Las plataformas de reparto se mueven ante la ley rider
Las plataformas de reparto a domicilio están desplegando sus estrategias para adecuarse a la ley rider y cumplir las sentencias judiciales. Mientras Deliveroo tira la toalla y Glovo gana tiempo, otras empresas apuestan por dejar atrás la precariedad.
Aunque hay algo de reclamo publicitario, lo cierto es que la responsable de la empresa alemana Gorillas en España y Portugal, Magdalena Szuszkiewicz, habla de los trabajadores, en un portal de internet especializado, como “parte de nuestro ADN y por eso son empleados con contrato fijo“.
Gorillas es una firma nacida en Berlín, hace poco más de un año, con presencia en 30 ciudades europeas, que promete a sus clientes serviles en 10 minutos, gracias a repartidores con bicicletas eléctricas, productos de alimentación de establecimientos o almacenes próximos. Su previsión es contar, a finales de año, con unos 1.000 trabajadores en España.
El director de Just Eat en nuestro país, Patrik Bergareche, igualmente interesado en afear a la competencia que recurre a la precariedad y al dinero fácil, por los bajos tipos de interés, de los fondos de inversión, saca pecho, en una entrevista en un diario económico: “Somos una empresa rentable, capaz de desarrollar un modelo de negocio con repartidores de manera legal, pagándoles la Seguridad Social”.
Desde esta empresa no hay crítica a la ley rider, más bien al contrario: “Todos vamos a operar con las mismas reglas de juego, y eso va a generar empleo de calidad, a la vez que sanea la imagen del sector, que siempre se ha asociado a la precariedad, en palabras de Bergareche, quien advierte, no obstante, de que “esta es una primera fase que no resuelve el caballo de batalla del Gobierno, que es cómo resolver las relaciones laborales en las empresas cuando hay tanta tecnología involucrada”.
La firma de origen danés, que dispone de una flota propia, la mayoría subcontratas, con trabajadores en plantilla, negocia con CCOO y UGT el que podría ser el primer convenio colectivo del sector. El objetivo es acabar este año con más de 400 empleados en plantilla.
Glovo ha anunciado su intención de contratar a unos 2.000 trabajadores de reparto a domicilio, de aquí a finales de años. En principio, un primer paso para contar con un 20% de plantilla con contrato, en cumplimiento de la nueva legislación.
Puede parecer que pone así fin a su beligerancia contra los intentos del gobierno de poner coto a una actividad que se había aprovechado irregularmente de la figura de los autónomos. Aunque, de paso, en una nota de agencia, fuentes de la compañía se descuelgan quejándose de que el tiempo de adaptación ha sido “muy corto”. Los tribunales han dado de plazo a estas plataformas hasta el 12 de agosto para que reconozcan la relación laboral con sus repartidores.
La estrategia, definida en su “Plan de transición de Glovo”, consiste en renovar las condiciones de los encargos tramitados a través de su aplicación. Los repartidores seguirán siendo “usuarios” y no asalariados, según parece, solo que operarán bajo un “nuevo” e “inédito” modelo que tendrá “nuevas características” y permitirá compatibilizar otras aplicaciones y actividades “con total flexibilidad, autonomía e independencia”. La plataforma. en cuya fundación partió el español Óscar Pierre Miquel, destaca que el nuevo modelo “sigue el criterio establecido por el Tribunal Supremo y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.
Pero, para UGT, la estrategia de Glovo “no se ajusta a la legalidad”. Según, un comunicado sindical, “el nuevo modelo inédito de autónomo en España no es más que otra forma de seguir engañando a miles de personas repartidoras, lo cual debe de tener consecuencias penales”. En opinión de esta organización de trabajadores, lo que persigue es “ganar tiempo para forzar nuevos procesos judiciales que, de todos modos, tendrán el mismo resultado que los anteriores: el reconocimiento de la relación laboral y la penalización por defraudar a la Seguridad Social”.
Las nuevas condiciones que Glovo está difundiendo entre sus “usuarios” son la posibilidad de permanecer en línea o no para recibir los encargos, sin necesidad de hacer “una reserva de horas” o la contratación, sin coste en principio, de una póliza de seguros, además de la elección de las ganancias futuras deseadas, entre otras.
“Con este modelo no se refuerza el trabajo autónomo, todo lo contrario, se refuerza la precariedad y el abuso hasta extremos no conocidos en democracia, se refuerza la competencia salvaje entre los repartidores que subastan a la baja su trabajo”, afirma UGT, sindicato que ya ha anunciado que iniciará “todas las medidas legales necesarias para hacer valer la resolución del Tribunal Supremo y la ley 9/2021″.
Otra de las grandes plataformas de reparto, Deliveroo, armó un gran revuelo mediático al comunicar su intención de poner fin a su actividad en España. La decisión se justifica, en lenguaje empresarial, debido al bajo rendimiento futuro de su actividad en nuestro país.
En nota pública, en concreto, argumenta que “alcanzar y mantener una posición de mercado de primer nivel en España requeriría un nivel de inversión muy elevado con un rendimiento potencial muy incierto a largo plazo que podría afectar a la viabilidad económica del mercado para la empresa”.
La salida a Bolsa de Deliveroo no fue tan triunfal como esperaba. En verano del año pasado, convirtió un Expediente de Regulación Temporal de Empleo en definitivo. Mientras que otras plataformas con una política laboral y de precios más agresiva estaban en auge, la firma con presencia en 12 países, no conseguía amplia su cuota de mercado. Tampoco sus planes fueron bien en Alemania, país que abandonó en 2019.
Según la empresa, habrá una consulta en septiembre a su entre 3.000 y 4.000 trabajadores, incluidos los repartidores, para poner en marcha el proceso de cierre. En todo caso, “la empresa se asegurará de que los riders y los empleados dispongan de un adecuado paquete de compensación que cumpla con todas las normativas y la legislación local”, dictaba su comunicado.
CCOO entiende que la decisión de la multinacional obedece exclusivamente a “una estrategia de mercado y a su falta de rentabilidad”. Es más, para despejar las dudas, afirma que “existen otras plataformas de reparto presentes en territorio español que son rentables económicamente y cumplen con la legislación laboral”.
Advierte igualmente esta organización, que asesoró a los trabajadores en el ERE de 2020, que la dirección de la compañía tiene que aclarar si la consulta a la que se refiere es en realidad el trámite obligado en todo procedimiento de despido colectivo. CCOO, en la misma línea que UGT, reclama al Gobierno una especial implicación con el cumplimiento y despliegue de la normativa” para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
