Las víctimas de la siniestralidad laboral quieren dejar de ser ciudadanas de segunda

Las víctimas de la siniestralidad laboral quieren dejar de ser ciudadanas de segunda
No faltan normas, estudios y herramientas, por más que siempre sean mejorables, para combatir la lacra de la siniestralidad y la enfermedad laboral. Falta cultura preventiva y voluntad para convertir la defensa de la salud en una prioridad de  empresas y administraciones.

Esta es la principal conclusión que arrojan las segundas jornadas de la Asociación de Víctimas y Enfermedades Laborales de Andalucía (AVAELA) convocadas con el título El trabajo es seguro o no es trabajo, celebradas en la sede de la Diputación de Córdoba, estos días, en las que han participado representantes de las administraciones públicas, el ámbito judicial, los empresarios, los sindicatos y los familiares de fallecidos en el ámbito laboral.

En Andalucía, cada 60 horas (dos días y medio), una persona sale de su casa para ganarse la vida y no vuelve. Padres, hijos y esposos pierden a un ser querido por el solo hecho de acudir a su puesto de trabajo. Es una realidad tan injusta como incomprensible, en una sociedad que acumula un alto grado de conocimientos y desarrollo material.

Víctimas olvidadas

Las familias de las personas que fallecen en accidente de trabajo se sienten ciudadanos de segunda categoría. ¿Por qué no tienen el mismo reconocimiento que las víctimas del terrorismo, de los accidentes de tráfico o la violencia de género?, se preguntan contantemente.

“Son muertes molestas que se olvidan muy rápido”, ha afirmado en su intervención en las jornadas Noelia Gallardo, cuya pareja murió hace dos años, aplastada por una cinta transportadora que estaba reparando en la Azucarera del Guadalete (Jerez de la Frontera).

Tal vez incomodan, porque detrás de esas muertes hay unas causas y unas responsabilidades muy concretas que, en justicia, deben ser aclaradas. Cuando ocurre un accidente laboral está claro que “algo ha fallado, no ha funcionado, alguien no ha estado, no se ha ocupado, no ha visto la importancia de lo que había que hacer”, ha advertido Reneé Scott, presidenta del comité de Prevención de Riesgos Laborales de la Confederación Empresarial Andaluza.

Pero no queda otra que hacer que el drama de la siniestralidad  llegue a “la agenda de los medios de comunicación y en la agenda política, porque es la única manera de poner solución”, reclama el secretario de Relaciones Laborales y Empleo de UGT Andalucía, Juan Carlos Hidalgo, quien es de la opinión que, aunque es un fenómeno con muchas causas, entre ellas no hay que olvidar la precariedad, “no puede ser que ir a trabajar cueste la vida”.

La integridad física por delante de todo

“Durante la pandemia, muchos directivos han conocido por primera vez al técnico de prevención de su empresa”, ha apuntado el director del Centro Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía, José Antonio Leiva Márquez.

Esta dura experiencia, quizás, haya servido para demostrar que cuando se trabaja de forma coordinada y colaborativa, se planifica y se ponen las herramientas adecuadas, se obtienen resultados. Los lugares de trabajo en los que se han tomado en serio la prevención contra la propagación del coronavirus han sido relativamente seguros. Lo mismo se puede decir de los colegios, que han sido capaces de salir adelante, a pesar de todo.

Sin embargo, queda mucho por hacer para que los accidentes, las lesiones y las enfermedades de origen laboral dejen de ser la triste realidad de familias trabajadoras que, además, tienen que soportar años y años de instrucción judicial para tener, al menos, una sentencia que explique lo ocurrido, largos trámites administrativos para obtener las pensiones a las que tienen derecho y que, en algunos casos, se convierten en la única fuente de ingresos, y fatigosos duelos hasta que aprenden a vivir, mal que bien, con la pérdida sufrida.

Insensibilidad ante el dolor

El abogado laboralista socio y colaborador de AVAELA, Octavio Mengual García, ha explicado que las dificultades de la ciudadanía para acceder al sistema de justicia se elevan a la “enésima potencia”, en el caso de los accidentes y enfermedades laborales. Son procesos que se dirimen en un sinfín de ventanillas: la judicial, la seguridad social, las mutuas, la aseguradoras, precisamente, en un momento de gran dolor para quien debe enfrentarse al laberinto de la burocracia.

