unos meses a dos años, entre junio de 2024 y junio de 2026, aunque los sindicatos consideran que sería más oportuno ampliarlo todavía más.

Para CCOO, la orden es “claramente mejorable” y reclama una nueva redacción “para posibilitar el ejercicio de los nuevos derechos de cotización reconocidos”. También UGT pide al Gobierno que “dé marcha atrás y opte por medidas que supongan una verdadera reparación de los abusos y fraudes sufridos por el antiguo y actual personal becario e investigador priorizando su protección y sus derechos laborales y garantizando una verdadera igualdad de condiciones y oportunidades”.

“Lejos de arreglar los desequilibrios generados entre el alumnado, supone una doble discriminación y una grave injusticia para las personas que realizaron sus prácticas en años anteriores al tener que hacer frente a una carga totalmente abusiva”, sostiene UGT.

Este sindicato entiende que “condicionar el reconocimiento de estos periodos al pago de una cantidad por parte de la persona afectada, da lugar a una perversión del sistema de pensiones y limita su uso para tan solo unas pocas personas, las que puedan asumir el coste”.

En la negociación con los interlocutores sociales, además de implantar la cotización de todas las prácticas no laborales a la Seguridad Social, como complemento a la reforma del sistema de pensiones, se acordó establecer la posibilidad de suscribir un convenio especial con la Seguridad Social para incluir la cotización de períodos por la formación o prácticas no laborales.

El aplazado Estatuto del Becario

Con todo, las organizaciones de trabajadores siguen planteando la necesidad de ampliar la protección de las personas becarias e investigadoras, especialmente si se encuentran a las puertas de la jubilación.

Por su parte, CCOO, que reconoce los avances en esta materia, como la cotización a la Seguridad Social de todas las prácticas que afecta ya a más de 400.000 personas becarias, advierte que “su condición sigue estando marcada por el fraude, la falta de derechos y la falta de calidad en las prácticas formativas”.

Así, describe, “la mayoría de las empresas se sirven de esta figura para desarrollar trabajos habituales de las empresas, pero sin los derechos ni los salarios que cobran las trabajadoras y trabajadores”.

El sindicato reconoce que la reforma laboral de 2021 tenía como objetivo acabar con las prácticas abusivas de forma especial de las prácticas extralaborales, y apostó por el contrato formativo en alternancia y acordó la aprobación del Estatuto de prácticas no laborales, también conocido como el estatuto del becario. Su objetivo es garantizar una formación práctica que asegure un aprendizaje real, con derechos, y que huya del fraude”.

Por ello, CCOO reitera al Gobierno la exigencia de la aprobación definitiva, con carácter de urgencia, del estatuto de las personas en formación práctica en la empresa, algo imprescindible para acabar con esta situación abusiva, garantizar una formación adecuada para facilitar el acceso al empleo y dotar de dignidad al presente de la juventud.

Jose Luis Palacios

Redactor jefe de Noticias Obreras