Perú y Vietnam

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Perú | Lucha contra el trabajo forzoso

Una red de jueces de paz se ha sumado a las acciones, que apoya y promueve la Organización Internacional del Trabajo, para erradicar el trabajo forzoso en la región amazónica de Perú. 130 jueces y juezas de paz han recibido formación a tal efecto. Son miembros de las comunidades, elegidos por ellas, para ocuparse de tareas que requieren de reconciliación o de la resolución de conflictos. Puesto que conocen los problemas de sus vecinos, pueden ayudar, en colaboración con el poder judicial y las autoridades municipales, a crear conciencia y prevención sobre el trabajo forzoso y a detectar este tipo de situaciones, en especial en el caso de zonas rurales remotas. Una de estas juezas de paz, subraya que parte de su labora ya es la prevención del trabajo forzoso y tomar medidas respecto a sus víctimas: «Las mujeres –dice– están levantándose y asumiendo su capacidad para tomar decisiones en nuestras comunidades. Evitar que las personas caigan en esa situación es una de las tareas; para ello tenemos que trabajar junto con las autoridades municipales de nuestras aldeas».

Esta región se ve afectada por la tala ilegal de árboles que tiene efectos muy negativos sobre el medio ambiente y las comunidades, muchos de cuyos miembros han caído en las redes del trabajo forzoso. Trabajadores que son captados por intermediarios laborales que, con el engaño de adelantos salariales, alimentos e intercambios de madera, los hacen caer en la servidumbre por deudas. En poco tiempo los trabajadores se ven atrapados en un ciclo de deudas y servidumbre que, a veces, pasa de generación en generación.

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Vietnam | Avances en la libertad sindical

La Asamblea Nacional de Vietnam ha aprobado un nuevo Código Laboral, que entrará en vigor en enero de 2021 y supone una importante conquista de los trabajadores al reconocer la libertad sindical, hasta ahora muy restringida en el país.

El nuevo Código reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras a formar sindicatos independientes en los lugares de trabajo y que los salarios deben negociarse entre las empresas y los trabajadores/sindicatos, además de establecer que las empresas deben cumplir la política nacional sobre el salario mínimo. Pone un límite a las horas extras, de 40 horas/mes y 200 horas/año, aunque en los sectores textil, de la confección, del calzado y la electrónica amplía esas horas anuales hasta 300. Aumenta la edad de jubilación de 60 a 62 años para los hombres y de 50 a 55 para las mujeres. Penaliza el acoso sexual y la discriminación laboral por motivos de raza, nacionalidad, grupo étnico, género, estado civil, embarazo, opiniones políticas, discapacidad y VIH.

Los sindicatos lo valoran muy positivamente porque alinea la legislación laboral del país con el Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación: «El código laboral es bastante progresista y brinda a los sindicatos la oportunidad de impulsar su proceso de reforma, ya que promueve las funciones y el papel del sindicato en la protección de los trabajadores».

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