La justicia tarda en llegar, incluso cuando la responsabilidad recae en el sector público. Lo saben bien los 12 supervivientes de la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA), creada por la Junta de Energía Nuclear en 1959, paralizada en 1981 y sellada bajo toneladas de hormigón en 1990.

A pesar de que la mayoría de sus 126 trabajadores han muerto por cáncer –hay informes clínicos que demuestran que sus niveles de uranio en sangre exceden con mucho los límites recomendados–, salvo en algunos pocos casos, no se ha reconocido todavía el origen laboral de la enfermedad que acabó con sus vidas o ha deteriorado su salud.

Después de tantos años de lucha contra este flagrante atentado a la salud y evidente drama laboral y social aún no se ha resarcido, ni reparado, ni reconocido este drama laboral.

Largo camino contra la siniestralidad

Hay ya una clara conciencia de que los procesos relacionados con los accidentes y enfermedades deben ser más ágiles. Se han creado fiscalías especializadas en siniestralidad laboral que además reclaman la creación, todavía sin éxito, de tribunales también dedicados a resolver lo antes que se puedan estos casos.

Es verdad que intervienen muchas partes que legítimamente defienden sus derechos en casos de una naturaleza muy delicada, por lo que la delimitación de las responsabilidades penales ha de hacerse con todas las garantías, como ha defendido el fiscal de sala coordinador de Siniestralidad Laboral, Félix Pantoja, consciente además de la falta de inspectores de trabajo, técnicos y peritos que puedan aportar con diligencia y exactitud sus propios informes. Lo que sí ha reclamado para su fiscalía es también competencias para dirimir las responsabilidades civiles en los accidentes laborales.

Ángel Herrador Leiva, delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba, ha explicado, en su intervención, el esfuerzo de la administración por recabar rápidamente la información sobre los accidentes de trabajo y ha apostado por mecanismos más rápidos para detectar las contingencias relacionadas con la salud laboral.

Concienciar a la ciudadanía

Para el presidente de AVAELA, Miguel Cruz, “es necesario que la ciudadanía tome conciencia de que existe un problema, grave, profundo y estructural que se llama siniestralidad laboral”. Desde luego, opina, hace falta “una mayor especialización en todos los ámbitos relacionados con la prevención: jurídico, inspección de trabajo, la esfera política el mundo de la empresa, el ámbito sindical y el de la administración pública”.

Aunque tiene claro, Cruz que “no se podrá avanzar en la lucha contra la Siniestralidad sin coordinación entre administraciones. Tampoco puede faltar la integración de la cultura preventiva en el proceso de producción de la empresa”. Para lo cual, hay que reconocer el “fracaso colectivo” en la prevención de los riesgos y accidentes laborales: “un fracaso que nos pide revisar todo el entramado de las relaciones laborales. La calidad de las condiciones de trabajo son determinantes para la salud de quienes trabajan. Un contrato precario implica más peligro. Y eso no se puede permitir”.

Para combatir esta lacra social que se cobra la vida de dos trabajadores en España, cada día, y lleva la desolación a sus familiares y allegados, hay que tener claro que “el trabajo es seguro o no es trabajo”, concluye Cruz.

El trabajo es seguro o no es trabajo

Primera sesión: Intervienen Ángel Herrador Leiva, delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba; Félix Pantoja García, fiscal de sala  coordinador de Siniestralidad Laboral; Octavio Mengual García, abogado laboralista socio y colaborador de AVAELA, además de familiares de ex trabajadores de la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA).

Segunda sesión: Intervienen René Scott Avellaneda, presidenta de la Comisión Prev. Riesgos Laborales de la CEA; Juan Carlos Hidalgo Ruíz, secretario de Relaciones Laborales y Empleo de UGT-A; José Antonio Leiva Márquez, director del Centro Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía, además de la pareja de un trabajador fallecido en la azucarera de Jerez de la Frontera.

 

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