La importancia de ejercer el derecho a conocer quién, dónde y cómo se elaboran los productos

La importancia de ejercer el derecho a conocer quién, dónde y cómo se elaboran los productos
La Coordinadora Estatal de Comercio Justo recuerda a la ciudadanía la importancia de ejercer su derecho a conocer el proceso de fabricación de los productos, quién, dónde y en qué condiciones se han elaborado.

Para que este derecho se pueda llevar a la práctica, la Coordinadora considera necesaria una mayor transparencia en la cadena de suministro que evite “condiciones laborales infrahumanas, explotación laboral infantil o la degradación ambiental”, según la nota publicada con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidores, del próximo15 marzo.

En este sentido, un distintivo válido son los sellos de Comercio Justo que distinguen los productos fabricados garantizando el cuidado de las personas trabajadoras y de la casa común. Actualmente hay 5 sellos de estas características: Fairtrade, Símbolo de Pequeños Productores, Fair for life, Naturland y el sello de la Organización Mundial del Comercio Justo que permiten conocer “la trazabilidad de los productos” y optar a un consumo justo y responsable.

Evitar las tragedias humanas

La codicia de las cadenas globales de producción desató, el pasado mes de febrero, una tragedia humana en Tánger. 19 trabajadoras y 9 trabajadores, con edades comprendidas entre los 20 y 40 años, fallecieron en un taller textil clandestino, volvió a visibilizar las condiciones infrahumanas de trabajo. Una realidad de trabajo inhumano que afecta a niños, mujeres y hombres extendida en “los primeros eslabones de las cadenas de suministro mundiales, es decir, en las actividades agrícolas y de extracción de materias primas”, según el informe Erradicar el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas en las cadenas mundiales de suministro elaborado por OIT, UNICEF, OCDE y OIM.

Exigir a las empresas transparencia en los procesos de fabricación es un compromiso de las Coordinadora, que se ha implicado en la recogida de firmas para solicitar a la UE la concreción de una normativa para que las empresas cumplan con los derechos humanos y medioambientales a lo largo de toda la cadena de suministro.