El dudoso respeto a los derechos humanos en la frontera sur
La confirmación periodística de los graves sucesos ocurridos en la valla entre Melilla y Nador, donde murieron 23 personas migrantes, según las autoridades, 40 personas, según algunas ONG, vuelven a poner en tela de juicio el respeto a los derechos humanos en los puestos fronterizos.
Para el director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, Xabier Gómez García, “las diversas investigaciones abiertas para esclarecer lo sucedido en la tragedia de la valla de Melilla del 24 de junio, tanto por la prensa, como en sede parlamentaria, así como las conclusiones ofrecidas por el Defensor del Pueblo, señalan la gravedad de lo sucedido”.
El Defensor del Pueblo, en un informe preliminar, había determinado que 470 personas habían sido rechazadas en la frontera, lo que se llama “devoluciones en caliente”, “sin contemplarse las previsiones legales tanto nacionales como internacionales”.
También proponía mejorar “el trato que se dispensa a las personas que cruzan o tratan de cruzar las fronteras que separan los dos Estados” y recordaba el deber de garantizar el derecho a la integridad física y moral de los migrantes en la gestión fronteriza.
Igualmente, la comisaria europea de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha expresado que “en la práctica, parece no haber otra vía de entrar en Melilla y solicitar protección ante las autoridades pertinentes que nadando o saltando la valla, arriesgado la vida”.
“Esta situación debe ser atendida de manera integral para garantizar que las personas en necesidad de protección puedan acceder al territorio por vías legales y seguras”, ha insistido, al tiempo que pedía, para garantizar un enfoque compatible con los derechos humanos, “la cooperación con el ACNUR y las organizaciones de la sociedad civil relevantes que trabajan en la protección de los refugiados y solicitantes de asilo”.
Desde el Departamento de Migraciones, se remiten a la nota “No más muertes en las fronteras”, del 25 de junio del 2022, emitida por los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana, donde ya dijeron: “esperamos que las autoridades competentes contribuyan al esclarecimiento de los hechos, y a tomar las medidas oportunas para que no vuelvan a suceder”.
Por una migración ordenada
En este comunicado ya expresaban que “la Iglesia aboga en todos los continentes por contribuir a salvar vidas, acoger y proteger a las personas migradas. Necesitamos una migración ordenada a través de vías legales y seguras, así como fomentar la colaboración al desarrollo con los países que sufren guerras, conflictos y hambrunas”.
“Entonces como hoy, rezamos por los fallecidos, los heridos, y por quienes fueron devueltos inmediatamente y sus familias”, añade el director del Departamento de Migraciones.
El coordinador del equipo Frontera Sur del Servicio Jesuita de Migraciones, Josep Buades Fuster SJ, considera que “las devoluciones sumarias funcionan a costa de vida, la integridad física y la vulneración de los derechos humanos de las personas”.
No obstante, Buades reconoce, según las informaciones recabadas, “que los que lograron rebasar el cordón policial y llegaron al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes pudieron solicitar protección internacional a los dos días, y que la Policía mostró una clara voluntad política de hacer las cosas bien al tramitar las solicitudes mediante el procedimiento ‘en territorio’, que ofrece más garantías”. No en vano, el SJM prestó asistencia letrada a un grupo de 20 personas que solicitaron su intermediación.
“Más allá de este episodio gravísimo, es preciso derogar la disposición adicional primera de La Ley de Extranjería. Y si no hay voluntad política para ello, al menos, desarrollar reglamentariamente cómo proceder con quienes quieren solicitar protección internacional o tienen otras circunstancias de vulnerabilidad”, afirma Buades. En su opinión, “las devoluciones a pie de valla amparadas por el Tribunal Constitucional, sin un desarrollo reglamentario para garantizar que se salvaguardan los derechos humanos muy difícilmente se ajustan a la legalidad”.
Indiferencia ante el dolor humano
También el franciscano y arzobispo emérito de Tánger, Santiago Agrelo, consultado por este medio, se reitera en su denuncia sobre la indiferencia ante el dolor humano y añade que “han pasado meses, y ni siquiera sabemos si los muertos han sido identificados, si de su muerte se ha dado noticia a las familias, si se va a hacer algo que deje un rastro de humanidad en la tragedia”.
Igualmente, se lamenta de que aún no se sepa “cuántos han sido los que aquel día de junio perdieron la vida en aquella frontera, cómo perdieron la vida, dónde perdieron la vida”.
“Más allá de cualquier responsabilidad penal o política que unos y otros hayamos podido tener en los hechos, cada uno de nosotros, si algo nos queda de decencia, de racionalidad, de compasión, de humanidad, tendríamos que haber expresado una repulsa sin paliativos a una masacre evidente, tendríamos que haber asumido un compromiso irrevocable porque el crimen no se repita”, reflexiona.
“Algo hace temer que la decencia, la racionalidad, la compasión, la humanidad, se hayan ausentado de los escaños de la política”, completa, al tiempo de que “los gobiernos actúan de este modo porque como sociedad lo permitimos”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
