El trabajo sin derechos crea desigualdad

El trabajo sin derechos crea desigualdad
Las organizaciones que organizan a las trabajadoras y los trabajadores de la llamada economía informal han expresado la necesidad de “un cambio de mentalidad que considere a la informalidad como creadora de desigualdad”.

“Si se incorporan los derechos laborales a la economía informal, entre ellos el derecho a la negociación colectiva, y se llevan adelante las intervenciones que permitirán mejorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras por cuenta propia y mejorar la protección social de todas las personas trabajadoras en empleo informal, es posible que se logre una reducción significativa de la desigualdad, tanto entre los países como dentro de ellos”, señalan en una declaración las organizaciones WIEGO, mujeres en empleo informal; StreetNet Internacional, una alianza global de vendedores de calle; HomeNet Internacional, una red internacional de trabajadoras a domicilio; la Federación Internacional de Trabajadores del Hogar (FITH) y GlobalRec, una alianza global de recicladores.

El documento de posición ha sido trasladado al grupo de trabajo que abordar la discusión general sobre las desigualdades y el mundo del trabajo, uno de los principales diálogos de la segunda parte de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de la OIT, que se desarrolla del 25 de noviembre al 11 de diciembre, alertando “que se pasa por alto en el análisis de la desigualdad global es la cuestión del empleo informal”. Por eso, la propuesta de estas plataformas y alianzas de trabajadoras y trabajadores de la economía informal pretende demostrar “cómo la desigualdad se traduce en informalidad” y concluir con una batería de propuestas para que se tengan en cuenta en la redacción de las conclusiones de este diálogo.

Análisis de la desigualdad global en el empleo informal

Conviene subrayar que cuando hablamos de trabajadoras y trabajadores con un empleo informal, se habla de la gran mayoría, el 61%, de la población activa mundial, un porcentaje que aumenta en las economías en desarrollo, hasta el 90 %, frente al 67% de las economías emergentes y al 18% de las economías desarrolladas, según un informe de la OIT. Son personas asalariadas, que no lo hacen por elección sino que son descartadas por el sistema. No tienen contrato laboral ni acceso a prestaciones sociales o trabajan por cuenta propia. La mayoría del colectivo, el 92% del empleo de las mujeres en las economías en desarrollo es informal, frente al 87% del empleo de los hombres. En cuanto a la brecha salarial, ahorro y protección social, las mujeres también lideran esta desigualdad de igual forma que las mujeres trabajadoras de la economía formal y una mayor carga de responsabilidades del hogar y del cuidado no remunerado. Una realidad que tiende a emporar por la pérdida de empleo a consecuencia del impacto de la pandemia y al crecimiento de la economía de plataformas.

Desigualdad e impacto de la COVID-19

La declaración apunta las enormes dificultades vividas por las personas trabajadoras con empleo informal en este tiempo de pandemia. Sufren ingresos bajos e inseguros, largas jornadas de trabajo y salud y seguridad deficientes. Han sido excluidas de la cobertura de la protección social y de las transferencias en efectivo o en especie que otorga el Estado en situaciones de emergencia, “debido a la existencia de procedimientos burocráticos y de difícil acceso”. En el periodo más duro de confinamiento, no pudieron trabajar ni tener ningún ingreso, “lo que a menudo produjo más hambre”. Al estar están excluidas de la legislación y normativa laboral, implica que que no son reconocidas ni están protegidas.

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Se han exacerbado las desigualdades que ya habían en el acceso a la atención sanitaria, tal como se sigue evidenciando con el acceso a la vacuna. A finales de septiembre de 2021, solo el 2% de la población de los países de bajos ingresos –la mayoría, en África– había recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19, en comparación con alrededor del 65% de la población de los países de altos ingresos. Esta realidad afecta a la recuperación económica, y por tanto, a la desigualdad.

Derechos fundamentales

Las organizaciones de trabajadores y trabajadoras con empleo informal plantean un decálogo de propuestas para atajar y reducir la desigualdad y favorecer la recuperación económica. En este sentido, destacan que la Recomendación 204 de la OIT, sobre la transición de la economía informal a la economía formal, “sea una prioridad y una parte integrante de los planes nacionales de recuperación económica, que deben centrarse en el ser humano y abordar la desigualdad”. Así mismo, proponen la aplicación de una serie de principios y prácticas para asegurar el respeto de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras y la garantía de oportunidades de seguridad de ingresos y medios de subsistencia.

Reclaman que les sean reconocidas su condición de trabajadoras o agentes económicos legítimos y activos, que les permita acceder al derecho de asociación y de negociación colectiva, así como un marco de políticas de desarrollo sostenible, de erradicación de la pobreza, de crecimiento inclusivo y la generación de puestos de trabajo decente en la economía formal. O el establecimiento de normas internacionales del trabajo que protejan y garanticen derechos mínimos “para todas las personas trabajadoras, independientemente de su situación laboral”, reclamando acelerar la ratificación y aplicación de las normas internacionales del trabajo, como son el Convenio 177, el 189 y el 190 junto con las las recomendaciones R204 y la R202.

Del mismo modo, consideran que aumentar los salarios y establecer un salario vital adecuado, “es la piedra angular para abordar la desigualdad”. Por otro lado es fundamental que el Estado genere un entorno físico favorable; contribuir al proceso de formalización de las personas trabajadoras en empleo informal y de las empresas informales adquiriendo algunos de los productos o servicios producidos por ellas o por las empresas que están en transición; y garantizar un nivel de protección social y de acceso a servicios públicos de calidad que permita cubrir necesidades básicas para la vida. Finalmente proponen impulsar una economía social y solidaria que promueva la solidaridad y la inclusión social, mediante cooperativas o sociedades mutualistas, con leyes, políticas y recursos.

 

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