El Gobierno reconoce carencias en el ingreso mínimo vital
Más de 1,6 millones de personas y casi 560.000 hogares recibieron el ingreso mínimo vital (IMV) durante el pasado mes de febrero. Desde su puesta en marcha en junio de 2020, más de 2,2 millones de personas (más de 770.000 hogares) han recibido en algún momento esta prestación.
Según los datos aportados del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cerca de 610.079 personas (216.249 hogares) han dejado de percibirla.
La explicación optimista a la retirada de esta contribución económica supone que sus beneficiarios han encontrado trabajo mientras que la especulación pesimista tiene más que ver con algún cambio de los datos o la situación de los hogares que la reciben.
Lo cierto es que en este febrero un total de 1.669.361 personas y 557.405 hogares se han beneficiado del IMV. De los 557.405 hogares que lo han recibido, 376.330 cuentan además con el complemento de ayuda para la infancia (API). Así mismo, en 371.078 casos el titular de la prestación ha sido una mujer y en 186.327 hombres. La cuantía media por hogar ha sido de 500 euros.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado mayor transparencia en la gestión de esta prestación, además de abrirse a redoblar sus esfuerzos para extender el IMV, lo que ha sido celebrado también por los sindicatos que hace días participaron en la formación de una Mesa de Trabajo, Seguimiento y Evaluación del IMV, entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y los interlocutores sociales.
Los sindicatos entienden que este nuevo marco de participación y diálogo social debe facilitar “la mejor evaluación y mejora de esta importante prestación que tiene ya un desarrollo relevante pero aún insuficiente”, “sin perjuicio de otros organismos previstos en la Ley del IMV, como la Comisión de Seguimiento para coordinación entre administraciones y el Consejo Consultivo que, por cierto, no se han constituido hasta ahora.
En el informe del ministerio Análisis sobre la brecha de cobertura en la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), se reconoce que el 80% de las personas que viven solas con derecho a recibirlo, no lo ha solicitado, si bien queda solo el 30% de hogares con dos adultos y tres menores sin reclamarlo.
La disparidad de solicitudes se debe a la conversión automática de las antiguas prestaciones familiares en IMV. Las regiones con mayores tasas de posibles beneficiarios que no solicitan la prestación son Cataluña (el 75 %), y la ciudad autónoma de Ceuta (el 40 %).
El propio Ministerio Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reconoce “ciertas limitaciones” en su estudio, porque hay hogares incorrectamente identificados como beneficiarios o porque algunos de los incluidos podrían estar percibiendo alguna otra renta mínima autonómica. También, porque considera posibles beneficiarios a personas que tienen rentas cercanas al umbral garantizado por la prestación o se encuentran en una situación de pobreza temporal, lo que puede ser un desincentivo para solicitarla.
Desde el Ministerio apuntan a mejoras para hacer la solicitud del mismo más sencilla y accesible, así como en la coordinación con las comunidades autónomas y con los servicios públicos de empleo.
Los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida señalan que el riesgo de pobreza o exclusión social se ha incrementado en el último año hasta llegar al 26,5 % de la población residente en España, unos 12,7 millones de personas (400.000 más que 2022),
Alrededor de 9,7 millones de personas viven en pobreza en nuestro país, con ingresos inferiores a 10.989 € anuales por unidad de consumo (916 € al mes), lo que representa el el 20,2 % de la población.
Redactor jefe de Noticias Obreras
