La frontera sur de España se vuelve más mortífera en 2023 con 2.789 personas muertas
El intento de reducir la migración a Europa, blindando y externalizando las fronteras, es “un fracaso absoluto” que solo añade “más muerte y dolor”, ha señalado el coordinador general de la APDHA, Diego Boza Martínez, en la presentación del Balance Migratorio 2023.
En 2023, perdieron la vida o desaparecieron, según datos contrastados por la organización por derechos humanos de Andalucía, 2.789 personas en su intento de llegar a España. Se trata de la cifra más alta desde 1988, cuando se empezó a tener registro.
En su intervención Boza ha subrayado que este es “el peor momento de nuestra serie histórica, con un récord y unas cifras nunca vistas de personas fallecidas o desaparecidas”.
Según ha explicado, el alto número de muertes en la frontera no es casualidad, sino “fruto de unas políticas de externalización y control de fronteras que son unas políticas asesinas, que solo buscan ocasionar el mayor dolor y el mayor sufrimiento”.
“El intento de impermeabilizar la costa norte de Marruecos, a través de los acuerdos firmados por este país con el gobierno español y con la Unión Europea, es lo que ocasiona que la mayoría de las personas migrantes se vean abocadas a transitar por la ruta canaria”, precisamente “donde se producen más muertes y desapariciones”, ha señalado.
La mortífera ruta canaria
Según los datos, el 80% de los muertos y desaparecidos se han producido en la ruta canaria, que, tras los acuerdos suscritos con Marruecos se ha convertido en casi la única disponible para las personas migrantes que quieren llegar a Europa. Así ha denunciado que la estrategia europea de migraciones cero “no reduce la migración, sino que la reconduce hacia las más peligrosas, provocando más muertes y dolor”.
“Cada día han llegado a Canarias una media de 112 personas, siendo la isla de El Hierro la que más personas ha recibido durante 2023, en total más de 14.000”. El aumento en la ruta canaria, como explica la coordinadora del Informe Frontera Sur, “se ha producido porque desde 2018 hasta 2023 se ha producido un descenso de hasta un 93% en la ruta del Estrecho por los acuerdos que el Estado español mantiene desde 2019 con el país vecino”.
Con todo en 2023 llegaron de manera irregular a Andalucía un total de 9.800 personas, lo que supone un 17% del total estatal, siendo la ruta del Mar de Alborán la más utilizada para llegar a las costas andaluzas y Almería la provincia que más personas migrantes ha recibido, en concreto, “2.000 más que en el año anterior, mientras que las provincias de Málaga y Granada han recibido conjuntamente durante 2023 unas 1.100 personas. A Cádiz, como señala la integrante de APDHA, “han llegado en 2023 apenas 1.287 personas, lo que supone un descenso del 93% con respecto a la cifra de personas llegadas en 2018”.
La llamada ruta de Levante, que conduce a provincias como Murcia, Alicante o a las Islas Baleares, “también ha sufrido un descenso significativo, suponiendo menos de un 10% del conjunto de personas que acceden al Estado español por su frontera sur”. También se ha producido un descenso significativo en las entradas, fundamentalmente por vía terrestre, que se producen en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Más llegadas, más riesgos
La coordinadora del Informe Frontera Sur de APDHA, Ana Rosado, ha especificado que el año pasado, 58.762 personas accedieron de forma irregular al Estado español (apenas el 0,12% de la población residente en España), frente a las 34.537 del año anterior, la mayoría por vía marítima, atravesando la ruta canaria.
“A pesar del aumento de llegadas respecto al año anterior, no es el máximo histórico, pues otros años aún hemos recibido a más personas migrantes”, ha puntualizado Rosado, quien ha lamentado que esta experiencia “no nos ha servido para implementar un sistema de acogida digno y respetuoso con los derechos humanos, dotado con suficientes recursos profesionales y materiales”.
Es más, ha denunciado que “con la excusa de la emergencia, las autoridades ponen en marcha medidas que en la mayoría de los casos vulneran los derechos de las personas que se han jugado la vida con la esperanza de llegar a un lugar seguro”.
De hecho, el supuesto endurecimiento de las fronteras no está sirviendo de mucho, a juzgar por las más de 280.000 personas que cruzaron la frontera sur de Europa en 2023, un 60% más con respecto al año anterior, siendo Italia el país europeo que más personas migrantes ha recibido, lo que en su opinión demuestra que “las políticas migratorias de la Unión Europea ni frenan ni reducen el flujo migratorio, sino que solo lo reconduce hacia rutas más peligrosas”.
Pese al aumento con respecto a 2022, “estamos muy lejos de las cifras de más de un millón de personas que se experimentó con la crisis de refugiados de 2015”, ha matizado Toché García, integrante del Área de Migraciones
En cambio, la responsable de APDHA ha mostrado su preocupación por el “el auge de los discursos racistas y xenófobos, así como por las políticas de externalización de fronteras que la Unión Europea acuerda con países cuyos gobiernos son poco democráticos y vulneran sistemáticamente los derechos humanos”.
30.000 menores, 18.000 no acompañados
Además, García ha informado de que “durante 2023 han llegado a la frontera sur europea más de 30.000 menores de edad, de los cuales más de 18.000 viajaban sin estar acompañados por ningún familiar o referente adulto” y ha denunciado que “los sistemas de acogida para estos niños y niñas distan mucho de lo que deberían ser para garantizar su protección y sus derechos”.
“Durante los últimos cinco años, que coinciden con el gobierno en teoría más progresista de la historia de nuestro país, se ha producido la muerte de un total de 9.118 personas, lo que viene a suponer más de la mitad de las desapariciones y fallecimientos que se han producido en los últimos 36 años”, se apunta en el informe.
Desde 1988 hasta el 31 de diciembre del pasado 2023 un total de 16.898 personas, según los registros que mantenemos desde la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía, han perdido la vida o han desaparecido en la frontera sur del Estado español.
Por ello, el informe afirma que “pareciera que ejercer el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce a todas las personas el derecho a migrar, a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio del Estado en el que deseen desarrollar sus experiencias vitales, fuese un crimen”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
