Canarias, paso tenso de migrantes

Canarias, paso tenso de migrantes
21.000 migrantes en 702 embarcaciones, más de 900 por ciento de los que arribaron en 2019. Aunque no hay cifras exactas, todo apunta que más de 500 marroquíes y subsaharianos han muerto en el mar en su intento de llegar a la desesperada al Archipiélago, la mayoría con intención de seguir rumbo a la Península y al resto de la Unión Europea.

Nunca las islas recibieron en tan poco tiempo –en los primeros 15 días de noviembre unos 5000– tantas personas migrantes en pateras y cayucos. En concreto, el 7 y 8 de noviembre arribaron cerca de 1500 en una treintena de embarcaciones. En cualquier caso, todavía no ha habido tantos como en 2006, cuando desembarcaron 31.678 en 515 embarcaciones, año en el que se estima que fallecieron otras 6000 en la travesía desde África al Archipiélago.

Las llegadas se han agravado, sobre todo, por el cierre de las fronteras del Mediterráneo y por las crisis económicas y sociales que padecen muchos países africanos tras la irrupción de la pandemia del coronavirus desde hace un año. También el aumento se ha debido al relajamiento de la vigilancia de Marruecos por la presión que ejerce sobre España tras su conflicto con el movimiento independentista saharaui en la frontera con Mauritania y su aspiración de controlar aguas internacionales para extraer petróleo o minerales.

Aunque solo representa un 13 por 10.000 en relación a los 13 millones de turistas que visitaron Canarias durante 2019 –cuando solo arribaron 2698–, la llegada de los 21.000 migrantes ha suscitado este año puntuales conflictos. Las tensiones se han producido entre el Ayuntamiento de Mogán, en cuyo puerto de Arguineguín se han llegado a albergar más de 2500 en equipamientos habilitados para 400 personas en condiciones no dignas para seres humanos, y en sus hoteles donde se alojan otras 7000, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria que han exigido al Gobierno de España no convertir a las islas en cárceles, por su política ambigua ante dicha situación por no poder repatriar por la pandemia, ni querer derivarles en un principio hacia la Península, ni tener el aval de la Unión Europea, que ha recrudecido su política migratoria. El conflicto lo han alentado partidos de derecha –VOX, Ciuca-CC– e incluso acompañada de brotes de xenofobia y de cierta violencia.

Brotes racistas minoritarios

Tales brotes han sido minoritarios e incluso con ecos falsos de violencias inexistentes, que han llevado a la consejera regional de Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, y a integrantes de Cruz Roja a aconsejar que no salgan de los equipamientos hoteleros, ni de los centros de menores para evitar choques con parte de la población moganera. Mientras, los gobiernos canarios y de España han habilitado carpas en establecimientos militares y civiles para acoger a migrantes en Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife, argumentando que será temporalmente.

En cualquier caso, el rechazo y los brotes racistas han sido minoritarios y puntuales, siendo uno de los más recientes el que una pasajera de una guagua de Arrecife increpó, en los pasados días, a una inmigrante “que se baje la negra”, respaldándola algunas personas y rechazando la mayoría tal actitud xenófoba. Han sido muchas las ONG y algunos partidos de izquierda quienes más se han movilizado en concentraciones y caravanas en favor de una acogida digna y respeto a las personas migrantes, conscientes de que la mayoría ha sido obligada a huir de sus países por la pobreza, buscando recursos para vivir y ayudar a sus familiares. Incluso tales colectivos ofrecieron apoyo y solidaridad efectiva cuando policías nacionales y la alcaldesa sacaron el 17 de noviembre a 225 inmigrantes de Arguineguín y lo dejaron tirados en una plaza frente de la Delegación del Gobierno en Canarias, resolviéndose en la misma noche su derivación a establecimientos hoteleros tras el escándalo de la medida.

El eco de Lampedusa

“Ni muros, ni vallas, ¡abran fronteras!, Ninguna persona es ilegal, Derechos para todxs, No a la Europa Fortaleza y Papeles para todxs” han sido las proclamas de la “Red Canaria por los Derechos de las personas Migrantes”, en la que también participa la “Red Migrantes con Derechos”, en las que hay 24 entidades católicas. Entre otras reivindicaciones piden ayuda al desarrollo de los países africanos, libertad de circulación, rutas legales y seguras, fin a los negocios de las guerras y las fronteras, fin de las “devoluciones en caliente” y los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Además, los dos obispos del Archipiélago hicieron pública, el 12 de noviembre, coincidiendo con la Jornada Mundial de los Pobres, una Carta Pastoral Escuchar el eco de Lampedusa en las Islas Canarias, “con algunas reflexiones que nos ayuden a tomar conciencia de la situación de pobreza y vulnerabilidad que viven estas personas y, especialmente, a ponernos mano a la obra para que nadie se sienta marginado o despreciado, sino que todos experimenten la acogida, la atención y el respeto que como personas humanas se merecen”. Tras esa carta conjunta de los prelados canarios, hecho que no se producía desde hace 20 años, hizo lo propio también la Conferencia Episcopal Española.

Asimismo, por señalar otro gesto de atención y solidaridad entre los múltiples que ha habido, el capellán del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), el hoacista Antonio Viera, estuvo acompañado con el nuevo prelado canariense, José Mazuelos, en una visita al CIE de Gran Canaria, aunque no pudieron entrar en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Barranco Seco por no autorizarlo uno de los ministerios del Gobierno de España.

Precisamente este viernes por la tarde, Día Internacional del Migrante, la red canaria “Por los Derechos de las Personas Migrantes” realiza una marcha por la capital grancanaria partiendo de la sede del Frontex, pasando por el CIE Barranco Seco, cerca de donde hay situado carpas con migrantes, para concluir en la plaza de la Feria, frente a la Delegación del Gobierno en Canarias. Los colectivos echan en falta más transparencia en todo lo relacionado con los migrantes y sus deportaciones o derivaciones. Y exigen la derogación de la Ley de Extranjería y la realización de políticas más integradoras y solidarias.