«Es mejor trabajar, tienes beneficios en el futuro»

«Es mejor trabajar, tienes beneficios en el futuro»

Se llama Osayande, es de Nigeria, tiene 39 años y tres hijos pero podría llamarse Pilar, María, Jennifer, Gabriela o, incluso, José o Felipe. Ahora recibe un ingreso mínimo vital (IMV) algo inferior a mil euros, pero ha sido camarera de piso, ha limpiado escaleras, ha trabajado en una fábrica de sofás y en un almacén de frutas.

El confinamiento nos pilló a todos desprevenidos y a Osayande y a su marido los dejó sin trabajo. «Tengo tres hijos, de once, ocho y un año y si no hay colegio, no puedo trabajar ocho horas. Necesito un trabajo de media jornada que me permita cuidarlos». La ayuda estatal ha sido muy bien recibida por la familia de Osayande que, de todas formas, piensa que «es mejor trabajar, porque si cobras y cotizas tienes beneficios en el futuro, podré tener una pensión».

Muchas entidades sociales han reclamado en los últimos años que se habilitara un ingreso mínimo para que, especialmente las personas en riesgo de exclusión social, contaran con una ayuda para salir adelante. En España hay más de un millón de hogares sin ningún ingreso y, aunque muchos han valorado positivamente el Real Decreto Ley 20/2020, otros también han reclamado que estas ayudas se profundicen y amplíen más. En este sentido, aunque ha aplaudido la medida, que considera «un paso decisivo en la lucha contra la pobreza severa, que nos dignifica como país», Cáritas ha recordado, entre otros déficits, que el IMV deja fuera a las personas en situación administrativa irregular, a los menores de 23 años o que para solicitarlo es obligatorio ser demandantes de empleo.

«Donde no me gustaría volver a trabajar es en un hotel. No tengo tiempo para cuidar bien a mis hijos, porque como camarera de piso no tienes festivos ni sábados ni domingos, pero además, es un trabajo muy duro. Acabas con mucho dolor de espalda».

La familia de Osayande podría ser una de las que refleja la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE). En 2019, la situación mejoró en cierta medida, aunque tendremos que esperar un año para saber cómo ha afectado la pandemia a quienes perdieron el trabajo al inicio o durante el estado de alarma. Según el INE: «La población en riesgo de pobreza o exclusión social se situó en el 25,3%, frente al 26,1% del año anterior». La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social AROPE (por sus siglas en inglés, At Risk Of Poverty or social Exclusion) se creó en 2010 para medir la pobreza relativa en Europa, midiendo no solo los ingresos sino otros indicadores que valoran tres elementos: la población en riesgo de pobreza, con carencia material o con baja intensidad en el empleo.

El pasado año, la reducción de la tasa AROPE se produjo en dos de sus tres componentes. Según el INE: «la carencia material severa se redujo del 5,4% al 4,7% y el riesgo de pobreza del 21,5% al 20,7%. Por el contrario, la baja intensidad en el empleo subió una décima y se situó en el 10,8%».

En cuanto a la carencia material severa, la tasa AROPE mide algunos indicadores relacionados con la posibilidad de las familias de permitirse algunos gastos. Así, el 7,4% de los hogares españoles manifestó llegar a fin de mes con «mucha dificultad» en 2019. Este porcentaje fue tres puntos inferior al registrado el año anterior. Por su parte, el 33,9% de los hogares no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos, frente al 36% en 2018.

Osayande, su marido y sus tres hijos viven en un piso de alquiler en un edificio en el que son las únicas personas de origen extranjero. «Llevamos más de 12 años viviendo aquí y no tenemos problemas, ni con los vecinos ni con la casera, que siempre que ha pasado algo en la vivienda nos ha respondido enseguida».

Según el INE: «La población
en riesgo de pobreza o exclusión
social se situó en el 25,3% en 2019,
frente al 26,1% del año anterior»

El acceso a la vivienda es uno de los retos de futuro que Cáritas propone para luchar de forma efectiva contra la pobreza. Para muchas familias, el coste de la vivienda y la inversión que tienen que dedicar al pago de la misma supera el 50% de los ingresos en muchos hogares.

Hay que «evitar que el importe de la nueva prestación se destine casi únicamente al coste de la vivienda y de los suministros», y para ello, «el ingreso mínimo vital debe ir acompañado de un complemento de vivienda», según explica Cáritas.

A Osayande y su familia el IMV le ha llegado de oficio porque era demandante de una ayuda previa. Sin embargo, el acceso a esta, como a otras muchas ayudas sociales, depende de algunas condiciones previas (como la situación regular para las personas migrantes o el empadronamiento) y conlleva dificultades para la tramitación y el acceso.
Es de desear que la brecha digital, que es más que evidente para muchas personas, especialmente para las más necesitadas de un ingreso mínimo, no sea una cortapisa para el acceso a esta ayuda. Del mismo modo, es necesario que, como pide Cáritas, «las Comunidades Autónomas mantengan la inversión que actualmente destinan a las prestaciones de garantía de ingresos mínimos autonómicas como prestación económica que pueda complementar el ingreso mínimo vital. De este modo, tanto la cobertura como las cuantías permitirán que las personas puedan salir realmente de la situación de pobreza».

Mientras tanto, Osayande complementa su ingreso mínimo vital con la esperanza de que le toque la lotería: «Juego para que nos toque y poder comprar un piso donde vivir mejor y con más espacio».