Por una reforma ambiciosa de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

A pesar de suponer un serio problema y un tremendo drama para las personas trabajadoras que sufren accidentes laborales y sus familias, la cruda realidad es que las muertes en el trabajo se han normalizado, continúa siendo una lacra invisible a los ojos de nuestra sociedad.

Los datos son demoledores, desde el año 1988, primer año del que hay registros, hasta la actualidad, se han producido casi 26 millones de accidentes con baja y algo más de 42.200 accidentes mortales.

Según los datos definitivos de 2022, se registraron 1.218.211 accidentes de trabajo, de los que 653.510 accidentes causaron baja y 864 personas trabajadoras fallecieron en accidente de trabajo. En aproximadamente un tercio de los accidentes laborales que causaron baja no se había realizado la evaluación de riesgos laborales a la que obliga la ley, esto denota una falta de cumplimiento de la normativa por parte de las empresas.

En 2023, con datos aún provisionales, la siniestralidad laboral presenta un leve descenso en las cifras de accidentes de trabajo y también de accidentes mortales, pero esto no es suficiente. Se produjeron un total de 1.194.907 accidentes de trabajo y 721 accidentes mortales, 105 menos respecto a los datos provisionales de 2022, descendiendo esta cifra en un 12,7%. Siguen siendo cifras muy elevadas, continuamos hablando de dos muertes al día en el trabajo.

El pasado 12 de febrero se abrió la Mesa de Dialogo Social para revisar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), que tanto tiempo llevábamos reclamando y que fue un compromiso de la vicepresidenta segunda y ministra Yolanda Díaz con la UGT, durante el acto de la firma de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027.

Desde el Ministerio de Trabajo nos trasladaron la intención de centrar las negociaciones en torno a las modificaciones legislativas que ya se apuntan en la propia estrategia, con un primer bloque, que aborde la integración de la edad, diversidad generacional en la gestión preventiva y reforzar la protección de los riesgos psicosociales. Un segundo bloque, para la integración de la perspectiva de género, y un último bloque que aborde la gestión preventiva en las empresas.

Para el sindicato es importante abordar la externalización generalizada de la gestión de la prevención en las empresas, lo que ha creado, el denominado «mercado de la prevención». La LPRL pretendía conseguir una gestión integrada en la empresa de la prevención. Algo imposible cuando se lleva a cabo contratando a un tercero, ajeno a la propia empresa, que se ocupa del «papeleo».

Desde nuestro punto de vista, hay que repensar la forma de gestionar la seguridad y salud en el trabajo en las empresas, ya que la prevención de riesgos laborales se ha planteado como un negocio y no como un derecho fundamental de las personas trabajadoras.

Por lo tanto, hay que acabar con la mercantilización de los servicios de prevención ajenos mediante una modificación legislativa, con el objetivo de conseguir una mayor integración de la prevención, mejorando la formación y potenciando la utilización de recursos propios en el desempeño de la actividad preventiva, siendo solo posible el recurso a un servicio de prevención ajeno cuando las competencias de la empresa sean insuficientes.

Además, consideramos necesario revertir los cambios normativos de la LPRL, volviendo al modelo originario de asunción por parte del empresario, solo en las empresas de hasta seis personas trabajadoras y sin perjuicio de exigir las debidas garantías en orden a contar con otros recursos, internos y externos, según la actividad realizada, dado que según los datos definitivos de 2022, el mayor número de accidentes laborales se produjeron en empresas de hasta 25 personas trabajadoras.

Proponemos que las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad actúen
en el ámbito local como «auxiliares
o colaboradores»

Es el momento de abordar mejoras en la gestión de los riesgos psicosociales de origen laboral, así como en el reconocimiento de las patologías derivadas. Las muertes durante la jornada laboral por infartos y derrames cerebrales son la primera causa de fallecimiento en accidente de trabajo desde hace tiempo, por lo que los riesgos psicosociales no son riesgos novedosos o emergentes, al contrario, son ampliamente conocidos, pero son los peor gestionados por las empresas.

Únicamente un 43,8% de las empresas afirma tener protocolos para combatir el estrés laboral y un 56,9% contra el acoso según los resultados de ESENER.

En España en 2022 se suicidaron 4.227 personas, lo que supone 11 al día, según las cifras del INE, suponiendo un 5,6% más que en 2021. En 2023 las bajas laborales por contingencia común derivadas de problemas de salud mental fueron 597.686, algo más del doble que las registradas en 2016,

Desde UGT creemos que debe avanzarse hacia una regulación diferenciada como ya sucede con los cancerígenos, donde se mejoren las evaluaciones de riesgos, la aplicación de medidas preventivas y organizativas, la formación e información y la vigilancia de la salud respecto a las patologías que afectan a la salud mental.

Plan de choque

Como complemento a las modificaciones que se acuerden de LPRL, debe articularse un plan de choque contra la siniestralidad laboral de manera negociada y urgente con el objetivo de reducir el número de accidentes de trabajo de forma drástica. Entre otras medidas a incluir, proponemos la creación de una figura similar al delgado o delegada de prevención territorial, pero a nivel estatal, ya que los centros de trabajo donde hay representación sindical son más seguros. Sin duda, la creación de esta figura ayudaría a mejorar la prevención en las pymes de nuestro país.

Por otra parte, a pesar de que se pueda llegar a un consenso para mejorar la normativa en prevención de riesgos laborales en la Mesa de Diálogo Social, si continúa sin cumplirse, no servirá de nada, por lo que necesitamos garantías adicionales de cumplimiento normativo.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) se encuentra saturada, por lo que, desde el sindicato reiteramos la necesidad de que se la dote de mayores recursos, tanto humanos como materiales. Además, como medida transitoria y hasta que la Inspección cuente con los medios suficientes, proponemos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en especial en el ámbito local y autonómico, actúen como «auxiliares o colaboradores» en el cumplimiento preventivo, cuando se constante situaciones constitutivas de infracciones graves o muy graves. Este auxilio o colaboración con la ITSS por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se podría desarrollar vía convenios entre las mismas y la Dirección General de Trabajo de las distintas Comunidades Autónomas.

Por otro lado, conviene destacar igualmente, la importancia de la Fiscalía, para la que también reclamamos más medios para que pueda depurar responsabilidades en los casos de accidentes en los que ha habido un delito de riesgo para la salud de las personas trabajadoras y acortar los largos periodos de los procedimientos judiciales. En 2022 fue, de media, cinco años y ocho meses para dictar sentencia de instancia. •

Ana García de la Torre

Secretaria Confederal de Salud Laboral de UGT