Salario, estabilidad e inserción son imprescindibles para combatir el empeoramiento de la salud de los trabajadores

Salario, estabilidad e inserción son imprescindibles para combatir el empeoramiento de la salud de los trabajadores
Para el secretario general de CCOO, Unai Sordo, el incremento de los salarios, la reducción de la temporalidad y la mejora de los sistemas de orientación e inserción laboral son imprescindibles para afrontar el empeoramiento de la salud pública y, en particular, de la salud de las personas trabajadores.

La COVID-19 ha agravado la salud de la población trabajadora de una forma notoria y lo sigue haciendo, a pesar de ciertas mejoras, año y medio después de la propagación masiva del coronavirus, según ha puesto de manifiesto la segunda encuesta de “Condiciones de trabajo, inseguridad y salud en el contexto del COVID-19”.

Los datos recogidos muestran también la desigualdad existente en las relaciones laborales. Las ocupaciones peor valoradas tienen aparejadas mayores posibilidades de enfermar, de hecho, lo hacen en mayor medida, su salud comparativamente es peor. Las mujeres tienen mayores probabilidades  de presentar mayor deterioro en la salud que los hombres; y los jóvenes, más que los mayores.

“La población asalariada, sobre todo los más precarios, tienen miedo a perder el empleo y van a trabajar enfermos. Esto se ha acentuado con la pandemia, pero es una enfermedad más de nuestro precario mercado laboral”, sintetizaba Unai Sordo.

Pero, independientemente de la mayor afectación a los jóvenes y las distinción por géneros, las variables con más impacto en la salud laboral, según ha advertido Sordo, son la precariedad y los bajos salarios.

De hecho, ha llegado a decir que “la precariedad mata, en los accidentes laborales que padecemos todos los días pero también en las enfermedades que contraemos en el trabajo o por estar trabajando en condiciones de precariedad”.

Aunque normalmente se abordan la precariedad y la pobreza laboral en términos salariales, contractuales o productivos, entendiendo que la rotación y la temporalidad son un obstáculo para responder competitivamente a las necesidades productivas de las empresas, lo cierto es, en palabras del secretario general de CCOO, que “tienen un efecto innegable en la salud laboral y en la salud pública”.

“Los datos respecto a la inseguridad laboral son tremendos: el 84% de las personas con salarios bajos tienen miedo a no encontrar un puesto de trabajo si pierden el actual. Esto este país no se lo puede permitir”, ha declarado Sordo.

Un tercio de la población trabajadora carece de la protección anti COVID

Las respuestas de más de 25.000 personas a la encuesta elaborada ISTAS-CCOO y el grupo de investigación POWAH de la UAB en colaboración con la Fundación 1º de Mayo, reflejan una mejora notoria en la puesta a disposición de medidas y equipos preventivos contra el contagio de la COVID-19, fundamentalmente de las personas trabajadoras del ámbito sanitario y sociosanitario. Sin embargo, todavía hay un 33% de trabajadores que acude a su empleo sin que la empresa le haya dotado de medidas y equipos de prevención adecuados contra la pandemia.

Con todo, los datos más preocupantes de esta encuesta son los relacionados con la persistencia de la alta tensión en el trabajo, entendida como la existencia de tareas inasumibles en el horario de trabajo establecido junto con una escasa capacidad de influencia en la organización del propio empleo. La mitad de la población asalariada, de hecho, trabaja en estas condiciones en 2021, sin que su porcentaje haya variado significativamente con respecto al año anterior. La pandemia ha multiplicado por dos el número de asalariados en esta situación y lo que es peor, parece que este impacto ha llegado para quedarse.

“Esto no solo conlleva aumentos de jornada y de las horas trabajadas que no se pagan, sobre todo provoca fraude en los contratos a tiempo parcial, y efectos muy nocivo sobre la salud: cardiopatías, infartos cerebrales, enfermedad mental”, según ha advertido Unai Sordo. Y es que en España la cualificación de las personas está por encima de la requerida en muchos puestos de trabajo, tal y como explicó el secretario general de CCOO. “Muy al contrario de la explicación que ofrecen las organizaciones empresariales cuando dicen no encontrar trabajadores y trabajadoras en el mercado de trabajo”, denunció Unai Sordo.

No es algo banal, puesto que trabajar en condiciones de alta tensión aumenta, según el consenso científico, un 34% las posibilidades de padecer enfermedades cardiovasculares y un 82% los trastornos ansioso-depresivos. Tampoco la incertidumbre laboral, el temor a perder el empleo y no encontrar otro, es inocua para la salud. Aumenta el riesgo de empeoramiento de la salud mental en un 50%. Es un grave problema de salud laboral y salud pública. Hay que cambiar la gestión laboral para reducir estos riesgos” Clara Llorens, una de las autoras de esta investigación, Clara Llorens, socióloga en el Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud (ISTAS-CCOO) y en POWAH-UAB, profesora de la UAB-

Inseguridad e incertidumbre

En 2021, el 40% de la población trabajadora teme perder su empleo, más o menos el mismo porcentaje que en 2020, lo que tal vez se explique por la vigencia todavía de los Expedientes de Regulación de Empleo. En cambio, el 72% tema no encontrar otra ocupación laboral en el caso de perder su puesto de trabajo actual.

Llorens ha afirmado que “no se puede cambiar el factor genético de las enfermedades y su relación con la salud, pero sí las condiciones de trabajo que lo provocan”. “No se puede consentir la exposición constante, no hacer nada ante riesgos conocidos el trabajo”, ha dicho.

El responsable del grupo de investigación POWAH-UAB y también profesor de la UAB, Albert Navarro, ha concluido que en materia de medidas preventivas ante la COVID-19 en el puesto de trabajo, “queda todavía mucho terreno de mejora”, además de denunciar como “niveles absolutamente preocupantes” las exposiciones nocivas para la salud de los trabajadores y trabajadoras, lo que, a su juicio, de mantenerse en el tiempo, supondrán efectos importantes en la salud pública.

Según ha indicado Navarro, “más de la mitad de los y las asalariadas perciben un empeoramiento en su estado de salud. Sigue aumentando el riesgo de tener problemas de salud mental, superando el 60%”.