En el aire el “estatuto del becario” pactado entre sindicatos y Trabajo
El Ministerio de Trabajo y los sindicatos han presentado el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, aunque no parece que entre en vigor.
La regulación de las becas formativas en las empresas estaba pendiente de concreción desde el pacto entre Gobierno, patronal y sindicatos de 2021 que dio lugar a la reforma laboral. De hecho, hace tiempo que el Ministerio y organizaciones de trabajadores habían aproximado posturas. La intención de contar con el respaldo de la patronal ha dilatado su tramitación definitiva.
La CEOE expresó su oposición definitiva a seguir negociando, alegando que no considera la aprobación de esta norma con las cámaras legislativas a medio gas. Así, el “estatuto del becario” queda en el aire, más ante las informaciones de fuentes de Moncloa que aseguran que no contemplan llevar el texto del acuerdo bilateral al Consejo de Ministros, que tendría que aprobar la norma vía real decreto ley antes del 23 de julio, fecha de las elecciones generales.
El objetivo principal es dotar de derechos a los estudiantes que en su etapa formativa deben realizar prácticas en sus empresas, cotizando por ello a la Seguridad Social, recibir compensación por gastos y cobertura ante los riesgos laborales y evitar los abusos. En definitiva, establecer “una regulación para que haya prácticas de calidad vinculadas a la formación reglada y se pone barreras a la explotación de los becarios y las prácticas fraudulentas”, en palabras del secretario de Juventud de CCOO, Adrià Junyent.
Para Eduardo Magaldi, portavoz de la asociación juvenil RUGE de UGT, es una norma que “mejora sustancialmente la calidad de los periodos formativos, sin suponer enormes cambios para las empresas que lo venían haciendo bien y que caerá como un mazazo sobre quienes cometían abusos sobre las personas becarias”. “Entendemos que nuestra sociedad no puede permitir que el primer contacto de una persona con el mundo laboral sea explotación y abusos”, ha señalado.
El acuerdo parte de la presunción de laboralidad, prohíbe las tareas no estrictamente formativas para evitar la sustitución de personal de plantilla por estudiantes, para lo que se establecen sanciones y vigilancia por parte de la Inspección de Trabajo. Igualmente recoge una limitación de presencia de becarios del 20% de los empleados.
Mejora de las condiciones de las personas becarias
La Juventud Obrera Cristiana y la Juventud Estudiante Católica, consultados por noticiasobreras.es ven con buenos ojos todo esfuerzo “en la lucha contra la precariedad juvenil”. Ambas organizaciones de la Acción Católica especializada valoran que se haya abierto el debate sobre la situación de las personas jóvenes, en esta caso de quienes realizan prácticas formativas.
Estos movimientos de jóvenes explican que ya existía un Real Decreto 592/2014 que regulaba las prácticas académicas, lo que “no impedía la mala praxis de las mismas en las que se abusaba de este modelo”. Recuerdan que las becas o prácticas se crearon con el objetivo de facilitar la transición del sistema educativo al mercado laboral, en una vía de doble sentido en la que tanto la persona becada obtiene formación y experiencia como la empresa (privada o pública) recibe un beneficio por su práctica.
“Lamentablemente este objetivo ha sido en los últimos años una utopía, y ha situado a España en el país de la Unión Europea dónde más becarios-titulados hay y dónde peores condiciones salariales tienen”, apuntan, sin olvidar que más allá de lo cuantitativo, a las personas jóvenes, “en la mayoría de empresas se les exige lo mismo que a una persona trabajadora, pero sin ningún tipo de protección real que garantice que se cumple el objetivo formativo del becario”.
Medidas como el limitar el número de becarios en grandes empresas para que no suplan posibles puestos de trabajo necesarios, establecer que la empresa asuma los gastos de las prácticas como los desplazamientos y asegurar que se cumplen otra serie de derechos básicos que hasta ahora los becarios no tenían derecho, cómo es el caso de las vacaciones o las bajas por enfermedad o accidente, significarían “un gran paso hacia la mejora de las condiciones de las personas becarias y hacia la erradicación del trabajo gratuito con la excusa de la formación que sufrían la mayoría de jóvenes que accedían a prácticas como becario”.
Rechazo de universidades, centros privados y escuelas católicas
Sin embargo, los rectores de universidad y las direcciones de los centros privados de FP se han mostrado contrarios a esta regulación de las práctica no laborales.
Las organizaciones patronales de la enseñanza privada Acade, Escuelas Católicas y CECE, en un comunicado conjunto, han expresado que “la titulación de los alumnos de Formación Profesional y el nuevo modelo dual se verían en serio peligro si entra en vigor”.
Para las patronales es una norma que, en caso de entrar en vigor, “supondrá un freno al nuevo modelo de Formación Profesional Dual, apoyado de forma mayoritaria por todos los actores implicados” y que “pone en cuestión la colaboración público–privada, que es uno de los ejes sobre los que se asienta dicho modelo”. Estas asociaciones considera que el estatuto propuesto agudizara el problema de la escasez de oferta de prácticas formativas.
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha mostrado su oposición a este Estatuto, fundamentalmente, por el el establecimiento de una compensación obligatoria por los gastos en que pueda incurrir el estudiante en prácticas, al entender que implicaría “la disminución dramática del número de empresas y, sobre todo, de entidades públicas dispuestas a acoger estudiantes en prácticas”.
También rechaza la obligatoriedad de que los estudiantes aporten una cotización mínima –está bonificada en el 95% por el Estado– a la Seguridad Social durante sus prácticas y ha pedido un año de moratoria para evitar pagar ya desde octubre.
La red de Fundaciones Universidad Empresa recuerda que el 65% de las prácticas afectadas por el “estatuto del becario” se realizan en las Administraciones públicas y no en las empresas, por lo que el Estatuto, en su opinión, “será, por tanto, una legislación inaplicable”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
